La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambienta, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente y Mobilidad, ha adjudicado a una empresa que los socialistas de Marratxí vinculan con la trama Gürtel de financiación ilegal del Partido Popular el servicio de explotación y mantenimiento de las instalaciones de Sa Marineta, conducción Llubí-Consell, depósito de Santa María y conducción desde Consell hasta la arqueta de ruptura. Su director ejecutivo, Mariano Morell Villalonga, acordó el pasado 7 de octubre adjudicar este servicio a la empresa Fomento Agrícola Castellonense S.A (FACSA) por la cantidad de 419.680€.
FACSA es objeto de polémica por la decisión de José Ramón Bauzá, alcalde de Marratxí y presidente del Partido Popular de Baleares, de conceder a esta empresa castellonense la privatización del servicio de aguas de Marratxí. El portavoz del grupo socialista en dicho ayuntamiento, Miquel Angel Coll, aseguró el pasado mes de marzo que la empresa que había ganado el concurso "de una forma presuntamente irregular" sea una empresa vinculada a la trama Gürtel.
El caso Gürtel investiga la presunta financiación ilegal del PP en las comunidades de Valencia y Madrid. Y la sociedad FACSA podría ser una de las empresas que, supuestamente, financiaba los actos de campaña del PP. Según la investigación policial, FACSA, junto con otras empresas valencianas, obtuvieron una cantidad próxima a los 1.000 millones de euros en adjudicaciones del gobierno de Francisco Camps. Los investigadores policiales consideran que dichas empresas podrían haber pagado facturas del PP de Madrid, a través de la empresa Easy Concept, y de los 'populares' de Valencia, mediante la empresa Orange Market de Francisco Correa.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno socialista de Antich adjudica a FACSA un servicio en Mallorca. Hace un año y medio, el 20 de marzo de 2009 firmó con la empresa castellonense el mantenimiento de las depuradoras y tratamiento de aguas de Andratx, Sóller, Valldemossa y Deià.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
miércoles, 3 de noviembre de 2010
La Comisión de Medio Ambiente rechaza el montaje de un kiosko-bar en la isla de Tagomago solicitado por Santiago Rodríguez-Miranda
La Comisión de Medio Ambiente del Govern, en su última reunión, acordó informar negativamente a la solicitud de una concesión administrativa para la instalación de un kiosko-bar en el tramo de costa denominado Illa de Tagomago. La sociedad propietaria de la finca que se extiende en el terreno insular que no corresponde a dominio público, Isla de Tagomago S.A, presentó en Demarcación de Costas una instancia por la que requería la citada concesión administrativa para el montaje del kiosko-bar. Siguiendo los trámites reglamentarios, Costas remitió a Medio Ambiente el expediente para que informara de su idoneidad debido a la protección que afecta a la isla. La respuesta ha sido negativa.
Esta no es la primera vez que la sociedad Isla de Tagomago ha intentado obtener concesiones administrativas para adecuar los accesos y favorecer su explotación. Este pasado mes de octubre se tuvo conocimiento de una sanción impuesta por Costas contra los propietarios por realziar sin autorización las obras de reforma y ampliación de un embarcadero situado en zona de dominio público de la isla. La multa puede ascender a los 22.292€.
Además, en enero de este año se supo que un juez de Ibiza había abierto diligencias penales por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente por unas obras supuestamente ilegales realizadas en 2008.
La sociedad Isla de Tagomago está administrada desde el 2003 por el abogado y ex ministro Santiago Rodríguez-Miranda Gómez quien trasladó su sede social al despacho de Iberforo en la plaza de Santa Eulalia de Palma. El pasado mes de mayo regresó a la localidad de Santa Eularia des Riu. Con anterioridad a Rodríguez-Miranda fue administrador Peter Schull, y en la actualidad tienen poderes para actuar en su nombre: Jochen Krieg y Marianne Gerschner.
La sociedad propietaria de la isla tiene alquilada la finca al agente y promotor inmobiliario Matthias Kühn.
Esta no es la primera vez que la sociedad Isla de Tagomago ha intentado obtener concesiones administrativas para adecuar los accesos y favorecer su explotación. Este pasado mes de octubre se tuvo conocimiento de una sanción impuesta por Costas contra los propietarios por realziar sin autorización las obras de reforma y ampliación de un embarcadero situado en zona de dominio público de la isla. La multa puede ascender a los 22.292€.
