El primer conseller de Medi Ambient del Pacte de Progrés salido de las urnas en las elecciones autonómicas del 2007, el 'unionista' Miguel Angel Grimalt, dispuso, nada más asumir el cargo, que la Conselleria d'Economia i Hisenda alquilara a la hermana del recién nombrado diputado de UM en el Parlament Josep Melià Qués un local en la Avda. Gabriel Alomar y Villalonga nº 33 para ubicar parte de su departamento.
El alquiler se formalizó para que fuera efectivo desde el 15 de agosto de 2007 hasta el 15 de octubre de 2011 y por la cantidad de 72.000€. También se dispuso que a su finalización fuera prorrogado por otros cuatro años más. A pesar de ello, y sin que se hubiese publicado rectificación alguna tanto en el tiempo como en la cantidad a abonar, el secretario general de la Conselleria d'Economia, Fernando Toll-Messia Gil, autorizó el 27 de octubre de 2009 una prórroga del contrato desde el 16 de ese mismo mes hasta el 15 de octubre de 2011 por 37.620€, cuando ese periodo ya estaba incluido en el primer contrato. Si el primer contrato lo fue por cuatro años, no se entiende porqué a los dos años se dispuso una prórroga.
El pasado 24 de mayo Fernando Toll-Messia hizo pública la resolución anticipada desde el 30 de abril del contrato de arrendamiento del inmueble de Maria Teresa Melià Qués. La conclusión del contrato de arrendamiento está motivada por el traslado al polígono de Son Rossinyol de las dependencias de la Conselleria de Medi Ambient. El alquiler de esta nueva sede ha sido objeto de enfrentamiento político entre el Partido Popular y el Govern debido al elevado precio del arrendamiento, a criterio del partido conservador. De hecho, acusaciones de malversación de fondos públicos han obligado al conseller de Economia, Carles Manera, a enviar a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación para que sea el ministerio público el que decida sobre la legalidad de la operación.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
jueves, 10 de junio de 2010
El Ib-Salut siguió adjudicando contratos a Atos Origin después de fichar como subdirector a un ingeniero de esta informática
El secretario general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Clavero, no tuvo inconveniente en adjudicar en mayo del pasado año la consultoría técnica para los sistemas de información del Hospital de Son Espases a la empresa Atos Origin a pesar de que el propio Ib-Salut había fichado a un ingeniero técnico de esa empresa de servicios informáticos para ocupar el cargo de subdirector de la Oficina de Tecnología, Información y Comunicaciones (OTIC) de la Conselleria de Sanitat. En junio del 2009 Luis Fernando Manzanero acudió a las XVI Jornadas de Informática Sanitaria en Andalucia como subdirector de la OTIC. Ha sido imposible determinar -por no aparecer reflejado en el Boib- en qué fecha se incorporó Manzanero al Ib-Salut. Lo que es seguro es que fue con anterioridad a su viaje a Andalucía.
Luis Fernando Manzanero, ingeniero técnico, trabajaba en informática de sistemas para la empresa Atos Origin cuando esta entidad, o una sociedad participada por ella -SM2 Baleares- eran contratada por diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma para el suministro de herramientas de software.
Después del fichaje de Manzanero el Ib-Salut siguió adjudicando contratas de servicios a Atos y a SM2 por cientos de miles de euros.
En agosto de 2009 Clavero dió a SM2 por 254.589€ el suministro e instalación de una licencia de software. En enero de este año la empresa que preside el ex conseller de Economia Alejandro Forcades participó en la UTE para el suministro, por 493.989€, de herramientas de software para la gestión de servicios de la concesionaria del hospital de Son Espases. En mayo del 2009 Clavero, como ya se ha indicado, adjudicó a Atos por 191.800€ una consultoría técnica para los sistemas de información del citado hospital; asunto del que debía estar informado Manzanero desde su cargo de subdirector de la OTIC.
Luis Fernando Manzanero, ingeniero técnico, trabajaba en informática de sistemas para la empresa Atos Origin cuando esta entidad, o una sociedad participada por ella -SM2 Baleares- eran contratada por diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma para el suministro de herramientas de software.
Después del fichaje de Manzanero el Ib-Salut siguió adjudicando contratas de servicios a Atos y a SM2 por cientos de miles de euros.
