El socialista José Antonio Santos negoció con el alcalde socialista de Maò el alquiler de un local suyo para ser la sede del archivo administrativo

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maò presidida por el entonces alcalde y actual senador socialista Arturo Bagur negoció con José Antonio Santos Hierro, actual director general de Coordinación de Proyectos Estratégicos del Govern, el alquiler de un local propiedad de la sociedad Caralmar Gestión Activa destinado a ser la sede del archivo administrativo municipal.
El local, ubicado en los bajos de un edificio construido en el nº 33 de la calle Borja Moll de Maò, fue alquilado por al consistorio mahonés en fecha anterior a febrero de 2007 ya que el día 27 de ese mes se aprobó una prórroga hasta el 31 de diciembre de ese año. Antes de que concluyera, Bagur negoció directamente con Santos el arrendamiento por dos años más previo pago de 23.400 euros anuales. La misma operativa se llevó a cabo en diciembre de 2009 cuando el actual alcalde Vicenç Tur lo prorrogó por doce meses más y la cantidad de 23.727 euros más el incremento del IPC del 2009.
La sociedad Caralmar Gestión Activa fue constituida el 5 de diciembre de 2003 por José Antonio Santos pocos meses después de cesar como gerente del Servei Ferroviari de Mallorca, cargo que ocupó durante el primer gobierno de Francesc Antich. En la actualidad su capital social asciende a 120.400 euros.
El socialista Santos Hierro, además de director general es consejero y vocal de la sociedad pública Multimedia de les Illes Balears y de la Autoridad Portuaria de Baleares. También es socio de la sociedad cooperativa Iber Hábitat, entidad presidida por Llorenç Vives Mir. Vives ocupa el cargo de consejero delegado de Gabinet Vives, empresa a la que Multimedia de les Illes Balears le adjudicó tres contratos de asesoría por un montante de 73.000 euros. 

Gabriel Vicens no logra constituir la Comisión Permanente de gestión de la Serra de Tramontana por la impugnación de los propietarios de fincas

El conseller de Medio Ambiente, Gabriel Vicens, intentó en la tarde de ayer jueves constituir la Comisión Permanente de Autoridad de Gestión del Paraje Natural de la Serra de Tramontana sin contar con todos los miembros preceptivos que contempla la orden de 21 de mayo de 2007.
La reunión, convocada en Esporles, acabó con la impugnación presentada por la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Baleares debido, entre otros motivios, a la incomparecencia de algunos de los alcaldes que deben formar parte de dicha comisión.
Por tanto, Vicens es muy probable que acabe esta Legislatura sin sacar adelante el citado órgano de gestión ya que la orden del conseller de Medio Ambiente establece que para la toma de decisiones de índole medioambiental de los espacios naturales protegidos, deben constituirse autoridades de gestión con la presencia de los ayuntamientos afectados y consells del ámbito insular, así como con la representación adecuada de propietarios y otros titulares de derechos dentro de los espacios naturales protegidos.
Este varapalo acontece en un momento crucial en la candidatura de la Serra de Tramontana para ser declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad.
Con la Orden de 2007 se creó la Autoridad de Gestión del Paraje Natural de la Serra de Tramontana como órgano colegiado de la Administración de la Comunidad Autónoma para la toma de decisiones en la gestión medioambiental de dicho paraje, de sus reservas naturales, monumentos naturales y lugares de interés científico y microreservas.
La finalidad de la Autoridad de Gestión es, por tanto, la de integrar en la toma de decisiones a los representantes de las administraciones locales y una representación de los propietarios y de otros titulares de derechos con el objetivo de cuidar la conservación y la mejora del patrimonio natural y paisajístico, la puesta en valor del patrimonio natural existente tanto en suelo público como privado y su promoción socioeconómica en términos de sostenibilidad, así como la difusión pública y educativa de los valores de este patrimonio compatible con los derechos de los titulares del suelo.
Dicha autoridad ha de funcionar en Pleno y en Comisión Permanente, ambos órganos de composición paritaria entre administraciones y propietarios.
La Comisión Permanente tiene como funciones: aprobar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, los programas anuales de ejecución; concretar las propuestas de actividades que puedan ser objeto de subvención, y otras medidas de fomento. Su inconstitución impide llevar a cabo dichos objetivos.

