El recaudador de la CAIB refugia parte de sus beneficios en la sicav de las grandes fortunas

El recaudador de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de la gran mayoria de las administraciones locales insulares, Gabriel Alzamora Torres, invierte una parte de los beneficios de su cobranza en la sociedad de inversión de capitales variables Cartera Bellver, gestionada por la entidad March Gestión de Fondos. Como ya es sabido, las Sicav son entidades acogidas a la legislación prevista para las instituciones de inversión colectiva, que gozan de importantes ventajas fiscales: el 1% del impuesto de sociedades, frente al 35% del resto de entidades. Pero la gran ventaja de tener fondos en una sicav es su mera existencia, ya que los accionistas no deben pagar a Hacienda por la plusvalía de cada operación en bolsa, como si ocurre con el resto de inversores bursátiles. La razón es que no son ellos en particular los que realizan la operación, sino la sicav. El accionista de una sicav sólo tributa por el beneficio cuando vende sus títulos; hecho que a veces no ocurre porque se trasmiten en herencia.
Desde 1985 todos los presidentes del Govern -fue nombrado por Gabriel Cañellas con Alejandro Forcades como conseller de Economia i Hisenda-, incluido el propio Francesc Antich, han mantenido el monopolio de la recaudación de tributos en manos de Alzamora, llegando a darle como recompensa por la gestión de la recaudación en periodo ejecutivo la participación de la mitad de los recargos de apremio que hubiese obtenido. El implacable 'sheriff de Nottingham' mallorquín, que dispone de la capacidad para subastar bienes embargados por impago de obligaciones fiscales, tiene parte de sus ingresos provenientes de los impuestos de los ciudadanos protegidos de la voracidad del fisco en uno de los refugios de las grandes fortunas mallorquinas.
Para estas inversiones Alzamora utiliza la sociedad Rondaies, entidad que participa en el accionariado de Cartera Bellver Sicav desde 2005. Junto a él, Francisco Miralles Fornés, el actual dueño de la Policlínica Miramar y de la cadena THB; Antonio Fontanet Obrador, dueño del grupo alimentario Fontanet; los hermanos Rotger Rebassa, de Distribuidora Rotger, y el banquero Carlos March Delgado y entidades vinculadas a su familia, entre otros partícipes.
La sociedad Rondaies hizo público el último balance de cuentas en 2006, desde entonces no ha vuelto a facilitar un dato sobre sus beneficios. En aquel año obtuvo un resultado de 960.315€. Con estos ingresos Gabriel Alzamora se puede considerar una de las grandes fortunas de la isla, fruto de los impuestos de todos los ciudadanos.    

Los socialistas que son fichados como asesores del Govern sirven "para un roto y un descosido"

En diciembre de 2007, cinco meses después de que se constituyera el Govern del Pacte de Progrés, con el socialista Francesc Antich a la cabeza, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, nombró asesor al socialista formenterenc Victor Tur Ferrer con el epígrafe de personal eventual y la etiqueta de cargo de confianza. Porque, si un político necesita que alguien le asesore sobre las decisiones a adoptar, que éste sea de la máxima confianza.
El pasado 31 de mayo, Victor Tur fue cesado oficialmente de sus funciones -asesor-, pero a su vez removido a otra conselleria, la de Innovación, Interior y Justicia. La ex presidenta del Consell de Eivissa y Formentera y actual responsable de ese departamento sin competencias, Pilar Costa, lo ha llamado a su vera también como asesor técnico.
De 1983 a 1987 un Victor Tur Ferrer fue alcalde de Formentera. Y en 2000 ese Victor Tur Ferrer ocupó el puesto nº 5 de la lista del PSIB-PSOE al Congreso de los Diputados. Debió acumular muchos méritos dentro del partido ya que se situó dos puestos por delante de la entonces todopoderosa alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera.
Un Victor Tur Ferrer es administrador mancomunado de la empresa Distribuidora de Productes de la Terra, entidad que se dedica a la explotación de bares y cafeterías, así como a la de establecimientos hosteleros en la isla de Formentera.
El candidato Victor Tur Ferrer no obtuvo acta de diputado en el Congreso y hasta el 2007 poco o nada se supo de él. De su sueldo mensual como "asesor" se financia el partido que le contrata ya que todos los cargos políticos y de confianza están obligados a aportar un porcentaje a las arcas de la formación. De ahí se entiende que los partidos cuando están en el poder decoren los órganos que les toca a suerte gestionar con multitud de cargos de confianza con sueldos que nunca son inferiores a los 3.000€.
El caso de Victor Tur Ferrer es paradigmático: un político que tanto sirve para un roto como para un descosido con tal de que "asesore" echando mano de su bagaje profesional, intelectual o político