En agosto de 2009 Clavero dió a SM2 por 254.589€ el suministro e instalación de una licencia de software. En enero de este año la empresa que preside el ex conseller de Economia Alejandro Forcades participó en la UTE para el suministro, por 493.989€, de herramientas de software para la gestión de servicios de la concesionaria del hospital de Son Espases. En mayo del 2009 Clavero, como ya se ha indicado, adjudicó a Atos por 191.800€ una consultoría técnica para los sistemas de información del citado hospital; asunto del que debía estar informado Manzanero desde su cargo de subdirector de la OTIC.
martes, 8 de junio de 2010
Dos empresas relacionadas con Forcades obtienen millones en contratos con el Govern mientras él pide recortes en el gasto
El ex conseller de Economia, presidente del Cercle d'Economia y portavoz de la Plataforma contra la corrupción, Alejandro Forcades, ha obtenido para la empresa de la que es presidente, SM2 Baleares, contratos con la administración autonómica que superan el millón y medio de euros. Y otra empresa relacionada con ella, otro montante similar.
Mientras el mentor político de Jaume Matas y uno de los personajes que le auparon a la presidencia del Govern en sustitución de Cristòfol Soler pide la eliminación de empresas públicas, del Consell de Mallorca y el recorte drástico en el gasto público, SM2 y su accionista Atos Origin han obtenido numerosas adjudicaciones para la prestación de servicios informáticos tanto con el anterior gobierno de Matas como con el actual de Francesc Antich.
A pesar de dedicarse a idénticas consultorías técnicas en el sector de los servicios informáticos, el gobierno de Antich ha venido regando a ambas empresas con contratos de cientos de miles de euros sin que se sepa muy bien porqué en unas ocasiones se adjudica a SM2 y en otras a Atos Origin, siendo como son sociedades interrelacionadas.
SM2 está participada, además de por Forcades y Atos Origin, por la Caja de Ahorros Sa Nostra, cuya presidencia ostentó durante años su hermano Juan.
El ex conseller de Economia de Gabriel Cañellas y militante del Partido Popular se ha mostrado crítico por la oposición de su partido a la política de Antich en relación a la financiación autonómica. Esta supuesta contradicción y la independencia de criterio que le brinda el Cercle d'Economia le han permitido mantener unas muy buenas relaciones con el actual inquilino del Consolat de la Mar.
El político que mas adjudicaciones ha firmado a favor de las empresas vinculadas a Forcades es el secretario general del Servei de Salut, Javier Clavero, quien ha otorgado consultorías tanto a Atos Origin como a SM2 por un montante aproximado a los dos millones de euros. También es crierto que el ex director gerente del Ib-Salut, Sergio Beltrán, le concedió a Atos Origin en diciembre de 2005, cuando Forcades ya presidía SM2, el análisis, diseño, desarrollo e implantación de la información corporativa para el Servei de Salut por 1.323.733€.
Sin embargo, llama la atención que el departamento del que fue conseller adjudicase a su empresa en enero y diciembre de 2008 la mejora y perfeccionamiento, en ambos casos, del sistema de gestión informática de la Dirección General de Tributos por 370.000€, aproximadamente. A pesar de que ya no le afecta la ley de incompatibilidades, las prácticas de ejemplaridad en la función pública que preconiza pasan por la eliminación de cualquier sospecha de favoritismos en las contrataciones de la Administración.
Mientras el mentor político de Jaume Matas y uno de los personajes que le auparon a la presidencia del Govern en sustitución de Cristòfol Soler pide la eliminación de empresas públicas, del Consell de Mallorca y el recorte drástico en el gasto público, SM2 y su accionista Atos Origin han obtenido numerosas adjudicaciones para la prestación de servicios informáticos tanto con el anterior gobierno de Matas como con el actual de Francesc Antich.
A pesar de dedicarse a idénticas consultorías técnicas en el sector de los servicios informáticos, el gobierno de Antich ha venido regando a ambas empresas con contratos de cientos de miles de euros sin que se sepa muy bien porqué en unas ocasiones se adjudica a SM2 y en otras a Atos Origin, siendo como son sociedades interrelacionadas.
SM2 está participada, además de por Forcades y Atos Origin, por la Caja de Ahorros Sa Nostra, cuya presidencia ostentó durante años su hermano Juan.
El ex conseller de Economia de Gabriel Cañellas y militante del Partido Popular se ha mostrado crítico por la oposición de su partido a la política de Antich en relación a la financiación autonómica. Esta supuesta contradicción y la independencia de criterio que le brinda el Cercle d'Economia le han permitido mantener unas muy buenas relaciones con el actual inquilino del Consolat de la Mar.
