El Govern de les Illes Balears está a sólo 7 millones de euros de superar el listón de los 3.800 millones de deuda pública, cifra jamás alcanzada en esta comunidad autónoma. En sólo tres días, el responsable de las finanzas públicas y conseller de Economia, Carles Manera, ha lanzado al mercado dos emisiones de deuda pública por un montante de 57 millones de euros. Con esta nueva oferta de obligaciones el Govern sólo dispone de un margen de 107 hasta llegar al tope máximo de endeudamiento autorizado por el Ministerio de Economia y Hacienda y que asciende a los 3.900 millones de euros.
En la última autorización para operaciones de endeudamiento por parte de comunidades autónomas aprobada en el Consejo de Ministros de 25 de junio no se incluyó a Baleares. Ese tope de 3.900 millones aún se mantiene.
Lo curioso de esta nueva doble emisión de deuda pública a plazo fijo durante cuatro años es el tipo de interés establecido: un 3,89%. Si lo comparamos con el que daba el pasado mes de mayo, un 3,05%, se evidencia un alza considerable en tan solo tres meses de los intereses que ofrece el Govern a las entidades financieras que aseguran la emisión actuando en nombre propio o por cuenta de terceros. Una primera interpretación de este incremento puede ser las previsiones alcistas de inflación para los próximos años. Con la subida de tipos de interés se reduce la inversión y se enfria el crecimiento, y de esta forma se controlan los precios.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
domingo, 12 de septiembre de 2010
jueves, 9 de septiembre de 2010
La Fiscalía Anticorrupción da por concluido el "caso Andratx" tras aceptar el ex alcalde Eugenio Hidalgo un delito de cohecho pasivo
El "caso Andratx", la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas extendida, según la Fiscalía Anticorrupción, en ese municipio durante los años investigados y que coinciden con la época en la que Eugenio Hidalgo tuvo las riendas del urbanismo, se da por cerrado tras aceptar el ex alcalde de Andratx un delito de cohecho que le imputa, sin demasiada fortuna, el fiscal Joan Carrau.
Con la aceptación de los últimos cargos presentados por el ministerio público, éste consigue lo que no había podido demostrar durante los cinco años que lleva investigando las denuncias que en su día presentó Unió Mallorquina de Andratx con la inestimable colaboración del entonces conseller insular de Ordenación del Territorio y actualmente en prisión, Bartomeu Vicens. Y para conseguir asociar el "mayor caso de corrupción de Baleares", como se presentó en sus orígenes, al delito de cohecho se ha visto obligado a reducir los cargos y las penas con el objeto de que fueran aceptados por los imputados (Hidalgo, Jaime Gibert y Manuel Zapata), eludiendo así la ruleta de la Justicia.
Los dos años de prisión pedidos por Carrau y aceptados por el ex alcalde se conmutan por una cantidad dineraria y no se acumularán a la condena de cuatro años que en la actualidad cumple por la ampliación y reforma de una caseta de aperos.
El fiscal anticorrupción presentó en octubre de 2009 un escrito de acusación en el que aseguraba que la dádiva o cohecho pasivo que el constructor Manuel Zapata entregó a Hidalgo ascendía 31.023€. Y pedía una multa del triple del valor de la dádiva. Un año después retira la multa y rebaja todos los conceptos que recogió en su acusación inicial: de los 2 años de multa por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios a los 12 meses y la retirada de los 120 millones de euros de comiso; de los 20 meses de prisión por prevaricación se pasa a una multa de 12 meses a 10€ diarios; de 5 años de prisión a uno por recibir una supuesta dádiva y elude el pago del beneficio de la venta de las acciones objeto del cohecho que ascendió a 369.424 mas 60.000€; y de los dos años por infidelidad en la custodia de documentos se pasa a uno.
Con esta oferta pública no extraña que los imputados hayan aceptado reconocer los delitos y dar por concluido el "caso Andratx". Tal y como reconoció el abogado de Hidalgo a la salida de la vista, prácticamente la totalidad de las piezas están archivadas por su inconsistencia.