Además, en enero de este año se supo que un juez de Ibiza había abierto diligencias penales por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente por unas obras supuestamente ilegales realizadas en 2008.
La sociedad Isla de Tagomago está administrada desde el 2003 por el abogado y ex ministro Santiago Rodríguez-Miranda Gómez quien trasladó su sede social al despacho de Iberforo en la plaza de Santa Eulalia de Palma. El pasado mes de mayo regresó a la localidad de Santa Eularia des Riu. Con anterioridad a Rodríguez-Miranda fue administrador Peter Schull, y en la actualidad tienen poderes para actuar en su nombre: Jochen Krieg y Marianne Gerschner.
La sociedad propietaria de la isla tiene alquilada la finca al agente y promotor inmobiliario Matthias Kühn.
domingo, 31 de octubre de 2010
Malla Publicidad pone en marcha el plan de difusión de Son Espases sin esperar a firmar un contrato obtenido por disfrutar de monopolio
El Servei de Salut balear incumple la ley y sus propias condiciones de contrato al autorizar a la empresa de publicidad Malla S.A a comenzar la campaña de difusión del hospital de Son Espases sin respetar el 'planning' de actuación ni lo que estipula el art. 140.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El monopolio que disfruta Malla en las islas -objeto de estudio por el Tribunal de la Competencia- le permite actuar al alimón con las administraciones públicas investida de cierto grado de inmunidad. De no ser así, no se entendería cómo es posible que los carteles publicitarios de una campaña que debería empezar el día 4 de noviembre ilustren desde hace varios días las vallas de media Palma. Y tampoco se explica por qué Malla se hace directora de la campaña de difusión si aún no se ha firmado el contrato de adjudicación; la Ley establece que han de transcurrir 15 días hábiles desde que se notifica la resolución (28-10-10) hasta la formalización del contrato. Por tanto, el monopolio de publicidad Malla no dispondrá del contrato que le obliga a ejecutar la campaña ántes del 16 de noviembre.
Sin embargo, y conociendo lo que establece la Ley, no se explica cómo la planificación de la campaña realizada por el área de Comunicación del Servei de Salut establece el día 4 como fecha de inicio.
El 15 de octubre el director general del Servei de Salut aprobó el expediente de contratación en el que se recuerda que el importe del gasto (232.799€) corre a cargo de la sociedad concesionaria de las obras de Son Espases; dato éste que lo que pretende es excusar el elevado coste de la campaña ya que, como todo el mundo sabe, quien paga todos los gastos de la concesionaria es la Comunidad Autónoma Illes Balears.
Ese mismo día 15 el jefe de área de Comunicación responsable del expediente emitió un "informe de exclusividad técnica" en el que viene a constatar el monopolio que ejerce la empresa Malla en lo referente a publicidad exterior en todas las islas. Textualmente dice: "...el circuíto Opis Mallorca lo tiene en explotación exclusiva Malla Publicidad al igual que las vallas situadas en propiedades cedidas por sus propietarios privados o instituciones públicas...". Por estos motivos monopolistas, el Servei de Salut concluye que Malla es la "única empresa" que cumple los requisitos esenciales para obtener la óptima difusión del nuevo hospital y, así pués, es la única que puede ser nombrada como adjudicataria del contrato". Un contrato, por cierto, negociado y sin publicidad.
El monopolio que disfruta Malla en las islas -objeto de estudio por el Tribunal de la Competencia- le permite actuar al alimón con las administraciones públicas investida de cierto grado de inmunidad. De no ser así, no se entendería cómo es posible que los carteles publicitarios de una campaña que debería empezar el día 4 de noviembre ilustren desde hace varios días las vallas de media Palma. Y tampoco se explica por qué Malla se hace directora de la campaña de difusión si aún no se ha firmado el contrato de adjudicación; la Ley establece que han de transcurrir 15 días hábiles desde que se notifica la resolución (28-10-10) hasta la formalización del contrato. Por tanto, el monopolio de publicidad Malla no dispondrá del contrato que le obliga a ejecutar la campaña ántes del 16 de noviembre.
Sin embargo, y conociendo lo que establece la Ley, no se explica cómo la planificación de la campaña realizada por el área de Comunicación del Servei de Salut establece el día 4 como fecha de inicio.