Antich mantiene con UM el reparto de cargos en el consejo de administración del Palacio de Congresos

El presidente del Govern, Francesc Antich, ha dispuesto que se mantenga el reparto de cargos y la cuota de Unión Mallorquina en el Consejo de Administración de la sociedad Palacio de Congresos de Palma a pesar de la expulsión de este partido en febrero del organigrama de la Comunidad Autónoma. En su constitución se acordó que la presidencia de Palacio de Congresos recayera en la alcaldesa de Palma y el puesto de vicepresidente lo ostentara el conseller de Turisme del Govern. El pasado 31 de mayo se registraron los cambios producidos en los últimos meses y en ellos se constató que Miquel Ferrer de Unión Mallorquina (UM), ex conseller de Turismo y ex alcalde de Alcudia, pasó a ocupar el cargo de vicepresidente en sustitución de otro ex conseller de Turismo del mismo partido, Miquel Nadal. El otro vicepresidente, cargo bicéfalo, es el también ex conseller de Turisme Francesc Buils, de UM.
A pesar de que Ferrer ya no ocupa sillón alguno en el Consell de Govern y que la Vicepresidencia del Palacio de Congresos debería recaer en la actual consellera de Turismo y Trabajo, la socialista Joana Barceló, el presidente Antich ha respetado el reparto diseñado en 2007 y ha autorizado que sea Ferrer quien ocupe esa plaza en lugar de Barceló. Este es un gesto más del presidente por tender puentes de unión con UM en un  momento como el actual en el que no disfruta de mayoría absoluta en el Parlament de les Illes Balears tras su ruptura con el partido regionalista por sus casos de presunta corrupción política.
En sintonía con esta actitud también se ha sutituido al consejero de UM Santiago Balaguer por su compañero de partido Carlos Javier del Salvador Canzobre. Ambos han ocupado el cargo de director general de Ordenación y Planificación Turística.

Grimalt alquiló un local a la hermana de Josep Melià un mes después de acceder a la Conselleria de Medi Ambient

El primer conseller de Medi Ambient del Pacte de Progrés salido de las urnas en las elecciones autonómicas del 2007, el 'unionista' Miguel Angel Grimalt, dispuso, nada más asumir el cargo, que la Conselleria d'Economia i Hisenda alquilara a la hermana del recién nombrado diputado de UM en el Parlament Josep Melià Qués un local en la Avda. Gabriel Alomar y Villalonga nº 33 para ubicar parte de su departamento.
El alquiler se formalizó para que fuera efectivo desde el 15 de agosto de 2007 hasta el 15 de octubre de 2011 y por la cantidad de 72.000€. También se dispuso que a su finalización fuera prorrogado por otros cuatro años más. A pesar de ello, y sin que se hubiese publicado rectificación alguna tanto en el tiempo como en la cantidad a abonar, el secretario general de la Conselleria d'Economia, Fernando Toll-Messia Gil, autorizó el 27 de octubre de 2009 una prórroga del contrato desde el 16 de ese mismo mes hasta el 15 de octubre de 2011 por 37.620€, cuando ese periodo ya estaba incluido en el primer contrato. Si el primer contrato lo fue por cuatro años, no se entiende porqué a los dos años se dispuso una prórroga.
El pasado 24 de mayo Fernando Toll-Messia hizo pública la resolución anticipada desde el 30 de abril del contrato de arrendamiento del inmueble de Maria Teresa Melià Qués. La conclusión del contrato de arrendamiento está motivada por el traslado al polígono de Son Rossinyol de las dependencias de la Conselleria de Medi Ambient. El alquiler de esta nueva sede ha sido objeto de enfrentamiento político entre el Partido Popular y el Govern debido al elevado precio del arrendamiento, a criterio del partido conservador. De hecho, acusaciones de malversación de fondos públicos han obligado al conseller de Economia, Carles Manera, a enviar a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación para que sea el ministerio público el que decida sobre la legalidad de la operación.