Con la aceptación de los últimos cargos presentados por el ministerio público, éste consigue lo que no había podido demostrar durante los cinco años que lleva investigando las denuncias que en su día presentó Unió Mallorquina de Andratx con la inestimable colaboración del entonces conseller insular de Ordenación del Territorio y actualmente en prisión, Bartomeu Vicens. Y para conseguir asociar el "mayor caso de corrupción de Baleares", como se presentó en sus orígenes, al delito de cohecho se ha visto obligado a reducir los cargos y las penas con el objeto de que fueran aceptados por los imputados (Hidalgo, Jaime Gibert y Manuel Zapata), eludiendo así la ruleta de la Justicia.
Los dos años de prisión pedidos por Carrau y aceptados por el ex alcalde se conmutan por una cantidad dineraria y no se acumularán a la condena de cuatro años que en la actualidad cumple por la ampliación y reforma de una caseta de aperos.
El fiscal anticorrupción presentó en octubre de 2009 un escrito de acusación en el que aseguraba que la dádiva o cohecho pasivo que el constructor Manuel Zapata entregó a Hidalgo ascendía 31.023€. Y pedía una multa del triple del valor de la dádiva. Un año después retira la multa y rebaja todos los conceptos que recogió en su acusación inicial: de los 2 años de multa por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios a los 12 meses y la retirada de los 120 millones de euros de comiso; de los 20 meses de prisión por prevaricación se pasa a una multa de 12 meses a 10€ diarios; de 5 años de prisión a uno por recibir una supuesta dádiva y elude el pago del beneficio de la venta de las acciones objeto del cohecho que ascendió a 369.424 mas 60.000€; y de los dos años por infidelidad en la custodia de documentos se pasa a uno.
Con esta oferta pública no extraña que los imputados hayan aceptado reconocer los delitos y dar por concluido el "caso Andratx". Tal y como reconoció el abogado de Hidalgo a la salida de la vista, prácticamente la totalidad de las piezas están archivadas por su inconsistencia.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Calvià es el municipio de Mallorca con mayor deuda 'per cápita' de entre los que tienen deudas financieras superiores a los 5 millones de euros
El municipio de Calvià es el que soporta una deuda financiera más elevada de entre aquellos que la han suscrito por encima de los cinco millones de euros. Si esa deuda se repartiera entre cada uno de los residentes de Calvià estos habrían de aportar 1.360€. Este municipio contaba a 1 de enero de 2009 con una población censada de 51.774 personas y a 31 de diciembre de ese mismo año la deuda acumulada ascendía a 70.451.000€. Por contra, el municipio de Palma, con una población ocho veces mayor, soportaba una deuda de 179.366.000€; lo que supone, en la traslación individual, 446€ por persona. Por tanto, se deduce de estos datos que los residentes en Calvià soportan el triple de deuda que los de Palma.
El segundo municipio más endeudado con respecto al número de habitantes es Sant Llorenç que tiene una deuda de 10.590.000€ para una población de 8.687 personas. En tercer lugar se sitúa Llucmajor con un endeudamiento de 38.823.000€ y un censo de 36.078 individuos.
En el extremo opuesto se sitúan los municipios que con una deuda superior de los cinco millones tienen una repercusión por habitante más reducida. Es el caso de Manacor, cuyos vecinos sólo adeudan 279€, y Marratxí, con 333€. Da la casualidad de que el alcalde de Manacor es el portavoz del Partido Popular en el Parlament y el de Marratxí, el actual presidente de esta formación política. También es cierto que el primer edil de Calvià es el 'popular' Carlos Delgado. Por ello no se puede concluir que los municipios gobernados por ediles 'populares' sean más austeros que los regidos por otras formaciones políticas.
El segundo municipio más endeudado con respecto al número de habitantes es Sant Llorenç que tiene una deuda de 10.590.000€ para una población de 8.687 personas. En tercer lugar se sitúa Llucmajor con un endeudamiento de 38.823.000€ y un censo de 36.078 individuos.
