La sociedad Mercapital, participada por Lara, se hace con la gestión de la Policlínica Miramar a través del Grupo Hospitalario Recoletas

La sociedad de inversiones Mercapital, a través del Grupo Hospitalario Recoletas (GHR), pasa a controlar la Policlínica Miramar tras el nombramiento de GHR para el cargo de administrador único de Asklepios Sociedad de Gestión Sanitaria, entidad que administra, a su vez, la Agrupación Médica Balear (Ameba), propietaria de la mencionada clínica privada. Este enrevesado cruce de intereses societarios conduce a  explicar que Inversiones Grupo Miralles (IGM), que desde hace cuatro años ha venido controlando Ameba con la titularidad del 97,5% de sus acciones, ha pasado a un segundo plano tras el cese de Andrés Fullana Gomila como administrador de Asklepios y el nombramiento en su lugar de GHR.
A partir de ahora, el control accionarial de la Policínica Miramar pasa a estar en manos de una sociedad participada mayoritariamente por la Corporación Accionarial Lara. De hecho, un gran paquete accionarial de Mercapital está en manos de Inversiones Hemisferio, propiedad al 100% de Stier Investment. Este último gabinete está administrado por Planeta Corporación, entidad de la Corporación Accionarial Lara.
Sin embargo, hay otro interesante vértice en este entramado de intereses económicos. La Familia March es socia de Mercapital en Artà Capital por medio de Alba Participaciones. Y no hay que olvidar que el ex director general de Banca March Antonio Mascaró Gomila realizó a mediados del pasado año una importante aportación económica a la sociedad propietaria de la Policlínica Miramar con el objeto de ayudar a su gestor, Francisco Miralles Fornés, a superar la difícil situación por la que atravesaba esta institución sanitaria. En junio de 2009 Antonio Mascaró entró en el accionariado de Inversiones Grupo Miralles (IGM) a través de la sociedad Inversiones Bruja, cuyo accionista es su hijo Jaime Mascaró Rubert.

La actividad contratadora del Govern se reduce en la actualidad a seis licitaciones de limpieza en dependencias de Educació, Presidencia y Turisme

La actividad contratadora del Govern de les Illes Balears se reduce a día de hoy -18 de octubre de 2010- a seis licitaciones para la adjudicación de contratos de limpieza de dependencias gubernamentales. En la actualidad sólo tres consellerias tienen en marcha trámites para la contratación de obras o servicios: la Conselleria d'Educació destina 529.000€ para la limpieza del centro Juniper Serra, el IES de Bendinat y la propia sede del organismo; la Conselleria de Presidencia tiene presupuestados 403.000€ para lustrar durante un año el inmueble del nº 2 del Passeig Sagrera, las dependencias de la plaza de Atarazanas y otras, y la Conselleria de Turisme i Treball presupuesta en 117.764€ para la limpieza de diversos locales de su ámbito. En total, algo más de un millón de euros en pagar las contratas de limpieza de sólo estas tres consellerias. A estas hay que sumar la de la sede de Ports de Balears por 75.000€ para un periodo de dos años.
Una de las secciones más elocuentes de la actividad del Govern incluida en la página web de la Comunidad Autónoma es la que aparece identificada como 'Contratació'. En ella se puede tomar el pulso de la gestión del Ejecutivo de Francesc Antich en lo referente a su actividad productiva o de gestión de los recursos públicos. Si se comprueba una por una las licitaciones en curso de cada conselleria las únicas que aparecen son las referidas a la limpieza de dependencias de los centros antes indicados.
Para obtener información de otros concursos hay que acudir a organismos autónomos de la Conselleria de Medio Ambiente o la fundación Banc de Sang. El único proyecto de inversión en obras que está pendiente de licitar es el concurso de anteproyecto para la redacción del proyecto integral y dirección de las obras de construcción del nuevo Conservatorio profesional de Música de Menorca, para el que se destina 348.000€.