Barceló capitaliza con 95 millones de euros dos de sus sociedades para proseguir con la reforma del complejo Bávaro Beach en República Dominicana

El grupo turístico Barceló ha capitalizado dos de sus sociedades con más de 95 millones de euros con el fin de concluir la reforma y modernización del complejo Bávaro Beach, el primer centro de ocio con capital mallorquín que abrió sus puertas en la República Dominicana. En 1985 los hermanos Barceló se convirtieron en pioneros de la industria turística balear en ese país del Caribe. Desde entonces el resto de empresas turísticas mallorquinas han seguido sus pasos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en la construcción de complejos hoteleros de lujo en aquel destino turístico.
Hace dos años el Grupo Barceló comenzó la reforma del hotel Bávaro Palace Deluxe con una inversión de 76 millones de euros. El pasado día 1 este establecimiento reabrió sus puertas 23 años después de su inauguración. Ese mismo día se hacía pública una ampliación de capital de 47.863.933€ de la sociedad Flamingo Bávaro S.L, sociedad de cartera que preside Francisca Barceló Vadell. Desde que se constituyó en 2001 esta sociedad había mantenido su capital social en 448.350€.
La totalidad de las acciones de Flamingo Bávaro están en manos de la sociedad Flamingo Cartera, entidad que absorbió a la primera en noviembre de 2008, coincidiendo con el inicio de la reforma del hotel de Playa Bávaro.
Flamingo Cartera también amplió su capital social en 47.998.833€ días después de hacerlo Flamingo Bávaro. Está participada por Grupo Turístico Barceló y por Barceló Hotels Mediterráneo y participa con un 10% en la sociedad Hotelera Bávaro S.A.
Fuentes de la empresa han confirmado que el coste total de la reforma que se está llevando a cabo en el Complejo Bávaro es de unos 180 millones de euros. Esta es una de las mayores inversiones realizadas por el Grupo Barceló en toda su historia.
Paradójicamente, este grupo hotelero está invirtiendo en República Dominicana mientras que en Mallorca no puede llevar a cabo la modernización del Hotel Formentor por las trabas de tipo político y administrativo que le ponen. Barceló tiene proyectada una reforma del emblemático establecimiento que le supondría invertir decenas de millones de euros y la creación de muchos puestos de trabajo. El proyecto está paralizado.

El Govern no paga a las farmacias pero destina 122.210€ a concienciar a israelitas y palestinos de que la guerra tiene un coste medioambiental

La Agencia de Cooperación Internacional que preside la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, ha dado por concluída la campaña de este año 2010 con la firma el pasado 29 de noviembre de una resolución por la que se da publicidad de todas las subvenciones concedidas para la cooperación al desarrollo y acción humanitaria, para la sensibilización y para ayudar a los cooperantes. La previsión de gasto a principio del ejercicio fue de 5.920.000€. Sin embargo, esta cantidad no se ha alcanzado y a 29 de noviembre el ahorro para las arcas autonómicas se puede estimar en unos 700.000€. Dinero que no ha ido a parar a financiar ningún proyecto en países en vías de desarrollo. En comparación con 2008, la reducción en inversión en futuro en esos países ha sido del 50%, de 10.380.249€ se ha pasado a 5.202.300€ este año.
La impresión que rezuma el enunciado de los proyectos aprobados es que desde la Agencia se ha 'regado' a particulares y organizaciones no gubernamentales para asuntos que poco o nada tienen que ver con la cooperación al desarrollo, o le son muy transversales. El primer dato que llama la atención es que ningún proyecto supera los 150.000€. Esta cantidad es el listón máximo para que la subvención pueda ser aprobada sin recurrir a fiscalización suplementaria de gasto. De hecho, el único proyecto que alcanza esa cifra, pero sin superarla en un céntimo, es el de Vecinos Sin Fronteras para la "autoconstrucción" de viviendas en la comunidad pigmea de Vyegwa Gika. El siguiente que más se aproxima es el de Ingeniería Sin Fronteras que con 149.997€ han dado un uso adecuado al agua en dos poblados indígenas de Sudamérica.
Luego están las susceptibilidades patrióticas como las que puede provocar llamar "país en vía de desarrollo" a Argentina. Baleares destina 61.246€ a "fomentar buenos hábitos familiares y educación integral de niños de 6 a 13 años de la Casa de Niños de Avellaneda". O las acciones políticas como el destino de 131.231€ a fortalecer organizaciones "urbano populares" para el ejercicio del derecho de participación y control social en cuatro ciudades, al parecer, colombianas. Y si hay proyectos ingeniosos también hay promotores avispados como el que convenció a la Agencia de Cooperación para que le diera 122.210€ para "concienciar a israelitas y palestinos sobre el coste medioambiental de la ausencia de paz y promover una solución sostenible". Lo que nadie ha podido decir es si se auditan, o no, los proyectos y si alguien del Govern ha de comprobar si los israelistas y los palestinos están concienciados tras la citada iniciativa.
Y para lo que el Govern también ha destinado un buen pellizco es para la "sensibilización". Esto consiste en subvencionar con varios miles de euros a personas bien identificadas políticamente para que sensibilicen sobre la "compra ética", por ejemplo. La subvención de 14.643€ para "la implantación y consolidación de la compra pública ética en la comarca de Llevant" es representativa de ello.
Por último están las ayudas a los cooperantes que, aunque no se deberían entender como subvenciones  directas al desarrollo, sirven para que éstos vayan con todos los gastos pagados a sondear nuevos proyectos o a visitar los que están en marcha.