En el extremo opuesto se sitúan los municipios que con una deuda superior de los cinco millones tienen una repercusión por habitante más reducida. Es el caso de Manacor, cuyos vecinos sólo adeudan 279€, y Marratxí, con 333€. Da la casualidad de que el alcalde de Manacor es el portavoz del Partido Popular en el Parlament y el de Marratxí, el actual presidente de esta formación política. También es cierto que el primer edil de Calvià es el 'popular' Carlos Delgado. Por ello no se puede concluir que los municipios gobernados por ediles 'populares' sean más austeros que los regidos por otras formaciones políticas.
martes, 7 de septiembre de 2010
La CAM adelantó el dinero sin ninguna garantía hipotecaria para que los gestores del polígono de Son Oms pudieran comprar la mayoría de fincas
El Día 'D' de la operación Son Oms tiene los siguientes dígitos: 25-07-2001. Ese día, la notaría de Víctor Alonso Cuevillas se llenó de propietarios de terrenos de la finca referenciada, de compradores (Benjamín Serrano, Bernardo Febrer, Miguel Munar) y de apoderados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). También estaba presente el abogado Jaime Montis.
Todos los protocolos estaban ya redactados. La mecánica que se utilizó fue la siguiente: El propietario del terreno se reunía a solas con el notario. Éste le daba a firmar el contrato de venta del inmueble y recibía a cambio un talón conformado de la CAM por el precio acordado con el comprador. El ya ex propietario abandonaba el despacho con su talón. A continuación entraban los apoderados de la Caja en compañía del que iba a ser el nuevo propietario. Primero, éste firmaba el contrato de compra y acto seguido suscribía la hipoteca que había de garantizar el pago del talón entregado al vendedor.
Como puede apreciarse, los compradores libraron talones contra sus cuentas de la CAM antes de que se hubiesen firmado las hipotecas sobre los terrenos objeto de la transacción. De alguna forma, la CAM adelantaba el dinero a cuenta de las futuras garantías hipotecarias.
Este fue el caso, entre otros, de Miguel Mesquida, un propietario que vendió dos parcelas a Mallorca Office, entidad representada por Benjamin Serrano, por la cantidad acordada de 400 millones de pesetas y que minutos después éste hipotecó por 730 millones.Otro tanto hizo la Promotora Balear de Polígonos (Montis, Munar y Febrer) con la familia Torrens; compró por 40 millones e hipotecó por 40.400.000 pesetas.
Benjamín Serrano és, sin duda, otra de las piezas clave en toda la operación Son Oms. Fue, junto a Febrer, Angel Ochando, Sebastià Rubí y Miguel Munar uno de los cinco gestores que firmaron el documento que les presentó Jaime Montis por el que se le exoneraba de toda responsabilidad en el pago de 200 millones de pesetas para 'enjabonar' la tramitación administrativa del expediente.
Serrano es el representante del Grupo WYX; ente que agrupa a las sociedades Aldos Reprise, Mallorca Office, Prominvest Palma e Inmobiliaria Biniali. También es administrador o socio de entidades como Grup Cupama (Punt de Joc), Palma Joc, Ballena Parc, Inversiones Son Oms y Prefhorma Desarrollo de Proyectos.
Sin embargo, es Febrer la persona que más se benefició -al margen de los que presuntamente percibieron las comisiones por la recalificación de terrenos- de toda la ejecución del Polígono de Son Oms. Además de comprar unos terrenos con dinero de la Junta que luego no fueron incluidos en la misma, Febrer obligó al constructor Miguel Llabrés Feliu a comprarle 11.000 m2 en la manzana G a cambio de otorgarle el contrato de ejecución del polígono. Estando reunida la Junta en el despacho de Montis para decidir quién haría la obra, éste recibió una llamada por la que se le ordenaba que se diera a Aglomsa. Todos protestaron, sobretodo Febrer por su acuerdo tácito con Llabrés Feliu. Cuestionaron la capacidad de Aglomsa para ejecutarla y Montis informó que la haría en UTE con Amer 2000. A los seis meses ésta empresa quebró y Aglomsa acabó la urbanización.
Todos los protocolos estaban ya redactados. La mecánica que se utilizó fue la siguiente: El propietario del terreno se reunía a solas con el notario. Éste le daba a firmar el contrato de venta del inmueble y recibía a cambio un talón conformado de la CAM por el precio acordado con el comprador. El ya ex propietario abandonaba el despacho con su talón. A continuación entraban los apoderados de la Caja en compañía del que iba a ser el nuevo propietario. Primero, éste firmaba el contrato de compra y acto seguido suscribía la hipoteca que había de garantizar el pago del talón entregado al vendedor.