El político que mas adjudicaciones ha firmado a favor de las empresas vinculadas a Forcades es el secretario general del Servei de Salut, Javier Clavero, quien ha otorgado consultorías tanto a Atos Origin como a SM2 por un montante aproximado a los dos millones de euros. También es crierto que el ex director gerente del Ib-Salut, Sergio Beltrán, le concedió a Atos Origin en diciembre de 2005, cuando Forcades ya presidía SM2, el análisis, diseño, desarrollo e implantación de la información corporativa para el Servei de Salut por 1.323.733€.
Sin embargo, llama la atención que el departamento del que fue conseller adjudicase a su empresa en enero y diciembre de 2008 la mejora y perfeccionamiento, en ambos casos, del sistema de gestión informática de la Dirección General de Tributos por 370.000€, aproximadamente. A pesar de que ya no le afecta la ley de incompatibilidades, las prácticas de ejemplaridad en la función pública que preconiza pasan por la eliminación de cualquier sospecha de favoritismos en las contrataciones de la Administración.
lunes, 7 de junio de 2010
Bon Sosec pasa a manos de Alejandro Feliu a pesar de que la Fiscalía le pide 5 años de prisión por la "Operación Relámpago"
El abogado y hasta la fecha consejero delegado de Bon Sosec "Jardins de Repòs" Alejandro Feliu ha asumido el cargo de administrador único de la empresa promotora del cementerio privado de Marratxí a pesar de que sobre él pesa una imputación por delito fiscal y la petición del ministerio público de cinco años y 10 meses de prisión. La Fiscalía le considera autor de un presunto delito de colaboración para la defraudación de impuestos en una operación de compraventa de un amarre en Puerto Portals.
Esta situación es, al parecer, coyuntural, y está provocada por la decisión de su hermano Juan de dejar la presidencia de Bon Sosec antes de que la empresa Funespaña se haga con el control del cementerio de Marratxí. En julio del pasado año, el grupo Funespaña, del que participa la aseguradora Mapfre, acordó con Juan Feliu un contrato de promesa firme de compraventa de activos por un valor que ronda los 3,5 millones de euros. La operación ha de concluir el próximo día 30 de este mes de junio.
Según explica la entidad multiprovincial, desde la suscripción del contrato y hasta la definitiva formalización de la operación, Funespaña, S.A. "asume la administración y gestión de los activos procediendo a desarrollar la actividad funeraria afecta a los mismos, asumiendo los ingresos y gastos derivados de la misma, así como la plantilla afecta a dicha actividad". Es por ello que no se explica por qué Alejandro Feliu ha tenido que hacerse con el control de la sociedad, con el cargo de administrador único, si tal y como asegura Funespaña la administración recae en ellos. Cabe la posibilidad de que, como ya se ha apuntado, la salida de Juan Feliu haya forzado a su hermano a tomar las riendas hasta que concluya el traspaso a Funespaña.
Juan Feliu adquirió Bon Sosec en 2005 a la Banca March y a la sociedad CIMSA. La compra se realizó a través de dos entidades con sede en Panamá: Lazy Developments Inc. y Pretoria Financial S.A. Funespaña tiene intención de adquirir el paquete de Sa Nostra y el del Banco de Santander para controlar el 100% de Jardins de Repòs.
Esta situación es, al parecer, coyuntural, y está provocada por la decisión de su hermano Juan de dejar la presidencia de Bon Sosec antes de que la empresa Funespaña se haga con el control del cementerio de Marratxí. En julio del pasado año, el grupo Funespaña, del que participa la aseguradora Mapfre, acordó con Juan Feliu un contrato de promesa firme de compraventa de activos por un valor que ronda los 3,5 millones de euros. La operación ha de concluir el próximo día 30 de este mes de junio.
Según explica la entidad multiprovincial, desde la suscripción del contrato y hasta la definitiva formalización de la operación, Funespaña, S.A. "asume la administración y gestión de los activos procediendo a desarrollar la actividad funeraria afecta a los mismos, asumiendo los ingresos y gastos derivados de la misma, así como la plantilla afecta a dicha actividad". Es por ello que no se explica por qué Alejandro Feliu ha tenido que hacerse con el control de la sociedad, con el cargo de administrador único, si tal y como asegura Funespaña la administración recae en ellos. Cabe la posibilidad de que, como ya se ha apuntado, la salida de Juan Feliu haya forzado a su hermano a tomar las riendas hasta que concluya el traspaso a Funespaña.