El juez Castro se deshinibe y baila subido a un banco en la fiesta de la cerveza de Paguera

El magistrado José Castro, considerado el 'juez estrella' de Baleares por la instrucción del caso Palma Arena, no tuvo reparo alguno este pasado viernes por la noche para subirse a un banco y bailar delante de cientos de personas -en su mayoría alemanes- al son de los acordes con los que una banda de música bávara ameniza la Fiesta de la Cerveza que viene celebrándose en Paguera.
Según el testimonio de personas que identificaron al juez y que fueron espectadores involuntarios de sus contoneos, el instructor de las diligencias previas que se tramitan en torno a la construcción del velódromo y el sobrecoste de esta obra pública se mostraba totalmente deshinibido, a pesar de saberse objetivo de las miradas de muchas de las personas que le rodeaban.
La estupefacción que les provocó a los presentes fue similar a la que les hubiera causado si el protagonista de la exhibición bailarina hubiese sido un conseller del Govern o un diputado del Parlament, por identificar a cada uno de los otros dos poderes del Estado.
Nadie cuestiona la libertad de un juez -en este caso público y notorio por su protagonismo mediático- a disfrutar de una velada en compañía de sus amistades. Pero hay una gran diferencia entre danzar siguiendo el ritmo de la música al nivel del resto de personas que hacerlo a modo de gogó encima de un banco a un paso de subirse a la mesa.
La Oktoberfest, que finaliza el próximo miércoles y que dio comienzo el pasado viernes día 8, se celebra, como todos los años desde su instauración, en una carpa para 2.300 personas instalaba en la plaza de la playa Torà en Paguera. Durante los días que dura la fiesta se prevé que discurran más de 70.000 litros de cerveza traida expresamente de Alemania y un gran surtido de gastronomia bavara para acompañar.
El juez Castro imputa al ex presidente del Govern Jaume Matas nueve delitos entre los que destacan el de prevaricación, cohecho, malversación de fondos y apropiación indebida. El 30 de marzo decretó su ingreso en prisión eludible mediante el pago de una fianza de 3 millones de euros.

El conseller de Sanidad vuelve a cuestionar con sus actos la decisión de Carbonero de anular por incompatibilidad una contrata a Pricewaterhouse

El conseller de Sanitat, Vicenç Thomàs, vuelve a cuestionar los motivos que llevaron a su compañero de gobierno y conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero, a anular la adjudicación provisional a la empresa Pricewaterhouse de contrato para la realización de la auditoría de las obras ejecutadas en Eivissa por el gobierno de Jaume Matas. Carbonero basó su decisión -recurrida por vía Contencioso-Administrativo- en una supuesta incompatibilidad por la presencia en Pricewaterhouse de Francesc Tutzó, director general de Comercio en el gobierno de Matas. Tutzó trabaja en un departamento ajeno al Jurídico-Financiero.
A pesar de ello, el conseller de Obras Públicas vetó la adjudicación a la empresa con mejor puntuación técnica y se la dió a la UTE Gerens Hill Internacional y Ramón y Cajal Abogados, segunda clasificada. Casualmente, el pasado mes de julio Gerens Hill  entregó a Carbonero el informe de auditoría en el que se concluía que el Govern de Matas no era competente para realizar las obras públicas de Eivissa y que se había malgastado dinero público. Para pagar este informe el conseller destinó 699.480€; cantidad que fue elevada hasta los 900.000€ por el presidente del PP de Eivissa, Miguel Jerez, quien acusó a Carbonero de mentir.
Thomàs, a diferencia de su compañero, no encontró incompatibilidades a la hora de adjudicar a Pricewaterhouse un contrato de 129.920€ consistente en el servicio de asesoría económica y financiera para el proyecto de construcción del nuevo hospital de Can Misses. Y sigue sin encontrarlas -a pesar de que Tutzó continúa trabajando en la citada empresa- ya que a finales de junio (formalizado oficialmente el pasado 4 de octubre) le concedió la oficina técnica de asesoría jurídica para el mencionado proyecto por 194.880€. Pero no acaban aquí las adjudicaciones a Pricewaterhouse. En febrero del pasado año el Servei de Salut le concedió esta misma oficina técnica, pero referida al Hospital de Son Espases, por 600.000€. Tampoco en esta ocasión se observaron incompatibilidades. Por todo ello, la decisión que adoptó Carbonero, en base a informes internos, se antoja arbitraria.