El Ib-Salut siguió adjudicando contratos a Atos Origin después de fichar como subdirector a un ingeniero de esta informática

El secretario general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Clavero, no tuvo inconveniente en  adjudicar en mayo del pasado año la consultoría técnica para los sistemas de información del Hospital de Son Espases a la empresa Atos Origin a pesar de que el propio Ib-Salut había fichado a un ingeniero técnico de esa empresa de servicios informáticos para ocupar el cargo de subdirector de la Oficina de Tecnología,  Información y Comunicaciones (OTIC) de la Conselleria de Sanitat. En junio del 2009 Luis Fernando Manzanero acudió a las XVI Jornadas de Informática Sanitaria en Andalucia como subdirector de la OTIC. Ha sido imposible determinar -por no aparecer reflejado en el Boib- en qué fecha se incorporó Manzanero al Ib-Salut. Lo que es seguro es que fue con anterioridad a su viaje a Andalucía.
Luis Fernando Manzanero, ingeniero técnico, trabajaba en informática de sistemas para la empresa Atos Origin cuando esta entidad, o una sociedad participada por ella -SM2 Baleares- eran contratada por diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma para el suministro de herramientas de software.
Después del fichaje de Manzanero el Ib-Salut siguió adjudicando contratas de servicios a Atos y a SM2 por cientos de miles de euros.
En agosto de 2009 Clavero dió a SM2 por 254.589€ el suministro e instalación de una licencia de software. En enero de este año la empresa que preside el ex conseller de Economia Alejandro Forcades participó en la UTE para el suministro, por 493.989€, de herramientas de software para la gestión de servicios de la concesionaria del hospital de Son Espases. En mayo del 2009 Clavero, como ya se ha indicado, adjudicó a Atos por 191.800€ una consultoría técnica para los sistemas de información del citado hospital; asunto del que debía estar informado Manzanero desde su cargo de subdirector de la OTIC.

Dos empresas relacionadas con Forcades obtienen millones en contratos con el Govern mientras él pide recortes en el gasto

El ex conseller de Economia, presidente del Cercle d'Economia y portavoz de la Plataforma contra la corrupción, Alejandro Forcades, ha obtenido para la empresa de la que es presidente, SM2 Baleares, contratos con la administración autonómica que superan el millón y medio de euros. Y otra empresa relacionada con ella, otro montante similar.
Mientras el mentor político de Jaume Matas y uno de los personajes que le auparon a la presidencia del Govern en sustitución de Cristòfol Soler pide la eliminación de empresas públicas, del Consell de Mallorca y el recorte drástico en el gasto público, SM2 y su accionista Atos Origin han obtenido numerosas adjudicaciones para la prestación de servicios informáticos tanto con el anterior gobierno de Matas como con el actual de Francesc Antich.
A pesar de dedicarse a idénticas consultorías técnicas en el sector de los servicios informáticos, el gobierno de Antich ha venido regando a ambas empresas con contratos de cientos de miles de euros sin que se sepa muy bien porqué en unas ocasiones se adjudica a SM2 y en otras a Atos Origin, siendo como son sociedades interrelacionadas.
SM2 está participada, además de por Forcades y Atos Origin, por la Caja de Ahorros Sa Nostra, cuya presidencia ostentó durante años su hermano Juan.
El ex conseller de Economia de Gabriel Cañellas y militante del Partido Popular se ha mostrado crítico por la oposición de su partido a la política de Antich en relación a la financiación autonómica. Esta supuesta contradicción y la independencia de criterio que le brinda el Cercle d'Economia le han permitido mantener unas muy buenas relaciones con el actual inquilino del Consolat de la Mar.
El político que mas adjudicaciones ha firmado a favor de las empresas vinculadas a Forcades es el secretario general del Servei de Salut, Javier Clavero, quien ha otorgado consultorías tanto a Atos Origin como a SM2 por un montante aproximado a los dos millones de euros. También es crierto que el ex director gerente del Ib-Salut, Sergio Beltrán, le concedió a Atos Origin en diciembre de 2005, cuando Forcades ya presidía SM2, el análisis, diseño, desarrollo e implantación de la información corporativa para el Servei de Salut por 1.323.733€.
Sin embargo, llama la atención que el departamento del que fue conseller adjudicase a su empresa en enero y diciembre de 2008 la mejora y perfeccionamiento, en ambos casos, del sistema de gestión informática de la Dirección General de Tributos por 370.000€, aproximadamente. A pesar de que ya no le afecta la ley de incompatibilidades, las prácticas de ejemplaridad en la función pública que preconiza pasan por la eliminación de cualquier sospecha de favoritismos en las contrataciones de la Administración.