Juan Feliu adquirió Bon Sosec en 2005 a la Banca March y a la sociedad CIMSA. La compra se realizó a través de dos entidades con sede en Panamá: Lazy Developments Inc. y Pretoria Financial S.A. Funespaña tiene intención de adquirir el paquete de Sa Nostra y el del Banco de Santander para controlar el 100% de Jardins de Repòs.
miércoles, 2 de junio de 2010
La Policlínica Miramar pasa a estar controlada por una sociedad de capital riesgo que hace 3 años vendió USP a la inglesa Cinven
La Policlínica Miramar ha pasado a estar controlada por una sociedad de capital riesgo, Mercapital, que en 2007 vendió su participación mayoritaria en otra sociedad de gestión hospitalaria como es USP.
Según se supo ayer, el empresario hotelero Francisco Miralles Fornés, actual titular del accionariado de la sociedad gestora de la Policlínica, ha culminado las gestiones para la incorporación del centro sanitario mallorquín en el Grupo Recoletas.
Este grupo castellano-leonés está participado mayoritariamente por Mercapital a través del control de la sociedad Alameda del Jucar S.A., entidad matriz del Grupo Recoletas. La incursión de la sociedad de capital riesgo en la empresa castellana se realizó hace un año, en mayo de 2009, dos años después de que Mercapital vendiera a la sociedad británica Cinven el 70% de USP Hospitales.
La operativa fue la siguiente: En julio de 2004 Mercapital adquiere el 65% de USP por 271 millones de euros. Dos años después, el paquete ascendió al 80%. Tres años después de su entrada, y tras ampliar los centros USP de ocho a trece, incluyendo la incorporación de la Clínica Planas, la sociedad de capital riesgo vendió su paquete a Cinven por 675 millones de euros, obteniendo por ello una plusvalía de 404 millones de euros.
Con este antecedente es previsible que Mercapital entre en el Grupo Recoletas para, después de aumentarlo o sobredimensionarlo, venderlo para recoger beneficios.
Según se supo ayer, el empresario hotelero Francisco Miralles Fornés, actual titular del accionariado de la sociedad gestora de la Policlínica, ha culminado las gestiones para la incorporación del centro sanitario mallorquín en el Grupo Recoletas.
Este grupo castellano-leonés está participado mayoritariamente por Mercapital a través del control de la sociedad Alameda del Jucar S.A., entidad matriz del Grupo Recoletas. La incursión de la sociedad de capital riesgo en la empresa castellana se realizó hace un año, en mayo de 2009, dos años después de que Mercapital vendiera a la sociedad británica Cinven el 70% de USP Hospitales.
La operativa fue la siguiente: En julio de 2004 Mercapital adquiere el 65% de USP por 271 millones de euros. Dos años después, el paquete ascendió al 80%. Tres años después de su entrada, y tras ampliar los centros USP de ocho a trece, incluyendo la incorporación de la Clínica Planas, la sociedad de capital riesgo vendió su paquete a Cinven por 675 millones de euros, obteniendo por ello una plusvalía de 404 millones de euros.
Con este antecedente es previsible que Mercapital entre en el Grupo Recoletas para, después de aumentarlo o sobredimensionarlo, venderlo para recoger beneficios.
Cort recurre a las multas de tráfico para incrementar sus ingresos desestimando los recursos que se le presentan
El Ayuntamiento de Palma ha optado por la política de desestimar por norma los recursos a las multas de tráfico como instrumento recaudatorio para paliar el déficit de su presupuesto. Al desestimar el recurso que el ciudadano presenta por no estar conforme con la sanción impuesta obliga a éste a acudir a la vía de Lo Contencioso para ejercer sus derechos. La complejidad y el coste de este recurso judicial echa para atrás cualquier iniciativa en ese sentido y fuerza al conductor sancionado a tener que abonar la multa sin poder acogerse, por haber recurrido, a la reducción.
El regidor del Àrea de Mobilidad y Seguidad Ciudadana se limita a decretar la desestimación del recurso en base a que "las actuaciones practicadas -sin especificar cuáles- en el expediente permiten considerar probados los hechos denunciados que motivaron la incoación, ya que el artículo 76 de la Ley de Tránsito dispone que la denuncia por parte del agente encargado de la vigilancia del tránsito, ratificada por él mismo, da fe de los hechos denunciados porque no se ha aportado ninguna prueba válida en sentido contrario".