17 meses ha tardado el Ib-Salut en adjudicar provisionalmente el servicio de telefonía fija y móvil para todos sus departamentos

Resulta difícilmente creible que una institución pública tarde 510 días en adjudicar la prestación de un servicio desde el momento en que se inícia el procedimiento de contratación -abierto y ordinario- (19 de mayo de 2009) hasta su adjudicación provisional (11 de octubre de 2010). Y esta provisionalidad prolonga aún más la definitiva resolución de un contrato que, paradójicamente y salvando las magnitudes, cualquier persona formaliza en unos minutos ante uno de los muchos servidores de telefonía fija y móvil existentes. Lógicamente no es lo mismo estudiar las ofertas de media docena de operadores para una sola línea que hacerlo para una entidad como el Ib-Salut, con decenas de centros de trabajo y asistencia y miles de usuarios. A pesar de ello, el estudio de las ofertas de los escasos licitadores (no más de tres o cuatro) no es lógico que requiera más de un año. Tal y como ha ocurrido en este caso.
Ahora se sabe que la sanidad balear contempla destinar unos 3 millones de euros a pagar la factura de los teléfonos fijos y a sufragar el coste de las llamadas a móviles. De esa cantidad, ¿cuál será el precio que Telefónica de España habrá propuesto al Ib-Salut para el disfrute de las llamadas en red fija? Una tarifa plana con acceso a internet a 6 Mb tiene un coste al mes de 40,90€ para cualquier particular por termino medio. Incluso las llamadas entre móviles previamente seleccionados se llegan a ofertar gratis. Y desde un fijo a móvil se puede hacer la llamada a través de un 902 y el coste es muy inferior. Los 500 millones de pesetas previstos por el Ib-Salut para pagar su factura telefónica resulta sorprendentemente elevada.
Pero el Servei de Salut no es el único que se lo piensa a la hora de adjudicar un contrato de telefonía. El Ayuntamiento de Palma constituyó el 15 de marzo la mesa de contratación para la apertura públicas de las plicas que se presentaron al concurso para la obtención del servicio de telefonía. Siete meses después, la mesa de contratación no ha sabido valorar cuál es la mejor oferta para los intereses de los vecinos de Palma. La única empresa que ha licitado por la línea fija es Telefónica. Su oferta tiene un coste de 4.450.019€.

La Conselleria de Sanidad sólo financiará unos 1.800 abortos en clínicas privadas durante 2011 y alrededor de 600 en el último trimestre de este año

La Conselleria de Sanidad del Govern de les Illes Balears sólo financiará unas 1.800 interrupciones voluntarias de embarazo, aproximadamente, durante el próximo año 2011 y 600, en el último trimestre de este año. El pasado 6 de octubre, el secretario general del Servei de Salut, Javier Clavero Gomila, en funciones de director general, firmó las adjudicaciones provisionales de tres contratos de Gestión de Servicios Públicos para la práctica de abortos durante el próximo año a las clínicas privadas: Aurora Clínic, Estudio Médico Especializado en Contracepción y Esterilidad (Emece) y Centro Médico Aragón por una cuantía máxima total de 540.000€ más IVA a repartir en partes iguales entre los tres citados centros. Para este último trimestre la cantidad destinada por el Servei de Salut es de 180.000€.
Si se atiende al coste publicado de 300€ por intervención -500€ menos de los que cuesta en algunas  comunidades autónomas y 50€ menos de lo que se estipula para abortos de hasta 12 semanas de gestación- el número de intervenciones que la sanidad pública financiará en centros privados desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 rondará la cifra de 2.400, en el supuesto de que sólo se concertase con estas tres clínicas.
Según los datos oficiales que se manejan, en 2009 se practicaron  2.781 interrupciones voluntarias de embarazo en todo el archipiélago, cuando aún no se había aprobado la ley de las 14 semanas. Por tanto, y teniendo en cuenta que la curva de embarazos no deseados mantiene una proyección descendente, el próximo año, si sólo se contrata a Aurora Clinic, Emece y Centro Médico Aragón, unas 700 mujeres no podrán ser atendidas a cargo del erario público por las clínicas privadas por haberse agotado el presupuesto destinado para ello.