El 15 de octubre el director general del Servei de Salut aprobó el expediente de contratación en el que se recuerda que el importe del gasto (232.799€) corre a cargo de la sociedad concesionaria de las obras de Son Espases; dato éste que lo que pretende es excusar el elevado coste de la campaña ya que, como todo el mundo sabe, quien paga todos los gastos de la concesionaria es la Comunidad Autónoma Illes Balears.
Ese mismo día 15 el jefe de área de Comunicación responsable del expediente emitió un "informe de exclusividad técnica" en el que viene a constatar el monopolio que ejerce la empresa Malla en lo referente a publicidad exterior en todas las islas. Textualmente dice: "...el circuíto Opis Mallorca lo tiene en explotación exclusiva Malla Publicidad al igual que las vallas situadas en propiedades cedidas por sus propietarios privados o instituciones públicas...". Por estos motivos monopolistas, el Servei de Salut concluye que Malla es la "única empresa" que cumple los requisitos esenciales para obtener la óptima difusión del nuevo hospital y, así pués, es la única que puede ser nombrada como adjudicataria del contrato". Un contrato, por cierto, negociado y sin publicidad.
sábado, 30 de octubre de 2010
Emaya traslada diariamente a Son Reus toneladas de escombros de obras depositados en los contenedores de basuras para no pagar las tasas
Contenedores verdes de basura convertidos en depósitos de escombros de obra. Este es el panorama que se encuentran diariamente los camiones de Emaya cuando realizan sus rutas por los distintos barrios de Palma. Los propios empleados de la empresa municipal confirman que el porcentaje de contenedores con escombros es muy alto. También afirman que no pueden hacer otra cosa que descargarlos ya que han de dejarlos vacios para la siguiente jornada.
Y esta práctica, que ya era habitual antes del inicio de la crisis debido a las elevadas tasas de reciclaje que impone el Consell Insular por tonelada de escombro a tratar en su planta de Son Reus, se ha incrementado en los últimos meses por la proliferación de obras ejecutadas por trabajadores inmersos en lo que se conoce como 'economía sumergida'.
Presupuestos para reformas en el hogar, a los que se ajustan los costes de mano de obra y material, no incluyen el precio de reciclaje y el alquiler de un contenedor ya que se dispararía. El sistema de eliminación de los residuos sigue siendo el mismo desde hace años: el traslado de los escombros en bolsas para ser depositados en solares, cunetas y urbanizaciones abandonadas. Sin embargo este sistema, que requería hacer quilómetros hasta desprenderse furtivamente de los restos de obra, se ha sustituído por excursiones por los barrios de Palma en busca de contendores verdes en los que depositarlos.
La Policía Local recibe con cierta asiduidad llamadas de vecinos que denuncian haber visto al conductor de una furgoneta introducir sacos de escombros en los contenedores de basura. Sin embargo, estas denuncias sólo sirven para constatar lo que diariamente observan los empleados de Emaya ya que mientras los agentes no pillen 'in fraganti' a los infractores no pueden actuar contra ellos.
Y esta práctica, que ya era habitual antes del inicio de la crisis debido a las elevadas tasas de reciclaje que impone el Consell Insular por tonelada de escombro a tratar en su planta de Son Reus, se ha incrementado en los últimos meses por la proliferación de obras ejecutadas por trabajadores inmersos en lo que se conoce como 'economía sumergida'.
Presupuestos para reformas en el hogar, a los que se ajustan los costes de mano de obra y material, no incluyen el precio de reciclaje y el alquiler de un contenedor ya que se dispararía. El sistema de eliminación de los residuos sigue siendo el mismo desde hace años: el traslado de los escombros en bolsas para ser depositados en solares, cunetas y urbanizaciones abandonadas. Sin embargo este sistema, que requería hacer quilómetros hasta desprenderse furtivamente de los restos de obra, se ha sustituído por excursiones por los barrios de Palma en busca de contendores verdes en los que depositarlos.
La Policía Local recibe con cierta asiduidad llamadas de vecinos que denuncian haber visto al conductor de una furgoneta introducir sacos de escombros en los contenedores de basura. Sin embargo, estas denuncias sólo sirven para constatar lo que diariamente observan los empleados de Emaya ya que mientras los agentes no pillen 'in fraganti' a los infractores no pueden actuar contra ellos.