Del contenido del decreto se desprende que el ciudadano nunca tiene razón cuando recurre en oposición a los hechos descritos en una denuncia. Y da veracidad al relato propuesto por el agente, aunque éste sea contrario a la realidad de los hechos y no se tenga en cuenta circunstancias atenuantes ni eximentes.
Con esta política no sólo se genera indefensión sino que se le otorga al agente un poder sancionador que, aunque esté amparado por ley, puede ocasionar clamorosas injusticias. Mientras que al conductor se le requiere que facilite prueba en sentido contrario a lo manifiestado por el agente, a éste sólo se le pide que se ratifique en la denuncia. Es su palabra contra la del ciudadano.
El regidor del Àrea de Mobilidad y Seguidad Ciudadana se limita a decretar la desestimación del recurso en base a que "las actuaciones practicadas -sin especificar cuáles- en el expediente permiten considerar probados los hechos denunciados que motivaron la incoación, ya que el artículo 76 de la Ley de Tránsito dispone que la denuncia por parte del agente encargado de la vigilancia del tránsito, ratificada por él mismo, da fe de los hechos denunciados porque no se ha aportado ninguna prueba válida en sentido contrario".
Del contenido del decreto se desprende que el ciudadano nunca tiene razón cuando recurre en oposición a los hechos descritos en una denuncia. Y da veracidad al relato propuesto por el agente, aunque éste sea contrario a la realidad de los hechos y no se tenga en cuenta circunstancias atenuantes ni eximentes.
Con esta política no sólo se genera indefensión sino que se le otorga al agente un poder sancionador que, aunque esté amparado por ley, puede ocasionar clamorosas injusticias. Mientras que al conductor se le requiere que facilite prueba en sentido contrario a lo manifiestado por el agente, a éste sólo se le pide que se ratifique en la denuncia. Es su palabra contra la del ciudadano.
lunes, 31 de mayo de 2010
El Ayuntamiento contrató una letrada para paliar perjuicios económicos del Caso Andratx y ya ha perdido más de 80.000€
El 27 de julio de 2007 el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Andratx, presidido por el socialista Francesc Femenias, aprobó por unanimidad la designación de la abogada Isabel Fluxa para llevar la acusación particular en las diligencias previas que el juzgado de Instrucción nº 12 había abierto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto escándalo de corrupción masiva. La tesis de los fiscales pretendía demostrar que el tráfico de influencias, la información privilegiada y la concesión arbitraria de licencias urbanísticas previo pago de comisiones habían cohabitado en el Consistorio de Andratx durante el periodo en el que Eugenio Hidalgo presidió la Corporación, tanto en coalición con PSOE y UM como incorporado a las filas del PP.
Los nuevos responsables municipales (PSOE-PSM-UM) salidos de las urnas quisieron hacer valer los "legítimos derechos de los vecinos de Andratx" y velar por la defensa de los intereses del municipio frente a posibles perjuicios económicos que la gestión de Hidalgo hubiera podido causar.
De la instrucción del sumario la Fiscalía no halló indicio alguno de que faltara un solo céntimo de las arcas municipales, el arqueo cuadró en todos los ejercicios. Tampoco hubo despatrimonialización de bienes municipales y, por el contrario, se adquirieron terrenos e inmuebles para la ejecución de proyectos socioculturales. ¿Dónde está entonces el perjuicio económico que busca Fluxa y que pretenden encontrar los gestores muncipales? Entonces, ¿qué sentido tiene la acusación particular del Ayuntamiento?
Casi cuatro años después de la apertura de deligencias el caso Andratx, ese supuesto mercadeo de licencias urbanísticas a imagen y semejanza del practicado en Marbella, según se dijo entonces, no sólo se ha desinflado sino que, por el momento, se limita al delito de reformar, ampliar y convertir una caseta de aperos en una casa de fin de semana.
Lo que resulta paradójico es que la letrada Isabel Fluxa, además de no haber conseguido ingresar un euro en las arcas municipales, lleva perjudicando económicamente al Ayuntamiento de Andratx en más de 80.000 euros que es la cantidad que se le ha abonado en concepto de minutas por sus honorarios. En resumidas cuentas, que la gestión profesional de Fluxa, consistente en pedir penas de prisión para Hidalgo y el resto de imputados, es de suponer que beneficia a unos vecinos de Andratx que lo único que han hecho es pagar con sus impuestos a la letrada.