Como puede apreciarse, los compradores libraron talones contra sus cuentas de la CAM antes de que se hubiesen firmado las hipotecas sobre los terrenos objeto de la transacción. De alguna forma, la CAM adelantaba el dinero a cuenta de las futuras garantías hipotecarias.
Este fue el caso, entre otros, de Miguel Mesquida, un propietario que vendió dos parcelas a Mallorca Office, entidad representada por Benjamin Serrano, por la cantidad acordada de 400 millones de pesetas y que minutos después éste hipotecó por 730 millones.Otro tanto hizo la Promotora Balear de Polígonos (Montis, Munar y Febrer) con la familia Torrens; compró por 40 millones e hipotecó por 40.400.000 pesetas.
Benjamín Serrano és, sin duda, otra de las piezas clave en toda la operación Son Oms. Fue, junto a Febrer, Angel Ochando, Sebastià Rubí y Miguel Munar uno de los cinco gestores que firmaron el documento que les presentó Jaime Montis por el que se le exoneraba de toda responsabilidad en el pago de 200 millones de pesetas para 'enjabonar' la tramitación administrativa del expediente.
Serrano es el representante del Grupo WYX; ente que agrupa a las sociedades Aldos Reprise, Mallorca Office, Prominvest Palma e Inmobiliaria Biniali. También es administrador o socio de entidades como Grup Cupama (Punt de Joc), Palma Joc, Ballena Parc, Inversiones Son Oms y Prefhorma Desarrollo de Proyectos.
Sin embargo, es Febrer la persona que más se benefició -al margen de los que presuntamente percibieron las comisiones por la recalificación de terrenos- de toda la ejecución del Polígono de Son Oms. Además de comprar unos terrenos con dinero de la Junta que luego no fueron incluidos en la misma, Febrer obligó al constructor Miguel Llabrés Feliu a comprarle 11.000 m2 en la manzana G a cambio de otorgarle el contrato de ejecución del polígono. Estando reunida la Junta en el despacho de Montis para decidir quién haría la obra, éste recibió una llamada por la que se le ordenaba que se diera a Aglomsa. Todos protestaron, sobretodo Febrer por su acuerdo tácito con Llabrés Feliu. Cuestionaron la capacidad de Aglomsa para ejecutarla y Montis informó que la haría en UTE con Amer 2000. A los seis meses ésta empresa quebró y Aglomsa acabó la urbanización.
lunes, 6 de septiembre de 2010
Cort suspende la contratación por 41 millones del mantenimiento y conservación de espacios verdes que aprobó en vísperas de las vacaciones
El pasado 16 de agosto un informe técnico del Departamento de Infraestructuras obligó al Área de Interior del Ayuntamiento de Palma a dictar una providencia suspendiendo la licitación del servicio de mantenimiento y conservación de las alineaciones arbóreas de las calles de Palma y de atención de los espacios verdes públicos de las zonas de Llevant y Ponent. Un día antes, el domingo 15 este digital publicó que los responsables de Cort habían aprobado en vísperas de las vacaciones oficiales del mes de agosto un gasto de 41 millones de euros para financiar los servicios antes citados.
El plazo de ejecución de estos trabajos se fijó hasta el 31 de diciembre del presente año. Es decir, en tan solo cuatro meses el Ayuntamiento de Palma tenía previsto gastarse 6.928 millones de pesetas en podar árboles y adecentar las zonas verdes; una cantidad que se antoja excesiva en la actual situación crisis económica y cuando los ciudadanos se preocupan más que nunca en qué se gastan las administraciones públicas el dinero que recaudan a través de los impuestos, tasas municipales y sanciones.