Sa Nostra pasa a controlar un activo inmobiliario de Gabriel Oliver, presidente de los promotores, por valor de más de 7 millones y medio de euros
La Caja de Ahorros de Baleares 'Sa Nostra' se ha hecho con el control de un activo inmobiliario valorado en 7.515.250€ que hasta el pasado jueves estaba en manos del presidente de la Asociación de Promotores, Gabriel Oliver Cerdá. Según ha podido constatar este digital, Oliver fue hasta el día 28 administrador único de la sociedad inmobiliaria Som Promociones 2004 S.L. Esta entidad tuvo unas ventas contabilizadas en 2008 de casi 500.000€. Sin embargo, la congelación del mercado inmobiliario en estos dos últimos años la llevó a registrar unos ingresos de sólo 12.012€ el pasado ejercicio de 2009.
Esta situación, y la imposibilidad de seguir manteniendo los compromisos financieros con Sa Nostra, ha obligado a Oliver a deshacerse del activo de Som Promociones 2004 que, como ya se ha indicado, asciende a esos siete millones y medio de euros.
Sin embargo, y a diferencia de una operación similiar llevada a cabo con el promotor Fausto Ferrero, y de la que dio cuenta este digital el 8 de julio, en esta ocasión Sa Nostra no ha recurrido directamente a la sociedad Invernostra -como si hizo con Edificadora Es Puig del Grup Fer- sino que ha empleado a una filial de ésta. Se trata de Son Mobilia 2008, entidad con el mismo domicilio social que Invernostra (Cami de Son Fangos 100- Complejo Mirall Balear) y cuyo capital social está controlado al 100% por la inversionista de Sa Nostra. El telefóno de Son Mobilia 2008 es el mismo que el del director general de Sociedades Participadas de Sa Nostra, Rafael Oliver Roca.
Som Promociones 2004 se constituyó en junio de 2005 pero comenzó a operar tres meses antes. En abril de 2008 Oliver trasladó la sede social a su centro neurálgico: la Gerencia Inmobiliaria Balear (Gib) en Sa Gerreria de Palma.
A pesar de esta descapitalización, Oliver es presidente de 'Retiro en Campos de Mallorca S.L', Juvigolf y Sagib Carreras, entidad de la que José Maria Carreras Piraces es vicepresidente. También se mantiene como administrador único de una decena de sociedades entre las que destacan Formentera Building y Formentera Park así como Habitatges Protegits, Pinar de Sa Coma o Polígono Ciudad Jardín.
Esta situación, y la imposibilidad de seguir manteniendo los compromisos financieros con Sa Nostra, ha obligado a Oliver a deshacerse del activo de Som Promociones 2004 que, como ya se ha indicado, asciende a esos siete millones y medio de euros.
Sin embargo, y a diferencia de una operación similiar llevada a cabo con el promotor Fausto Ferrero, y de la que dio cuenta este digital el 8 de julio, en esta ocasión Sa Nostra no ha recurrido directamente a la sociedad Invernostra -como si hizo con Edificadora Es Puig del Grup Fer- sino que ha empleado a una filial de ésta. Se trata de Son Mobilia 2008, entidad con el mismo domicilio social que Invernostra (Cami de Son Fangos 100- Complejo Mirall Balear) y cuyo capital social está controlado al 100% por la inversionista de Sa Nostra. El telefóno de Son Mobilia 2008 es el mismo que el del director general de Sociedades Participadas de Sa Nostra, Rafael Oliver Roca.
Som Promociones 2004 se constituyó en junio de 2005 pero comenzó a operar tres meses antes. En abril de 2008 Oliver trasladó la sede social a su centro neurálgico: la Gerencia Inmobiliaria Balear (Gib) en Sa Gerreria de Palma.
A pesar de esta descapitalización, Oliver es presidente de 'Retiro en Campos de Mallorca S.L', Juvigolf y Sagib Carreras, entidad de la que José Maria Carreras Piraces es vicepresidente. También se mantiene como administrador único de una decena de sociedades entre las que destacan Formentera Building y Formentera Park así como Habitatges Protegits, Pinar de Sa Coma o Polígono Ciudad Jardín.
miércoles, 27 de octubre de 2010
La apertura del tercer carril de la Vía de Cintura entre la salida de Valldemosa y la de son Rapinya es acogida con satisfacción por los usuarios
La apertura del tercer carril de la Vía de Cintura de Palma entre la altura de la salida de Valldemosa y la de Son Rapinya ha sido acogida con satisfacción por los miles de usuarios que diariamente recorren esta circunvalación. Lo que más valoran los conductores es la significativa reducción del tiempo que antes dedicaban a superar ese tramo y la seguridad que causa a la propia conducción poder circular a una velocidad constante sin el temor a toparse con retenciones imprevistas.