Bon Sosec pasa a manos de Alejandro Feliu a pesar de que la Fiscalía le pide 5 años de prisión por la "Operación Relámpago"

El abogado y hasta la fecha consejero delegado de Bon Sosec "Jardins de Repòs" Alejandro Feliu ha asumido el cargo de administrador único de la empresa promotora del cementerio privado de Marratxí a pesar de que sobre él pesa una imputación por delito fiscal y la petición del ministerio público de cinco años y 10 meses de prisión. La Fiscalía le considera autor de un presunto delito de colaboración para la defraudación de impuestos en una operación de compraventa de un amarre en Puerto Portals.
Esta situación es, al parecer, coyuntural, y está provocada por la decisión de su hermano Juan de dejar la presidencia de Bon Sosec antes de que la empresa Funespaña se haga con el control del cementerio de Marratxí. En julio del pasado año, el grupo Funespaña, del que participa la aseguradora Mapfre, acordó con Juan Feliu un contrato de promesa firme de compraventa de activos por un valor que ronda los 3,5 millones de euros. La operación ha de concluir el próximo día 30 de este mes de junio.
Según explica la entidad multiprovincial, desde la suscripción del contrato y hasta la definitiva formalización de la operación, Funespaña, S.A. "asume la administración y gestión de los activos procediendo a desarrollar la actividad funeraria afecta a los mismos, asumiendo los ingresos y gastos derivados de la misma, así como la plantilla afecta a dicha actividad". Es por ello que no se explica por qué Alejandro Feliu ha tenido que hacerse con el control de la sociedad, con el cargo de administrador único, si tal y como asegura Funespaña la administración recae en ellos. Cabe la posibilidad de que, como ya se ha apuntado, la salida de Juan Feliu haya forzado a su hermano a tomar las riendas hasta que concluya el traspaso a Funespaña.
Juan Feliu adquirió Bon Sosec en 2005 a la Banca March y a la sociedad CIMSA. La compra se realizó a través de dos entidades con sede en Panamá: Lazy Developments Inc. y Pretoria Financial S.A.  Funespaña tiene intención de adquirir el paquete de Sa Nostra y el del Banco de Santander para controlar el 100% de Jardins de Repòs.

La Policlínica Miramar pasa a estar controlada por una sociedad de capital riesgo que hace 3 años vendió USP a la inglesa Cinven

La Policlínica Miramar ha pasado a estar controlada por una sociedad de capital riesgo, Mercapital, que en 2007 vendió su participación mayoritaria en otra sociedad de gestión hospitalaria como es USP.
Según se supo ayer, el empresario hotelero Francisco Miralles Fornés, actual titular del accionariado de la sociedad gestora de la Policlínica, ha culminado las gestiones para la incorporación del centro sanitario mallorquín en el Grupo Recoletas.
Este grupo castellano-leonés está participado mayoritariamente por Mercapital a través del control de la sociedad Alameda del Jucar S.A., entidad matriz del Grupo Recoletas. La incursión de la sociedad de capital riesgo en la empresa castellana se realizó hace un año, en mayo de 2009, dos años después de que Mercapital vendiera a la sociedad británica Cinven el 70% de USP Hospitales.
La operativa fue la siguiente: En julio de 2004 Mercapital adquiere el 65% de USP por 271 millones de euros. Dos años después, el paquete ascendió al 80%. Tres años después de su entrada, y tras ampliar los centros USP de ocho a trece, incluyendo la incorporación de la Clínica Planas, la sociedad de capital riesgo vendió su paquete a Cinven por 675 millones de euros, obteniendo por ello una plusvalía de 404 millones de euros.
Con este antecedente es previsible que Mercapital entre en el Grupo Recoletas para, después de aumentarlo o sobredimensionarlo, venderlo para recoger beneficios.