El plazo de ejecución de estos trabajos se fijó hasta el 31 de diciembre del presente año. Es decir, en tan solo cuatro meses el Ayuntamiento de Palma tenía previsto gastarse 6.928 millones de pesetas en podar árboles y adecentar las zonas verdes; una cantidad que se antoja excesiva en la actual situación crisis económica y cuando los ciudadanos se preocupan más que nunca en qué se gastan las administraciones públicas el dinero que recaudan a través de los impuestos, tasas municipales y sanciones.
sábado, 4 de septiembre de 2010
La merma de ingresos por licencias de obras obliga al Ayuntamiento de Andratx a reducir el presupuesto para este año en 1.070.627€
Las previsiones que a mediados del pasado año tenían los responsables municipales sobre los ingresos durante el ejercicio 2010 no se están cumpliendo. Esta situación coyuntural -aunque algunos califican de definitiva por la importante merma en los ingresos por licencias de obras y por el hecho de que se prevé para el futuro una parálisis del sector de la construcción en Andratx- ha obligado a la alcaldesa y vicepresidenta del Parlament, Isabel Alemany, a aprobar la citada reducción de gastos que afecta a los funcionarios, a los servicios y gastos corrientes e, incluso, a las ayudas para los libros de texto. En total, la reducción presupuestaria es de 1.070.627€.
Al 5% de reducción de media que están soportando todos los funcionarios se suma ahora la eliminación de gratificaciones, productividad -cuando el presidente Antich quiere 'premiar' a los funcionarios productivos de la CAIB con 500 euros anuales-, pensiones y becas. La partida destinada a pagar a los cargos públicos 'adelgaza' en 394.125€.
Otro apartado que sufre el recorte del responsable de Hacienda es el de servicios y gastos en bienes corrientes. En esta ocasión la cifra que se reduce es de 342.632€. Aquí se engloban servicios sociales que dejan de prestarse y actos culturales que menguan o se eliminan directamente como por ejemplo el festival de Zarzuela. Pero no sólo lo lúdico es objeto de la tijera; las becas y ayudas para la adquisición de libros de texto se reduce en 54.000€.
El pasado mes de abril este digital informaba que el Consell de Mallorca había denegado una subvención al Ayuntamiento de Andratx por no encontrarse al corriente de las obligaciones económicas que tiene con la institución insular. Por deber dinero al Consell no podrá recibir un céntimo en concepto de subvenciones. El 2 de febrero el secretario del Consejo Ejecutivo, Cosme Bonet, dio la relación de ayudas económicas correspondientes a la convocatoria de subvenciones para la restauración de determinadas modalidades de bienes muebles e inmuebles con valores históricos y culturales. El Consistorio solicitó una subvención para la restauración de dos vehículos antiguos de propiedad municipal. Al comprobarse que adeuda una importante suma de dinero al Consell los técnicos informaron en contra de la subvención.
Mientras tanto, Alemany sigue pagando las minutas que le presentan los abogados personados como acusación particular en el "caso Andratx" en representación del Ayuntamiento, y que se limitan a corear las actuaciones de la Fiscalía.
Al 5% de reducción de media que están soportando todos los funcionarios se suma ahora la eliminación de gratificaciones, productividad -cuando el presidente Antich quiere 'premiar' a los funcionarios productivos de la CAIB con 500 euros anuales-, pensiones y becas. La partida destinada a pagar a los cargos públicos 'adelgaza' en 394.125€.
Otro apartado que sufre el recorte del responsable de Hacienda es el de servicios y gastos en bienes corrientes. En esta ocasión la cifra que se reduce es de 342.632€. Aquí se engloban servicios sociales que dejan de prestarse y actos culturales que menguan o se eliminan directamente como por ejemplo el festival de Zarzuela. Pero no sólo lo lúdico es objeto de la tijera; las becas y ayudas para la adquisición de libros de texto se reduce en 54.000€.
El pasado mes de abril este digital informaba que el Consell de Mallorca había denegado una subvención al Ayuntamiento de Andratx por no encontrarse al corriente de las obligaciones económicas que tiene con la institución insular. Por deber dinero al Consell no podrá recibir un céntimo en concepto de subvenciones. El 2 de febrero el secretario del Consejo Ejecutivo, Cosme Bonet, dio la relación de ayudas económicas correspondientes a la convocatoria de subvenciones para la restauración de determinadas modalidades de bienes muebles e inmuebles con valores históricos y culturales. El Consistorio solicitó una subvención para la restauración de dos vehículos antiguos de propiedad municipal. Al comprobarse que adeuda una importante suma de dinero al Consell los técnicos informaron en contra de la subvención.