La unión temporal de empresas formada por las constructoras Vopsa y Copisa, adjudicatarias de esta obra del Consell, pusieron en circulación el tercer carril en vísperas del inicio del curso escolar con el objeto de facilitar el acceso a la zona de colegios a los alumnos que acuden en vehículos particulares. Desde entonces, el tránsito por la Vía de Cintura es fluido por este tramo y no han vuelto a producirse las retenciones que hasta entonces se generaban a la altura del cementerio de Palma en ambas direcciones. En los próximos meses se concluirá la obra de ampliación del tercer carril a unos doscientos metros del túnel de Génova, tramo que se mantendrá con dos carriles por la imposibilidad técnica de ensancharlo.
La UTE Vopsa-Copisa ha proyectado otras obras complementarias como el ensanchamiento del ramal de salida a Génova y Son Dureta o las incorporaciones a la vía de circunvalación. Para el mes de marzo, aproximadamente, los responsables de la obra tienen previsto echar la última capa de aglomerado asfáltico, la que se conoce como capa de rodadura, en el conjunto de toda la obra: desde el túnel de Génova hasta el enlace de la carretera de Sóller.
La unión temporal de empresas formada por las constructoras Vopsa y Copisa, adjudicatarias de esta obra del Consell, pusieron en circulación el tercer carril en vísperas del inicio del curso escolar con el objeto de facilitar el acceso a la zona de colegios a los alumnos que acuden en vehículos particulares. Desde entonces, el tránsito por la Vía de Cintura es fluido por este tramo y no han vuelto a producirse las retenciones que hasta entonces se generaban a la altura del cementerio de Palma en ambas direcciones. En los próximos meses se concluirá la obra de ampliación del tercer carril a unos doscientos metros del túnel de Génova, tramo que se mantendrá con dos carriles por la imposibilidad técnica de ensancharlo.
La UTE Vopsa-Copisa ha proyectado otras obras complementarias como el ensanchamiento del ramal de salida a Génova y Son Dureta o las incorporaciones a la vía de circunvalación. Para el mes de marzo, aproximadamente, los responsables de la obra tienen previsto echar la última capa de aglomerado asfáltico, la que se conoce como capa de rodadura, en el conjunto de toda la obra: desde el túnel de Génova hasta el enlace de la carretera de Sóller.
La constructora Bartolomé Ramón realizó una ampliación de capital de 755.000€ un año antes de presentar concurso de acreedores voluntario
La decisión de los responsables de la constructora Pavimentaciones Bartolomé Ramón de presentar concurso de acreedores voluntario el pasado mes de junio tuvo un antecedente sintomático un año antes cuando el 3 de junio de 2009 los administradores Francisca y Pedro Juan Bestard Ramón, con el visto bueno de su padre y apoderado, Gabriel Bestar Moyá, aprobaron una ampliación de capital de 755.000€ en la sociedad, alzando el resultante a los 906.000€.
Expertos consultados por este digital interpretan este hecho como el inicio de un proceso dirigido, precisamente, a la suspensión de pagos y maquinado para protegerse ante una eventual presentación de quiebra. Un capital social de 151.000€ no hubiera impedido que cualquier acreedor instase la quiebra. En ese escenario, la que en su día fue una de las más importantes, por volumen de negocio y facturación, empresas constructoras de obra pública de la isla se hubiera convertido en presa fácil para depredadores judiciales y financieros.
Con el concurso de acreedores, las posibilidades de conservarla son mucho mayores. Y en esa texitura se entiende una ampliación de capital que, según los citados expertos, se ha debido realizar con la conversión de la deuda de la sociedad con sus socios en capital social, tal y como permite la Ley. De esta forma, al incorporar al capital social la deuda con los administradores éstos renuncian a ella y se 'maquilla' las finanzas de la empresa tanto interna como externamente.