A sumar a estos honorarios los que se derivan de la condena a costas que se imponga en los casos ya juzgados y los que faltan por juzgar.
Los nuevos responsables municipales (PSOE-PSM-UM) salidos de las urnas quisieron hacer valer los "legítimos derechos de los vecinos de Andratx" y velar por la defensa de los intereses del municipio frente a posibles perjuicios económicos que la gestión de Hidalgo hubiera podido causar.
De la instrucción del sumario la Fiscalía no halló indicio alguno de que faltara un solo céntimo de las arcas municipales, el arqueo cuadró en todos los ejercicios. Tampoco hubo despatrimonialización de bienes municipales y, por el contrario, se adquirieron terrenos e inmuebles para la ejecución de proyectos socioculturales. ¿Dónde está entonces el perjuicio económico que busca Fluxa y que pretenden encontrar los gestores muncipales? Entonces, ¿qué sentido tiene la acusación particular del Ayuntamiento?
Casi cuatro años después de la apertura de deligencias el caso Andratx, ese supuesto mercadeo de licencias urbanísticas a imagen y semejanza del practicado en Marbella, según se dijo entonces, no sólo se ha desinflado sino que, por el momento, se limita al delito de reformar, ampliar y convertir una caseta de aperos en una casa de fin de semana.
Lo que resulta paradójico es que la letrada Isabel Fluxa, además de no haber conseguido ingresar un euro en las arcas municipales, lleva perjudicando económicamente al Ayuntamiento de Andratx en más de 80.000 euros que es la cantidad que se le ha abonado en concepto de minutas por sus honorarios. En resumidas cuentas, que la gestión profesional de Fluxa, consistente en pedir penas de prisión para Hidalgo y el resto de imputados, es de suponer que beneficia a unos vecinos de Andratx que lo único que han hecho es pagar con sus impuestos a la letrada.
A sumar a estos honorarios los que se derivan de la condena a costas que se imponga en los casos ya juzgados y los que faltan por juzgar.
jueves, 27 de mayo de 2010
El abogado de Hidalgo testificará ante el juez que el Fiscal fue informado de la intención del ex alcalde de vender unos pisos
El abogado de Eugenio Hidalgo, Juan Manuel Arroyo, testificará el próximo 5 de julio que el fiscal del caso Andratx fue informado por él de la pretensión del ex alcalde de Andratx de vender algunas de las propiedades inmobiliarias a nombre de su empresa Automóviles Eucar. Según el testimonio que aportará Arroyo, obligado a decir la verdad por estar citado en calidad de testigo, de la venta de los pisos tuvo conocimiento la Fiscalía Anticorrupción y no se opuso en ningún momento. Por su condición de testigo en el juicio de la pieza nº 74 del caso Andratx el abogado que había de representar a Hidalgo era Manuel Murillo, quien por motivos de salud no pudo asistir el pasado martes a la vista y obligó al juez de lo Penal a posponerla para el mes de julio.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Andratx acusan a Hidalgo de vender sin autorización judicial algunas propiedades a pesar de que sobre sus bienes existen medidas cautelares por posibles responsabilidades civiles. Es por ello que se le imputan un delito de alzamiento de bienes y otro de quebrantamiento de las citadas medidas.
De las 74 piezas en las que se compone el puzzle del caso Andratx cerca de cuarenta ya han sido sobreseidas por no hallarse delito alguno, según fuentes próximas a la causa. Por el momento, el que fue tildado en su día como el mayor escándalo de corrupción de Baleares se ha substanciado con una pena de cárcel para Hidalgo por un delito contra la ordenación del territorio por la ampliación y reforma de una casa de aperos.
Al parecer, existe un informe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Guardia Civil en el que se detalla que todo el patrimonio del ex alcalde de Andratx está justificado y documentado. De ello se desprende que Hidaldo, según las mismas fuentes, no se enriqueció durante el ejercicio de su cargo público.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Andratx acusan a Hidalgo de vender sin autorización judicial algunas propiedades a pesar de que sobre sus bienes existen medidas cautelares por posibles responsabilidades civiles. Es por ello que se le imputan un delito de alzamiento de bienes y otro de quebrantamiento de las citadas medidas.