Los trabajadores de la clínica Bellver deberán esperar para cobrar las indemnizaciones debido a la suspensión de pagos de Uco Rehabilitación

Los dos centenares de trabajadores de la Clínica Bellver y Es Vida, despedidos a primeros de año de forma oficiosa tras el cierre de los establecimiento geriátricos, deberán esperar ahora a que se resuelva el concurso voluntario que un juzgado de Lo Mercantil de Palma ha admitido para las sociedades Uco Rehabilitación y Relax Sol. Ambas entidades están administradas por Onofre Alba Vidal.
El pasado 31 de julio este digital informaba de que un juzgado de Lo Social de Madrid había condenado a los propietarios de la Clínica Femenias a indemnizar con 273.360€ a 26 trabajadores que fueron despedidos de manera improcedentes. En realidad, estos trabajadores lo eran de un centro geriátrico que Alba Vidal gestionaba en Madrid y que cerró sus puertas coincidiendo con la inactividad de la Clínica Bellver.
El juicio de los 200 trabajadores de la clínica Femenía y Es Vida aún no tiene fecha fijada puesto que al haberse presentado la suspensión de pagos el procedimiento se retrasa.
Mientras tanto, los representantes legales de los trabajadores buscan propiedades de la familia Alba Gimeno para incluirlas en el activo del empresario y con ellas poder hacer frente a las demandas que aquellos tienen presentadas. A las indemnizaciones por despidos improcedentes se han  de sumar los atrasos en el abono de las mensualidades que se les adeuda. Sólo en Madrid, la cantidad impuesta por el juez de Lo Social para el pago de indemnizaciones asciende a 273.360€.
La familia Alba Gimeno, compuesta por el patriarca Onofre Alba Vidal, su esposa Mercedes Gimeno y sus hijos Onofre y Carmen Alba Gimeno controlan las sociedades: Grupo Cenia 38, Residencia Hotel Gales, Relax Sol, Uco Rehabilitación, Es Cabanyal (junto con el arquitecto Andreu Munar Ribot), Vall-100-Médica, Algi inversions, Residencia Geriátrica Santa Matilde, Eurgabinet Empresarial, Piqalba Properties, Quintegar 2002, Gero Gestion Balear, Condominio Zahara Resort 2007, Mery's Escolete y Gestión Médico Deportiva de Baleares.
Por lo que se refiere a sus propiedades inmobiliarias, el matrimonio dispone de un chalé en Sant Elm de 96 m2 y una hipoteca de 290.000€; un piso de 288 m2 en el Paseo Marítimo de Palma con una hipoteca de 800.000€ y una casa de campo en Selva de 492 m2 en una finca de dos hectáreas y media además de dos plazas de garaje en el parquing municipal de Marqués de la Cenia. Onofre Alba dispone de un local en c/ de Jesús de Palma hipotecado en 730.000€. Y él, junto a su madre, disponen de un piso en c/ Benet Pons i Fábregas y un local de 204 m2 en la c/ Luis Martí.
Su hija Carmen tiene un chalet junto a su esposo, Antonio Alou, en Santa María con una hipoteca de 1.100.000€.
Sin embargo, no se descarta que pudieran tener otras propiedades a nombre de terceras personas.

El Ajuntament de Palma requiere la colaboración de una empresa privada para 'regularizar', comprobar e inspeccionar todos los tributos

El Ajuntament de Palma tiene pendiente de adjudicar a una empresa privada el servicio de asistencia técnica y "colaboración" con sus servicios tributarios para regularizar, comprobar e inspeccionar todos los tributos municipales. En román paladino, este enunciado viene a significar que Cort le otorga a una empresa externa el cobro a los ciudadanos de las obligaciones fiscales no satisfechas.
La empresa que ha obtenido una mayor puntuación y que, por tanto, tiene todas las bazas para quedarse con el contrato es Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), entidad catalana dirigida por Ramón Solé Vilanova. La sede de CGI está ubicada en la localidad barcelonesa de Alella, de cuya agrupación socialista es secretario de comunicación el citado empresario.
Según informaciones de la prensa canaria, CGI es objeto de investigación judicial en aquel archipiélago por los presuntos delitos de corrupción, vulneración de la Ley de Protección de Datos y usurpación de funciones públicas, entre otros.  En dichos medios se asegura que la dirección de la empresa, incluido su propietario, Ramón Solé Vilanova,  fue detenida en noviembre de 2009.
En ese momento, el empresario catalán estaba siendo contratado por el alcalde 'popular' del Ayuntamiento de Marratxí, José Ramón Bauzá, para prestar el servicio de "colaboración en la actualización de las bases de datos de transcendencia tributaria" municipal. El importe de la adjudicación para CGI consistió en el "19% sobre la deuda tributaria efectivamente cobrada".
En la localidad valenciana de Mislata CGI presentó una oferta por la que ingresaba el 98% del recargo de apremio en los casos que se hubiesen cobrado; el 34% de los intereses de demora en los mismos supuestos que el caso anterior; 1,40€ por cada expediente de baja de cada deudor tramitado por la empresa y aprobada por la Alcaldía, y 3,90€ por cada expediente de crédito incobrable de cada deudor tramitado por la empresa y aprobado por la Alcaldía. Y por lo que se refiere a la 'función inspectora', por cada acta de inspección que conlleve la obtención de ingresos a favor de las arcas municipales facturaría el 20% de los ingresos recaudados de todo tipo.