Mientras tanto, Alemany sigue pagando las minutas que le presentan los abogados personados como acusación particular en el "caso Andratx" en representación del Ayuntamiento, y que se limitan a corear las actuaciones de la Fiscalía.
viernes, 3 de septiembre de 2010
Ana Serratosa Ridaura, prima del multimillonario dueño de Nefinsa, solicitó una pensión no contributiva a la Conselleria de Asuntos Sociales
Ana Serratosa Ridaura, familiar de Emilio Serratosa, solicitó hace más de tres meses una pensión no contributiva (de jubilación o invalidez) en la Conselleria balear de Asuntos Sociales, según informa en primicia el digital http://www.extraconfidencial.com/.
El pasado 12 de agosto el director general de Atención a la Dependencia resolvió declarar la caducidad del expediente referido a Ana Serratosa y archivar todas las actuaciones porque no se presentó la documentación requerida.
La Pensión no Contributiva de Invalidez asegura a todos los ciudadanos en esa situación y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado nunca o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.
De hecho, pueden ser beneficiarios de la PNC los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplan, entre otros, el siguiente requisito: carecer de ingresos suficientes. Y existe carencia cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2010, sean inferiores a 4.755,80 €.
Las PNCs tienen fijada esa cuantía para ser abonada en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias.
Ana Serratosa Ridaura es familia directa de Emilio Serratosa, una de las fortunas más grandes de España. En 2007 Emilio y sus hijos Javier y Gonzalo adquirieron a otros miembros de su familia sus participaciones en Nefinsa. Con antelación a esta concentración de acciones Nefinsa se deshizo de Gamesa y del 25% de Air Nostrum –que colocó a Caja Duero- lo que supuso unos ingresos de 1.100 millones de euros.
Emilio Serratosa traspasó a finales del pasado año el imperio del holding Nefinsa a Javier y Gonzalo después de haber superado la barrera de los 70 y tras considerar que había llegado la hora del relevo generacional.
En 1992, en plena vorágine olímpica, vendió la empresa familiar Valenciana de Cementos a Cemex por 125.000 millones de pesetas. Esta fue una de las grandes operaciones mercantiles de aquella época y la que le permitió participar en empresas como Uralita, Gamesa, Air nostrum o Clickair.
El pasado 12 de agosto el director general de Atención a la Dependencia resolvió declarar la caducidad del expediente referido a Ana Serratosa y archivar todas las actuaciones porque no se presentó la documentación requerida.
La Pensión no Contributiva de Invalidez asegura a todos los ciudadanos en esa situación y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado nunca o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.
De hecho, pueden ser beneficiarios de la PNC los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplan, entre otros, el siguiente requisito: carecer de ingresos suficientes. Y existe carencia cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2010, sean inferiores a 4.755,80 €.
Las PNCs tienen fijada esa cuantía para ser abonada en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias.
Ana Serratosa Ridaura es familia directa de Emilio Serratosa, una de las fortunas más grandes de España. En 2007 Emilio y sus hijos Javier y Gonzalo adquirieron a otros miembros de su familia sus participaciones en Nefinsa. Con antelación a esta concentración de acciones Nefinsa se deshizo de Gamesa y del 25% de Air Nostrum –que colocó a Caja Duero- lo que supuso unos ingresos de 1.100 millones de euros.
Emilio Serratosa traspasó a finales del pasado año el imperio del holding Nefinsa a Javier y Gonzalo después de haber superado la barrera de los 70 y tras considerar que había llegado la hora del relevo generacional.
En 1992, en plena vorágine olímpica, vendió la empresa familiar Valenciana de Cementos a Cemex por 125.000 millones de pesetas. Esta fue una de las grandes operaciones mercantiles de aquella época y la que le permitió participar en empresas como Uralita, Gamesa, Air nostrum o Clickair.
jueves, 2 de septiembre de 2010
El fiscal Carrau insinúa prevaricación en la Junta de Gobierno de Andratx de 2005 pero no imputa a sus miembros en la pieza clave del caso Voramar
Los fiscales especiales contra la corrupción y la criminalidad organizada Joan Carrau y Pedro Horrach acusan de prevaricación a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Andratx de 2005 pero no imputa a sus miembros ningún delito en la causa separada nº 60 del Caso Voramar que se dirimirá en juicio el próximo día 9 en la Audiencia Provincial.