Afers Socials da de baja del censo de entidades juveniles a 103 asociaciones, entre ellas Vicenç Ferrer, por no entregar su memoria de actividades

Ciento tres entidades y asociaciones juveniles no podrán solicitar ningún tipo de subvención al Govern y, por extensión, a otras instituciones públicas, al haber quedado excluídas del censo de entidades juveniles y de entidades prestadoras de servicios a la juventud por la no presentación de su menoria de actividad o no haber actualizado alguno de sus datos.
Así lo ha dispuesto el director general de Juventud, Joan Ferrá Terrasa, quien el pasado día 11 de noviembre acordó dar de baja del citado censo a ese centenar de entidades. Entre ellas cabe destacar la Fundación Vicente Ferrer, la Federación de Padres de Niños Oncológicos, la Asociación de Familias Numerosas, la Federación de Asociaciones Juveniles Laicas y Progresistas, Joventut Socialistes, Aspanob, Fepae, Rotaract Club de Palma, Cofradía de Penitentes, Asociación Mallorca Jove o la Asociación de Universitarios de les Illes Balears.
El censo de entidades juveniles se creó como un instrumento de la Dirección General de la Juventud para potenciar la creación y la consolidación del asociacionismo juvenil como un canal fundamental para la participación de los jóvenes en la vida social balear.

El Gobierno dispuso la militarización de los controladores antes de aprobar el decreto de "Alarma" pero no impidió el colapso aéreo

El Gobierno de José Luis Rodríguez sabía antes del Consejo de Ministros del viernes que las medidas que se iban a aprobar para permitir la entrada de capital privado en el nuevo ente Aena Aeropuertos y las que concernían al límite computable de horas de trabajo de los controladores aéreos iban a provocar el rechazo de este cuerpo de funcionarios, tal y como así ocurrió. Y a pesar de ello, el Gobierno Rodríguez aprobó dichas medidas al inicio del puente de la Constitución e Inmaculada siendo consciente del grave perjuicio que se iba a causar a los usuarios.
Sin embargo, el ministro de Fomento, José Blanco, aceptó el desafio responsabilizando a los propios controladores de la repentina 'indisposición' para ocupar sus puestos de trabajo y azuzando a la opinión pública con un único mensaje en el que se insistió en dos items: casta privilegiada y sueldos millonarios.
Blanco era consciente de que las decisiones que se iban a tomar en el Consejo de Ministros conducirían al caos en los aeropuertos, y a la frustración a miles de ciudadanos que iniciaban las vacaciones del puente.
Y la evidencia no puede ser más palmaria: en la reunión del viernes en La Moncloa se aprobaron dos modificaciones legislativas en las que se introdujo, no por casualidad, al organismo Ministerio de Defensa.
Hasta esa fecha, el Real Decreto 1001/2010 de 5 de agosto relativo al control aéreo no hacía mención alguna al departamento de Carme Chacón. El viernes se informó de la introdución de dos modificaciones adicionales. El texto aprobado dice así: "En la finalidad de garantizar el tráfico se han incluido dos modificaciones adicionales sobre atención en caso de enfermedad (del controlador) y garantía del servicio bajo la dirección si fuera necesario del Ministerio de Defensa". Dicho y hecho. A las 24 horas se decretó la militarización de los controladores y su supeditación a dicho ministerio.
Pero hay otra más. La nueva redacción aprobada por el Consejo del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/2010 de 14 de abril: "La entidad pública Aena deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el art. 4.4 a) de la Ley 21/2003 de 7 de julio de seguridad aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa, quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control".
Al parecer, el presidente Rodríguez decidió no viajar a Argentina a la cumbre Iberoamericana porque sabía de las repercusiones de las nuevas medidas a los controladores. Y en el fondo lo que se trasluce es que Fomento quiere vender el 45% de Aena para poder tapar los 200.000 millones de euros de deuda que tiene, y que suponen una sangría constante de intereses bancarios. Pero para vender ese porcentaje primero ha de 'limpiar' la casa de todo aquello que daña su imagen: los ingresos y privilegios de los controladores. Y en eso está Pepe Blanco. El primer logro ya está conseguido: que toda la sociedad desprecie a los controladores y hacerles responsables de sus penalidades. El segundo, está por llegar.