Una empresa que vende tickets de discotecas en Eivissa es contratada por el Ayuntamiento para atender la información turística por 101.523 euros

El servicio de información turística del Ayuntamiento de Eivissa lo prestará a partir de ahora una empresa que tiene intereses comerciales con el propio consistorio y con las más conocidas discotecas de las islas. Muchoticket S.L ha obtenido el servicio de información turística en las oficinas municipales por la cantidad de 101.523 euros.
Casualmente, la entidad Muchoticket tiene como actividad principal la venta de entradas a las más conocidas y famosas discotecas ibicencas así como a las fiestas de toda índole que se organizan en la isla blanca durante todo el año. Muchoticket percibe una comisión por cada ticket de entrada que vende a través de internet. Por tanto, tiene intereses en el fomento y promoción de esta actividad lúdica. Además, comercializa las 'audioguías', que son unas visitas guiadas grabadas en mp-3 y que el turista puede escuchar con unos auriculares. La pregunta que se formula es si Muchoticket seguirá comercializando las 'audioguías' en el servicio de información turística y cobrando el beneficio que le reporta esta actividad de alquiler.
Las 'audioguías' se conectan en un punto determinado de la villa y el turista va siguiendo el recorrido que le proponen.
Este producto fue creado por el propio ayuntamiento y lo comercializa Muchoticket, al igual que las visitas teatralizadas de los sábados. Además, también comercializa unos talonarios con los que se accede a las discotecas y locales de ocio sin tener que hacer colas. La empresa está administrada por José María Costa Serra y tiene de responsable a José Luis Trenco Guallart. Costa Serra, junto a su hermana Catalina, son administradores también de las empesas Marazul Ibiza y Servicios Turísticos Ibzguru.
La cuestión que se suscita es saber si el Ayuntamiento de Eivissa va a impedir a Muchoticket promocionar sus productos en las oficinas de información turística.

La crítica situación económica del Ayuntamiento de Palma obliga a funcionarios a renunciar a entregar facturas y a pagarse material de trabajo

La situación económica del Ayuntamiento de Palma, en lo que se refiere a la financiación de determinados departamentos, puede calificarse de crítica o surrealista. Las partidas para gastos corrientes están agotadas y los funcionarios han de provisionarse de material de trabajo pagángolo de su propio bolsillo. Aunque sólo fuese un caso, un hecho de esta índole evidencia la angustiosa penuria financiera en la que se encuentra la institución que preside la socialista Aina Calvo. Y no es un problema que afecte a los niveles más bajos de la escala administrativa, sino que se ha dado entre aquellos funcionarios que disponen -o venían haciéndolo- de la potestad de adquirir consumibles de oficina u otro material necesario para el ejercicio de sus funciones y que entregaban a posteriori la factura para que le fuera abonada. Pues esto se ha acabado. Y empleados municipales se han encontrado con la negativa de los interventores a abonar las facturas por la inexistencia de fondos con los que hacerlas frente.
Pero mientras unos se han de financiar la adquisición de artículos que les permitan realizar mejor su trabajo o desempeñar sus funciones, otros -las entidades que reciben subvenciones por el fomento del catalán- no paran de ser regados con fondos públicos.