De las 74 piezas en las que se compone el puzzle del caso Andratx cerca de cuarenta ya han sido sobreseidas por no hallarse delito alguno, según fuentes próximas a la causa. Por el momento, el que fue tildado en su día como el mayor escándalo de corrupción de Baleares se ha substanciado con una pena de cárcel para Hidalgo por un delito contra la ordenación del territorio por la ampliación y reforma de una casa de aperos.
Al parecer, existe un informe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Guardia Civil en el que se detalla que todo el patrimonio del ex alcalde de Andratx está justificado y documentado. De ello se desprende que Hidaldo, según las mismas fuentes, no se enriqueció durante el ejercicio de su cargo público.
martes, 25 de mayo de 2010
El Govern declara por segunda vez la plaga del Picudo Rojo en Mallorca tras comprobar que sigue expandiéndose sin control
La consellera de Agricultura y Pesca del Govern, Mercè Amer, ha vuelto a declarar oficialmente el pasado día 12 la existencia de la plaga de Rhynchophorus ferrugineus, más conocido como Picudo Rojo, en las islas de Mallorca e Ibiza. Esta declaración se produce cinco años después de que los profesionales del sector de jardinería y poda de palmeras advirtieran de la existencia en Mallorca de este insecto que infecta, sobretodo, a la palmera canaria provocando su muerte y dos años y medio transcurridos desde que Amer la reconociera por primera vez en diciembre de 2007.
En noviembre de 2006 se declaró oficalmente la existencia de tres focos de insectos y se establecieron medidas para controlar su difusión. Éstas han resultado infructuosas a tenor de la propagación por el resto de la isla y el reconocimiento ya de que las palmeras de toda la isla corren el peligro de ser atacadas por el Picudo Rojo. Sin embargo, fueron los profesionales en jardinería y poda de palmeras los que advirtieron de su presencia un año antes.
La consellera ha resuelto ahora consolidar unas medidas de protección y vigilancia para la isla de Menorca y requerir la "lucha obligatoria" con los medios mas eficaces de control, así como establecer las medidas obligatorias de prevención y lucha. Se establecen anillos de seguridad de uno y cinco kilómetros de radio alrededor de la palmera afectada y se obliga a la ejecución del tratamiento necesario para su eliminación. Los costes de estos trabajos corren a cargo del propietario de la palmera a pesar de que el Govern, en los últimos cuatro años, no ha actuado con diligencia para combatir al Picudo.
De hecho, el Govern establece unas medidas fitosanitarias obligatorias a productores, comerciantes, propietarios particulares y corporaciones locales consistentes en vigilar su presencia en las palmeras y comunicar su detección.
El Ayuntamiento de Palma ya ha agotado el presupuesto de que disponía para realizar gratuitamente el saneamiento mecánico de las palmeras afectadas si se notificaba la presencia del insecto antes del 1 de abril. Mientras tanto, la plaga continúa extendiéndose en zonas como la de Cala Major, en Palma, donde la presencia del Picudo está matando a decenas de palmeras. Si se ha detectado con posterioridad a esa fecha han de ser los particulares los que corran con el coste de la poda, eliminación de residuos y su tratamiento fitosanitario, generándose un agravio comparativo con consecuencias económicas muy importantes. "Cuando se declara una plaga han de ser las autoridades las que corran con los gastos que genera su combate ya que, por irresponsabilidad, han permitido que se propague", comentan algunos de los afectados.
En noviembre de 2006 se declaró oficalmente la existencia de tres focos de insectos y se establecieron medidas para controlar su difusión. Éstas han resultado infructuosas a tenor de la propagación por el resto de la isla y el reconocimiento ya de que las palmeras de toda la isla corren el peligro de ser atacadas por el Picudo Rojo. Sin embargo, fueron los profesionales en jardinería y poda de palmeras los que advirtieron de su presencia un año antes.
La consellera ha resuelto ahora consolidar unas medidas de protección y vigilancia para la isla de Menorca y requerir la "lucha obligatoria" con los medios mas eficaces de control, así como establecer las medidas obligatorias de prevención y lucha. Se establecen anillos de seguridad de uno y cinco kilómetros de radio alrededor de la palmera afectada y se obliga a la ejecución del tratamiento necesario para su eliminación. Los costes de estos trabajos corren a cargo del propietario de la palmera a pesar de que el Govern, en los últimos cuatro años, no ha actuado con diligencia para combatir al Picudo.