El pasado día 14 de octubre la juez de Lo Mercantil nombró al abogado y profesor asociado de Derecho Procesal de la UIB, Iñigo Casasayas Talens, administrador concursal de Bartolomé Ramón. Este abogado forma parte del bufete Lafuente. Su fundador, el ya fallecido José María Lafuente López, era secretario del consejo de administración del Real Mallorca cuando Gabriel Bestard Moyá era uno de sus miembros. Lafuente falleció el pasado 31 de julio, catorce meses después de que se planificase la operación de salvamento de Bartolomé Ramón.
Una de las causas de la situación actual de Bartolomé Ramón S.A es la merma en los proyectos públicos por parte de todas las administraciones y la repercusión en la cartera de pedidos de las constructoras. Lo que los profesionales del sector no llegan a entender es cómo una empresa que había alcanzado el zenit de la obra pública, no sólo por las adjudicaciones de las administraciones municipales, insulares y autonómicas sino por las contratas de Gesa y Emaya, ha pasado a una situación de quiebra aparente.
Expertos consultados por este digital interpretan este hecho como el inicio de un proceso dirigido, precisamente, a la suspensión de pagos y maquinado para protegerse ante una eventual presentación de quiebra. Un capital social de 151.000€ no hubiera impedido que cualquier acreedor instase la quiebra. En ese escenario, la que en su día fue una de las más importantes, por volumen de negocio y facturación, empresas constructoras de obra pública de la isla se hubiera convertido en presa fácil para depredadores judiciales y financieros.
Con el concurso de acreedores, las posibilidades de conservarla son mucho mayores. Y en esa texitura se entiende una ampliación de capital que, según los citados expertos, se ha debido realizar con la conversión de la deuda de la sociedad con sus socios en capital social, tal y como permite la Ley. De esta forma, al incorporar al capital social la deuda con los administradores éstos renuncian a ella y se 'maquilla' las finanzas de la empresa tanto interna como externamente.
El pasado día 14 de octubre la juez de Lo Mercantil nombró al abogado y profesor asociado de Derecho Procesal de la UIB, Iñigo Casasayas Talens, administrador concursal de Bartolomé Ramón. Este abogado forma parte del bufete Lafuente. Su fundador, el ya fallecido José María Lafuente López, era secretario del consejo de administración del Real Mallorca cuando Gabriel Bestard Moyá era uno de sus miembros. Lafuente falleció el pasado 31 de julio, catorce meses después de que se planificase la operación de salvamento de Bartolomé Ramón.
Una de las causas de la situación actual de Bartolomé Ramón S.A es la merma en los proyectos públicos por parte de todas las administraciones y la repercusión en la cartera de pedidos de las constructoras. Lo que los profesionales del sector no llegan a entender es cómo una empresa que había alcanzado el zenit de la obra pública, no sólo por las adjudicaciones de las administraciones municipales, insulares y autonómicas sino por las contratas de Gesa y Emaya, ha pasado a una situación de quiebra aparente.
martes, 26 de octubre de 2010
El trasiego de residuos entre las islas y con la Península tiene un coste anual para el Estado de 6 millones de euros administrados por el Govern
El trasiego de residuos entre las cuatro islas baleares y desde éstas hacia la Península tiene un coste para las arcas del Estado superior a los seis millones de euros anuales. Esta cantidad es administrada por el Govern de les Illes Balears a través de las subvenciones que concede, previa solicitud en la ventanilla de la Conselleria de Medio Ambiente, a las empresas del sector.
A pesar del incremento de empresas dedicadas al reciclaje que se han montado en los últimos cuatro años en el polígono de Ses Veles, en Bunyola, junto a Tirme, Baleares genera ingentes toneladas de residuos de toda índole que no pueden ser tratados en las islas y que han de ser enviados a la Península para su conversión en materia prima, en muchos casos.
Los 6 millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.000 millones de pesetas, que se destinan a estas subvenciones es uno de los costes de insularidad que cubre el Estado y que reciben empresas como Adalmo, para el traslado de metales y chatarra; Baresa, todo lo referente a papel y cartón; Anglo Balear de Servicios e Higiene, en lo que afecta a residuos sanitarios, y otras.
En el tercer trimestre de 2010 el interventor de la Conselleria de Economia i Hisenda autorizó las subvenciones que por un montante de 1.586.053€ se han aprobado por Medi Ambient. La empresa Adalmo, con 609.860€, es la que recibe una mayor subvención, seguida por Baresa, con 242.277€, y la UTE Giref, de Eivissa, con 218.349€.