Los administradores del Fondo de Pensiones de los Empleados de Sa Nostra tiene serios problemas para aprobar las cuentas del año 2009

La delicada situación financiera de la Caja de Ahorros de Baleares 'Sa Nostra' está comenzando a provocar la aparición de luces rojas en algunos de sus pilares fundamentales. La crisis del sector inmobiliario y, en particular, la financiación que para proyectos urbanísticos y compra de terrenos se concedió en los años de bonanza a determinados promotores como Vicenç Grande o Fausto Ferrero, entre otros, le ha supuesto a la Caja una obligación ineludible: la de cubrir con fondos própios (en algunos casos echando mano a créditos interbancarios) ante el Banco de España los fallidos. Esta medida está hipotecado su actividad a medio plazo. El momento, según fuentes consultadas, "es delicado". Y una de las medidas que la entidad adoptó con el objeto de maquillar su situación fue la de reconducir los 'créditos tóxicos' concedidos al sector del ladrillo hacia la nueva promoción de 'Son Bordoy', con la adopción de una serie de operaciones, que se podrían catalogar como de ingeniería financiera y que persiguen la conversión contable de pasivos difícil de mantener en activos vinculados a la citada urbanización, que se prevé construir en la tercera línea de El Molinar, con financiación de Sa Nostra y a través de una promotora vinculada con ella.
De hecho, sólo con la venta de las viviendas de protección oficial que se contemplan construir se amortizaría el coste de adquisición del terreno. Y con la de las viviendas libres, los beneficios serían cuantiosos y ello equilibraría un balance que a Sa Nostra le cuesta cuadrar.
Una de las luces rojas se ha encendido en el Fondo de Pensiones de los Empleados de Sa Nostra, entidad que no ha aprobado en lo que llevamos de año las cuentas del ejercicio 2009. En años anteriores, éstas se aprobaban, con relación al ejercicio anterior, entre los meses de abril y mayo. En esta ocasión, iniciado el mes de diciembre, los administradores del Fondo no han podido o querido certificar las cuentas del 2009. El Fondo de Pensiones de Empleados de Sa Nostra maneja un volumen de recursos de miles de millones de euros. En la actualidad la presidencia de la entidad la ostenta Maria de Lluc Pons Pons desde febrero de 2008. Con anterioridad fueron presidentes Antonio García Zamora y Bartomeu Mestre.
El 17 de octubre de 2001 la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones concedió autorización para la constitución del citado Fondo. Su gestora es Sa Nostra Cia. de Seguros de Vida S.A y la depositara, la propia Caja de Ahorros.

Un socialista del PSC y una militante de Iniciativa per Catalunya controlan la empresa a la que Aina Calvo da la inspección de los tributos de Palma

El pasado 6 de octubre este tablón de noticias ya adelantó en primicia que el Ayuntamiento de Palma había requerido la colaboración de una empresa privada para 'regularizar', comprobar e inspeccionar todos los tributos municipales. Un eufemismo para no decir que se iba a contratar a una empresa externa para cobrar impuestos no satisfechos por los ciudadanos a cambio de un porcentaje de lo recaudado.
En ese momento se adelantó que la empresa que había conseguido mayor puntuación, y que por tanto tenía todas las opciones para hacerse con el contrato de servicio, era la catalana Coordinadora de Gestión de Ingresos (Cogeisa).
La Junta de Gobierno presidida por la alcaldesa Aina Calvo aprobó el pasado 10 de noviembre dar a Cogeisa la colaboración técnica con los servicios tributarios municipales por el 10% de las liquidaciones realmente recaudadas.
La alcaldesa socialista de Palma concedía en ese acto a un colega del partido la recaudación de la morosidad tributaria; una actividad que beneficia a ambas partes.
La empresa Cogeisa está administrada por el secretario de comunicación de la agrupación socialista de la localidad barcelonesa de Alella. Ramón Solé Vilanova. De hecho, la sede social de dicha entidad está domiciliada en el citado municipio.
A parte de Solé, la empresa dedicada al cobro de tributos tiene como accionista a una dirigente de Iniciativa per Catalunya Verds que se presentó por dicho partido en las elecciones municipales de 2007 en Alella. Mercedes Roige Bote controla el 18% de Cogeisa; un porcentaje simbólico en relación al paquete accionarial en manos de Ramón Solé, que asciende al 57%.
Según los datos de la empresa depositados en el registro mercantil y concernientes al ejercicio 2008 las ventas ascendieron a 9.405.050€ con un resultado de 406.300€.