De hecho, el Govern establece unas medidas fitosanitarias obligatorias a productores, comerciantes, propietarios particulares y corporaciones locales consistentes en vigilar su presencia en las palmeras y comunicar su detección.
El Ayuntamiento de Palma ya ha agotado el presupuesto de que disponía para realizar gratuitamente el saneamiento mecánico de las palmeras afectadas si se notificaba la presencia del insecto antes del 1 de abril. Mientras tanto, la plaga continúa extendiéndose en zonas como la de Cala Major, en Palma, donde la presencia del Picudo está matando a decenas de palmeras. Si se ha detectado con posterioridad a esa fecha han de ser los particulares los que corran con el coste de la poda, eliminación de residuos y su tratamiento fitosanitario, generándose un agravio comparativo con consecuencias económicas muy importantes. "Cuando se declara una plaga han de ser las autoridades las que corran con los gastos que genera su combate ya que, por irresponsabilidad, han permitido que se propague", comentan algunos de los afectados.
lunes, 24 de mayo de 2010
PSOE y UM nombran a políticos de 'segundo nivel' para el Consejo de Radio Televisión de Mallorca
Tanto el PSOE como Unión Mallorquina han sustituido a un representante por partido en el Consejo de la Radio Televisión de Mallorca por políticos de 'segundo nivel'. A Francesc Buils Huguet (UM), ex conseller de Turisme, y a Bartomeu Aguilar Jofre (PSOE), director Insular de Relaciones Ciudadanas, les sustituyen la miembro de la Ejecutiva de UM y ex defensora de los usuarios del sistema público sanitario de Baleares, María José Rodríguez Vázquez, y la ex secretaria segunda del Grupo Socialista en el Consell, Silvana González San Martín, respectivamente.
Buils ha permanecido en el Consejo del ente público de radiotelevisión de Mallorca dos meses y medio ya que fue nombrado para el cargo a primeros de marzo, una semana antes de ser detenido en el marco de la operación Voltor.
En el caso de Aguilar, la presidenta del Consell tiene para él encomendadas otras tareas de mayor rango político, máxime si se tiene la referencia temporal de que a un año de las elecciones autonómicas y municipales las encuestas de tendencia de votos no son muy favorables al PSIB-PSOE, y el trabajo de campo para recortar la ventaja que saca por ahora el Partido Popular se antoja fundamental. El hecho de que Aguilar dirija un departamento tan próximo a los electores como es el de Relaciones Ciudadanas podría haber sido la justificación a su salida de la televisión insular y su dedicación exclusiva a su principal responsabilidad.
Hay que tener en cuenta que, además, tanto el PP como los actuales responsables de UM son bastante críticos con el gasto que supone para las arcas del Consell mantener una televisión que no ha sido capaz de penetrar en los televidentes insulares con una cuota de pantalla que justificase su permanencia. Ambos partidos han puesto en entredicho la dirección partidista de la periodista Marisa Goñi y no han ocultado su interés por potenciar una única televisión y que ésta sea de ámbito autonómico.
Buils ha permanecido en el Consejo del ente público de radiotelevisión de Mallorca dos meses y medio ya que fue nombrado para el cargo a primeros de marzo, una semana antes de ser detenido en el marco de la operación Voltor.
En el caso de Aguilar, la presidenta del Consell tiene para él encomendadas otras tareas de mayor rango político, máxime si se tiene la referencia temporal de que a un año de las elecciones autonómicas y municipales las encuestas de tendencia de votos no son muy favorables al PSIB-PSOE, y el trabajo de campo para recortar la ventaja que saca por ahora el Partido Popular se antoja fundamental. El hecho de que Aguilar dirija un departamento tan próximo a los electores como es el de Relaciones Ciudadanas podría haber sido la justificación a su salida de la televisión insular y su dedicación exclusiva a su principal responsabilidad.
Hay que tener en cuenta que, además, tanto el PP como los actuales responsables de UM son bastante críticos con el gasto que supone para las arcas del Consell mantener una televisión que no ha sido capaz de penetrar en los televidentes insulares con una cuota de pantalla que justificase su permanencia. Ambos partidos han puesto en entredicho la dirección partidista de la periodista Marisa Goñi y no han ocultado su interés por potenciar una única televisión y que ésta sea de ámbito autonómico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)