En su escrito de acusación en el que solicita juicio oral, firmado y entregado al juzgado instructor el 9 de octubre de 2009, los celadores de la legalidad consideran que los concejales de la Agrupación Liberal de Andratx, del PSOE y de Unió Mallorquina que formaban parte del órgano de gobierno prevaricaron al autorizar el 14 de mayo de 2004 la concesión de una licencia de obra mayor a la sociedad Prollamp de Ponent, de la que el entonces alcalde Eugenio Hidalgo era socio.
Hidalgo se excusó de intervenir en aquella junta cuando tocó tratar la licencia de Prollamp pero tuvo que firmar todas las actas como corresponde al presidente de la Corporación. Esto no quiere decir, en contra de la afirmación insinuadora del fiscal, que Hidalgo se diera su propia licencia sino que firmó las actas aprobadas por la Junta de Gobierno. Pero Carrau va aún más lejos al recrear una ilusionante capacidad de influencia y de presión sobre los técnicos y los concejales de la Junta de Gobierno que, a pesar de ser conscientes de que debían denegar la licencia la aprobaron. Por tanto, prevaricaron.
En su escrito de acusación en el que solicita juicio oral, firmado y entregado al juzgado instructor el 9 de octubre de 2009, los celadores de la legalidad consideran que los concejales de la Agrupación Liberal de Andratx, del PSOE y de Unió Mallorquina que formaban parte del órgano de gobierno prevaricaron al autorizar el 14 de mayo de 2004 la concesión de una licencia de obra mayor a la sociedad Prollamp de Ponent, de la que el entonces alcalde Eugenio Hidalgo era socio.
Hidalgo se excusó de intervenir en aquella junta cuando tocó tratar la licencia de Prollamp pero tuvo que firmar todas las actas como corresponde al presidente de la Corporación. Esto no quiere decir, en contra de la afirmación insinuadora del fiscal, que Hidalgo se diera su propia licencia sino que firmó las actas aprobadas por la Junta de Gobierno. Pero Carrau va aún más lejos al recrear una ilusionante capacidad de influencia y de presión sobre los técnicos y los concejales de la Junta de Gobierno que, a pesar de ser conscientes de que debían denegar la licencia la aprobaron. Por tanto, prevaricaron.
miércoles, 1 de septiembre de 2010
Miguel Fluxa cede la presidencia de Iberoservice a Peter Panagiotou por una "cuestión operativa"
El presidente del Grupo Iberostar, Miguel Fluxa Rosselló, ha cedido el mando de la agencia receptiva de turistas Iberoservice al ejecutivo del grupo Thomas Cook, Constanti Peter Panagiotou. Las razones que han dado desde Iberostar para este cambio en la presidencia son "meramente operativas". De hecho, este gesto no supone la salida de Iberostar del accionariado de Iberoservice.
Esta empresa, con más de 30 años de actividad, ofrece sus servicios en España y Portugal, y en los países sudamericanos de Costa Rica, México, República Dominicana, Cuba, Venezuela y Brasil. Cada año asiste a más de 6 millones de pasajeros a través de los touroperadores Thomas Cook y My Travel, entre otros.
En la actualidad Iberoservice tiene su centro de gestión y coordinación en Palma en el nuevo edificio de Iberostar junto a la Vía de Cintura aunque manteniendo una independencia operativa con la matriz del Grupo.
Constanti P. Panagiotou, su nuevo presidente, fundó en 2007 la aerolinea ArGo Airways para ofrecer a los turistas un servicio de hidroaviones desde la isla griega de Volos frente a la costa turca de Antalya.
Según fuentes de Iberostar, Panagiotou ha sido elegido para la presidencia por los responsables de Thomas Cook, entidad que participa en el accionariado de Iberoservice.
Esta empresa, con más de 30 años de actividad, ofrece sus servicios en España y Portugal, y en los países sudamericanos de Costa Rica, México, República Dominicana, Cuba, Venezuela y Brasil. Cada año asiste a más de 6 millones de pasajeros a través de los touroperadores Thomas Cook y My Travel, entre otros.