Ante este volumen de subvenciones hay políticos que consideran que si se subvencionase la implantación en Ses Veles de un mayor número de empresas de reciclaje se crearía empleo, se generarían materias primas para consumo interno y para exportar y se reduciría el coste que para las arcas del Estado supone el trasiego, sobretodo marítimo, de los residuos que no pueden ser tratados en las islas.
A pesar del incremento de empresas dedicadas al reciclaje que se han montado en los últimos cuatro años en el polígono de Ses Veles, en Bunyola, junto a Tirme, Baleares genera ingentes toneladas de residuos de toda índole que no pueden ser tratados en las islas y que han de ser enviados a la Península para su conversión en materia prima, en muchos casos.
Los 6 millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.000 millones de pesetas, que se destinan a estas subvenciones es uno de los costes de insularidad que cubre el Estado y que reciben empresas como Adalmo, para el traslado de metales y chatarra; Baresa, todo lo referente a papel y cartón; Anglo Balear de Servicios e Higiene, en lo que afecta a residuos sanitarios, y otras.
En el tercer trimestre de 2010 el interventor de la Conselleria de Economia i Hisenda autorizó las subvenciones que por un montante de 1.586.053€ se han aprobado por Medi Ambient. La empresa Adalmo, con 609.860€, es la que recibe una mayor subvención, seguida por Baresa, con 242.277€, y la UTE Giref, de Eivissa, con 218.349€.
Ante este volumen de subvenciones hay políticos que consideran que si se subvencionase la implantación en Ses Veles de un mayor número de empresas de reciclaje se crearía empleo, se generarían materias primas para consumo interno y para exportar y se reduciría el coste que para las arcas del Estado supone el trasiego, sobretodo marítimo, de los residuos que no pueden ser tratados en las islas.
miércoles, 20 de octubre de 2010
El Ayuntamiento de Andratx concede la licencia de demolición de la caseta de aperos de Eugenio Hidalgo contra la que la Audiencia dictó el derribo
El Ayuntamiento de Andratx ha concedido ya la licencia de demolición preceptiva para la conversión en escombros de la caseta de aperos -convertida en refugio dominical- que el ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo reformó y amplió a escasos cien metros del Castell de Son Mas, sede del Consistorio.
La representación legal de Hidalgo solicitó la citada licencia en el Departamento de Urbanismo después de que la Audiencia Provincial le remitiera un escrito en el que se le comunicaba la obligación que tiene de demoler la construcción que fue declarada ilegal. El mismo escrito le fue enviado al concejal responsable de Urbanismo para que los servicios técnicos municipales lleven a cabo el seguimiento de su demolición e informe de la fecha de inicio de los trabajos y del resultado final.
El Tribunal Supremo confirmó en diciembre del pasado año la sentencia de cuatro años de privación de libertad a la que fue condenado en Palma por haber convertido una caseta para guardar las herramientas y labores del campo en un habitáculo más grande, dotado de cuarto de aseo, cocina y una estancia para descansar. La Audiencia aceptó la tesis de la Fiscalía que elevó la consideró de la caseta a vivienda construida en un área rural de interés paisajístico con una licencia de ampliación de nave agrícola.
Esta sentencia fue la primera que se dictó en Mallorca acompañada de privación de libertad por un periodo tan prolongado. Hasta entonces, ampliaciones y reformar de casetas agrícolas para hacerlas habitables habían sido tramitadas por vía administrativa y acompañadas de sanciones económicas y derribos del exceso construido en los casos en los que hubo denuncia, pero jamás se había privado a alguien de libertad por ello. La Constitución española establece la pena de cárcel como un medio de reinserción social. De lo que se deduce que en la prisión de Palma Hidalgo está sometido a un proceso de reinserción con la finalidad de que una vez recupere la libertad no vuelva a cometer una infracción urbanística. Al parecer, dedica su tiempo a recibir clases de inglés.
La representación legal de Hidalgo solicitó la citada licencia en el Departamento de Urbanismo después de que la Audiencia Provincial le remitiera un escrito en el que se le comunicaba la obligación que tiene de demoler la construcción que fue declarada ilegal. El mismo escrito le fue enviado al concejal responsable de Urbanismo para que los servicios técnicos municipales lleven a cabo el seguimiento de su demolición e informe de la fecha de inicio de los trabajos y del resultado final.