El Consell negocia con abogados contratar por 59.000€ su defensa jurídica en el caso Can Domenge por no disponer de medios para ello

El Consell de Mallorca quiere estar presente en la última fase del caso Can Domenge, antes del auto de apertura de juicio oral, y para ello ha iniciado negociaciones urgentes con determinados despachos de abogados a los cuales ha invitado a formular propuestas económicas que en ningún caso podrían superar los 59.000€. El despacho elegido tendrá que personarse en la causa y formular escrito de acusación o solicitar su sobreseimiento, según dispongan los responsables políticos del Consell. El motivo aducido por la institución insular para la contratación de un servicio jurídico externo es la no disposición de medios materiales y personales propios que lleven a cabo este trabajo.
El pasado 3 de noviembre la titular del juzgado de Instrucción nº 12 ordenó la continuación por procedimiento abreviado de las diligencias previas 450/2007 en relación a la querella interpuesta por Josel S.L y Anova S.A en relación a la venta de la finca de Can Domenge por parte del Consell al precio de 30 millones de euros cuando su valor de mercado en el momento de la operación era más del doble.
También dió traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, entre las que se encuentra el propio gobierno de Mallorca, para la formulación de escrito de acusación o la solicitud del sobreseimiento de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que acusará prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y otros delitos a la expresidenta del Consell y de Unión Mallorquina, Maria Antonia Munar, y a los consellers de su gobierno: Miguel Nadal, Miguel Angel Flaquer y Bartomeu Vicens. A pesar de que el propio Nadal ha salido en defensa de su ex jefa asegurando que nunca tuvo conocimiento ni participó en las negociaciones que se mantuvieron con Sacresa, la empresa adjudicataria, los fiscales Anticorrupción consideran que existen indicios suficientes para mantener en juicio una acusación contra ella.
Ahora habrá que esperar a ver el escrito de acusación que, sin duda, presentarán los abogados contratados por el Consell a instancias de su presidenta, la socialista Francina Armengol.

El director de la prisión de Palma mantiene inactivos los cinco talleres del centro y dificulta la puesta en marcha de convenios de inserción

El centro penitenciario de Palma dispone desde su construcción de cinco talleres para el desarrollo de trabajos penitenciarios y de formación. En ellos, en anteriores etapas, se han producido por encargo bienes de consumo para empresas de distribución, entre otras mercantiles. Sin embargo, esta actividad ha dejado de generarse por, al parecer, la apatía mostrada por el actual director de la prisión, Manuel Avilés, que desde su incorporación en 2008 mantiene inactivas estas naves.
El art. 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) establece como fin primordial de la privación de libertad la reeducación y reinserción social. En esta línea, el art. 25.2 de la Constitución especifica que el condenado a pena de prisión "tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social". Y la LOGP señala que el trabajo es un elemento fundamental del tratamiento del recluso.
El 6 de febrero de 2008 Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias firmó un convenio con la entidad Sublata Causa, dirigida por Teresa Nieto, para la gestión de un taller productivo de plantas ornamentales y demás especies vinculadas a la finca colaboradora del centro penitenciario. De hecho, Sublata Causa nació expresamente con los objetivos de establecer nexos comerciales y productivos de acuerdo al principio de reinserción de los reclusos preparándoles para su futura insersión socio laboral.
Por otra parte, el Centro Penitenciario de Palma dispone de terrenos apropiados para el desarrollo de un taller productivo en vivero, siembra, cultivo y multiplicación de plantas ornamentales al aire libre para fines comerciales. Asimismo, dispone de una nave apropiada para la creación y desarrollo de un plan piloto destinado a técnicas de reciclaje, mantenimiento sostenible y adaptación a energías renovables que permitan la implantación de sistemas de automantenimiento energético y aprovechamiento de residuos.
Pues a pesar de todo ello, el convenio entre Mercedes Gallizo y Teresa Nieto no ha podido materializarse aún y los terrenos sobre los que había de cultivarse tomate de ramal para su venta al por mayor y al detall se han convertido en un incipiente pinar por decisión de Manuel Avilés. De esta forma se incumple uno de los compromisos conveniados por Instituciones Penintenciarias: el de aportar al proceso productivo los terrenos necesarios para el desarrollo del taller productivo.