En la actualidad Iberoservice tiene su centro de gestión y coordinación en Palma en el nuevo edificio de Iberostar junto a la Vía de Cintura aunque manteniendo una independencia operativa con la matriz del Grupo.
Constanti P. Panagiotou, su nuevo presidente, fundó en 2007 la aerolinea ArGo Airways para ofrecer a los turistas un servicio de hidroaviones desde la isla griega de Volos frente a la costa turca de Antalya.
Según fuentes de Iberostar, Panagiotou ha sido elegido para la presidencia por los responsables de Thomas Cook, entidad que participa en el accionariado de Iberoservice.
lunes, 30 de agosto de 2010
Aina Calvo aprueba que se adjudique por el método "Todo a 100" tres contratos por idéntica cantidad (179.104€) a la misma empresa
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma reunida el día 4 de junio de 2010 bajo la presidencia de la alcaldesa Aina Calvo autorizó la adjudicación de tres contratos para dotación de servicios con la misma empresa y por idénticas cantidades. A semejanza del método "Todo a 100", el equipo de gobierno aprobó dar a la empresa DISTROMEL el suministro de un sistema de control del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza urbana dividido en tres lotes y por un precio para cada uno de ellos de 179.104€.
En lugar de convocar un concurso con un importe máximo de licitación de 540.000€, los responsables municipales fraccionaron el concepto sin la oposición de Intervención ni de Secretaria. El contrato 2010/037 se refiere a la "dotación de terminales TAGS RFID para la identificación de mobiliario de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y limpieza viaria, terminales manuales para la gestión de incidencias con módulos de comunicación GPRS, GPS y lectura RFID, sensores volumétricos de llenado para mobiliario RSU". Todo esto se adjudica por 179.104€.
El segundo lote, el recogido en el contrato 2010/038, se refiere a la "dotación de un sistema hardware y software para la creación de un centro de control y procesamiento de datos para la gestión sostenible de los RSU y limpieza urbana". Como no podía ser de otra forma, también se adjudica por 179.104€.
Y por último, el tercer lote, el 2010/039, consiste en dotar de una "terminal de incidencias embarcado (en un vehículo), sistema de comunicaciones GPRS, GPS y arcados de lectura RFID en los vehículos de RSU y limpieza diaria". La cantidad, 179.104€.
Como puede apreciarse, el objeto de cada uno de los contratos forma parte de un todo. Y este todo -el control del servicios de recogida de RSU y de limpieza- se podía haber sacado a concurso como exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, para acortar todo el trámite legal, Cort procedió al fraccionamiento y adjudicó cada uno de los lotes sin concurrencia y publicidad alguna.
En lugar de convocar un concurso con un importe máximo de licitación de 540.000€, los responsables municipales fraccionaron el concepto sin la oposición de Intervención ni de Secretaria. El contrato 2010/037 se refiere a la "dotación de terminales TAGS RFID para la identificación de mobiliario de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y limpieza viaria, terminales manuales para la gestión de incidencias con módulos de comunicación GPRS, GPS y lectura RFID, sensores volumétricos de llenado para mobiliario RSU". Todo esto se adjudica por 179.104€.
El segundo lote, el recogido en el contrato 2010/038, se refiere a la "dotación de un sistema hardware y software para la creación de un centro de control y procesamiento de datos para la gestión sostenible de los RSU y limpieza urbana". Como no podía ser de otra forma, también se adjudica por 179.104€.
Y por último, el tercer lote, el 2010/039, consiste en dotar de una "terminal de incidencias embarcado (en un vehículo), sistema de comunicaciones GPRS, GPS y arcados de lectura RFID en los vehículos de RSU y limpieza diaria". La cantidad, 179.104€.
Como puede apreciarse, el objeto de cada uno de los contratos forma parte de un todo. Y este todo -el control del servicios de recogida de RSU y de limpieza- se podía haber sacado a concurso como exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, para acortar todo el trámite legal, Cort procedió al fraccionamiento y adjudicó cada uno de los lotes sin concurrencia y publicidad alguna.
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