Cort recurre a las multas de tráfico para incrementar sus ingresos desestimando los recursos que se le presentan

El Ayuntamiento de Palma ha optado por la política de desestimar por norma los recursos a las multas de tráfico como instrumento recaudatorio para paliar el déficit de su presupuesto. Al desestimar el recurso que el ciudadano presenta por no estar conforme con la sanción impuesta obliga a éste a acudir a la vía de Lo Contencioso para ejercer sus derechos. La complejidad y el coste de este recurso judicial echa para atrás cualquier iniciativa en ese sentido y fuerza al conductor sancionado a tener que abonar la multa sin poder acogerse, por haber recurrido, a la reducción.
El regidor del Àrea de Mobilidad y Seguidad Ciudadana se limita a decretar la desestimación del recurso en base a que "las actuaciones practicadas -sin especificar cuáles- en el expediente permiten considerar probados los hechos denunciados que motivaron la incoación, ya que el artículo 76 de la Ley de Tránsito dispone que la denuncia por parte del agente encargado de la vigilancia del tránsito, ratificada por él mismo, da fe de los hechos denunciados porque no se ha aportado ninguna prueba válida en sentido contrario".
Del contenido del decreto se desprende que el ciudadano nunca tiene razón cuando recurre en oposición a los hechos descritos en una denuncia. Y da veracidad al relato propuesto por el agente, aunque éste sea contrario a la realidad de los hechos y no se tenga en cuenta circunstancias atenuantes ni eximentes.
Con esta política no sólo se genera indefensión sino que se le otorga al agente un poder sancionador que, aunque esté amparado por ley, puede ocasionar clamorosas injusticias. Mientras que al conductor se le requiere que facilite prueba en sentido contrario a lo manifiestado por el agente, a éste sólo se le pide que se ratifique en la denuncia. Es su palabra contra la del ciudadano.

El Ayuntamiento contrató una letrada para paliar perjuicios económicos del Caso Andratx y ya ha perdido más de 80.000€

El 27 de julio de 2007 el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Andratx, presidido por el socialista Francesc Femenias, aprobó por unanimidad la designación de la abogada Isabel Fluxa para llevar la acusación particular en las diligencias previas que el juzgado de Instrucción nº 12 había abierto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto escándalo de corrupción masiva. La tesis de los fiscales pretendía demostrar que el tráfico de influencias, la información privilegiada y la concesión arbitraria de licencias urbanísticas previo pago de comisiones habían cohabitado en el Consistorio de Andratx durante el periodo en el que Eugenio Hidalgo presidió la Corporación, tanto en coalición con PSOE y UM como incorporado a las filas del PP.
Los nuevos responsables municipales (PSOE-PSM-UM) salidos de las urnas quisieron hacer valer los "legítimos derechos de los vecinos de Andratx" y velar por la defensa de los intereses del municipio frente a posibles perjuicios económicos que la gestión de Hidalgo hubiera podido causar.
De la instrucción del sumario la Fiscalía no halló indicio alguno de que faltara un solo céntimo de las arcas municipales, el arqueo cuadró en todos los ejercicios. Tampoco hubo despatrimonialización de bienes municipales y, por el contrario, se adquirieron terrenos e inmuebles para la ejecución de proyectos socioculturales. ¿Dónde está entonces el perjuicio económico que busca Fluxa y que pretenden encontrar los gestores muncipales? Entonces, ¿qué sentido tiene la acusación particular del Ayuntamiento?
Casi cuatro años después de la apertura de deligencias el caso Andratx, ese supuesto mercadeo de licencias urbanísticas a imagen y semejanza del practicado en Marbella, según se dijo entonces, no sólo se ha desinflado sino que, por el momento, se limita al delito de reformar, ampliar y convertir una caseta de aperos en una casa de fin de semana.
Lo que resulta paradójico es que la letrada Isabel Fluxa, además de no haber conseguido ingresar un euro en las arcas municipales, lleva perjudicando económicamente al Ayuntamiento de Andratx en más de 80.000 euros que es la cantidad que se le ha abonado en concepto de minutas por sus honorarios. En resumidas cuentas, que la gestión profesional de Fluxa, consistente en pedir penas de prisión para Hidalgo y el resto de imputados, es de suponer que beneficia a unos vecinos de Andratx que lo único que han hecho es pagar con sus impuestos a la letrada.
A sumar a estos honorarios los que se derivan de la condena a costas que se imponga en los casos ya juzgados y los que faltan por juzgar.