El Tribunal Supremo confirmó en diciembre del pasado año la sentencia de cuatro años de privación de libertad a la que fue condenado en Palma por haber convertido una caseta para guardar las herramientas y labores del campo en un habitáculo más grande, dotado de cuarto de aseo, cocina y una estancia para descansar. La Audiencia aceptó la tesis de la Fiscalía que elevó la consideró de la caseta a vivienda construida en un área rural de interés paisajístico con una licencia de ampliación de nave agrícola.
Esta sentencia fue la primera que se dictó en Mallorca acompañada de privación de libertad por un periodo tan prolongado. Hasta entonces, ampliaciones y reformar de casetas agrícolas para hacerlas habitables habían sido tramitadas por vía administrativa y acompañadas de sanciones económicas y derribos del exceso construido en los casos en los que hubo denuncia, pero jamás se había privado a alguien de libertad por ello. La Constitución española establece la pena de cárcel como un medio de reinserción social. De lo que se deduce que en la prisión de Palma Hidalgo está sometido a un proceso de reinserción con la finalidad de que una vez recupere la libertad no vuelva a cometer una infracción urbanística. Al parecer, dedica su tiempo a recibir clases de inglés.
martes, 19 de octubre de 2010
La sociedad Mercapital, participada por Lara, se hace con la gestión de la Policlínica Miramar a través del Grupo Hospitalario Recoletas
La sociedad de inversiones Mercapital, a través del Grupo Hospitalario Recoletas (GHR), pasa a controlar la Policlínica Miramar tras el nombramiento de GHR para el cargo de administrador único de Asklepios Sociedad de Gestión Sanitaria, entidad que administra, a su vez, la Agrupación Médica Balear (Ameba), propietaria de la mencionada clínica privada. Este enrevesado cruce de intereses societarios conduce a explicar que Inversiones Grupo Miralles (IGM), que desde hace cuatro años ha venido controlando Ameba con la titularidad del 97,5% de sus acciones, ha pasado a un segundo plano tras el cese de Andrés Fullana Gomila como administrador de Asklepios y el nombramiento en su lugar de GHR.
A partir de ahora, el control accionarial de la Policínica Miramar pasa a estar en manos de una sociedad participada mayoritariamente por la Corporación Accionarial Lara. De hecho, un gran paquete accionarial de Mercapital está en manos de Inversiones Hemisferio, propiedad al 100% de Stier Investment. Este último gabinete está administrado por Planeta Corporación, entidad de la Corporación Accionarial Lara.
Sin embargo, hay otro interesante vértice en este entramado de intereses económicos. La Familia March es socia de Mercapital en Artà Capital por medio de Alba Participaciones. Y no hay que olvidar que el ex director general de Banca March Antonio Mascaró Gomila realizó a mediados del pasado año una importante aportación económica a la sociedad propietaria de la Policlínica Miramar con el objeto de ayudar a su gestor, Francisco Miralles Fornés, a superar la difícil situación por la que atravesaba esta institución sanitaria. En junio de 2009 Antonio Mascaró entró en el accionariado de Inversiones Grupo Miralles (IGM) a través de la sociedad Inversiones Bruja, cuyo accionista es su hijo Jaime Mascaró Rubert.
A partir de ahora, el control accionarial de la Policínica Miramar pasa a estar en manos de una sociedad participada mayoritariamente por la Corporación Accionarial Lara. De hecho, un gran paquete accionarial de Mercapital está en manos de Inversiones Hemisferio, propiedad al 100% de Stier Investment. Este último gabinete está administrado por Planeta Corporación, entidad de la Corporación Accionarial Lara.
Sin embargo, hay otro interesante vértice en este entramado de intereses económicos. La Familia March es socia de Mercapital en Artà Capital por medio de Alba Participaciones. Y no hay que olvidar que el ex director general de Banca March Antonio Mascaró Gomila realizó a mediados del pasado año una importante aportación económica a la sociedad propietaria de la Policlínica Miramar con el objeto de ayudar a su gestor, Francisco Miralles Fornés, a superar la difícil situación por la que atravesaba esta institución sanitaria. En junio de 2009 Antonio Mascaró entró en el accionariado de Inversiones Grupo Miralles (IGM) a través de la sociedad Inversiones Bruja, cuyo accionista es su hijo Jaime Mascaró Rubert.
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