Dos de las adjudicaciones más polémicas de la Administración socialista han tenido el mismo común denominador: a Eduardo Soriano Torres

Si hay dos decisiones administrativas polémicas y, hasta cierto punto, escandalosas de todas las adoptadas durante el gobierno del pacto de progreso que está a punto de concluir éstas son: el contrato suscrito con la entidad Can Font del alquiler con opción de compra de un edificio en el polígono de son Rossinyol de Palma para albergar la sede de la Conselleria de Medi Ambient, y  la adjudicación por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares, presidida por el socialista Francesc Triay, a la empresa Sitges Reunides de la instalación y explotación durante catorce años de tres silos para el almacenamiento de cemento y por los que se prevé un tráfico de 120.000 toneladas anuales en el muelle de Ribera del Port d'Alcudia.
Casualmente, de ambas decisiones ha salido beneficiada la misma persona: el empresario Eduardo Soriano Torres, más conocido como el 'Rey del Cemento'.
El 18 de mayo de 2009 la entidad CAIB Patrimoni anunciaba su interés por el alquiler con opción de compra de un inmueble para albergar uso administrativo (ser sede de la Conselleria de Medi Ambient). El conseller de Economia aprobó la firma del contrato con la empresa Can Font por 1,2 millones de euros anuales durante 30 años. En 2039, cuando el Govern deba formalizar la compra, se habrán entregado a Can Font 84 millones de euros por un inmueble que los dueños vendían por 31 millones más impuestos.
¿Y quién está detrás de Can Font? Tal y como adelantó este digital el pasado 29 de julio, esta entidad está participada al 50% por las sociedades Jaime Bibiloni S.A. y Famemlak. El administrador único de esta entidad es el mencionado Eduardo Soriano. Este empresario, a través, precisamente, de Famemlak, tiene importantes participaciones en Ciments de Balears y Logiscement.
En 2004 Logiscement estaba administrada únicamente por Soriano. En febrero de 2007 entró con él el abogado de Inca Pedro Sastre Buñola y se amplió el objeto social al sector del cemento. Por su parte, Sitges Reunides hacia lo propio ocho meses después con la entrada como accionista de Polsim Consultors y el cemento en su ámbito de actividad. Un año después, prácticamente dos meses antes de la adjudicación de los silos de Alcudia, Logiscement se hizo con el control de Sitges Reunides cuando todos los indicios apuntaban que sería esta empresa la beneficiada por la Autoridad Portuaria.
Las ventas declaradas de Logiscement experimentaron una ascensión meteórica del 2008 al 2009. Antes de adquirir Sitges Reunidas presentó unas ventas de 645.332€. Con la concesión de los silos la cifra se disparó hasta los 5.359.068€.

Manchado aceptó facturas de un proveedor fechadas con anterioridad a la firma de su contrato de asesoramiento para Multimedia

Antoni Manchado, consejero delegado del ente público Multimedia de les Illes Balears y secretario general de los socialistas de Calvià, abonó facturas fechadas con anterioridad a la firma del contrato de servicios para el que, supuestamente, se libraron. Esta irregularidad viene recogida en el informe de la Sindicatura de Cuentas referido al ejercicio 2008. Según explican los síndicos, Multimedia de les Illes Balears contrató sin aplicar los principios de publicidad y concurrencia un trabajo de asesoramiento en materia económica, fiscal, financiera, presupuestaria y contable por la cantidad de 35.000€. El contrato se formalizó por el procedimiento negociado y sin publicidad. Sin embargo, según la Sindicatura, no consta en el registro de la empresa pública los documentos con el sello de salida de las invitaciones ni el de las ofertas recibidas.
A estas irregularidades se suman otras de mayor relevancia, como es, por ejemplo, la de que no se presentaran las facturas correspondientes a la prestación del servicio y algunas de las que se entregaron estaban datadas con anterioridad a la formalización del contrato.
Las Sindicatura no indentifica al beneficiario de este trabajo de asesoramiento.
Un contrato idéntico en su propuesta, en esta ocasión con publicidad, se dió el 5 de mayo de 2010 al Gabinete Vives por la cantidad de 43.848€.

El gerente de Son Espases ordena derivar a las clínicas privadas las intervenciones de urgencia por no poder realizarlas en el nuevo hospital

El día 30 de diciembre, víspera de fin de año, el gerente del Hospital Universitario de Son Espases, Luis Carretero, envió a los trabajadores del centro una invitación navideña agradeciendo la labor de todos los profesionales que participaron en el traslado de pacientes desde Son Dureta. Carretero asegura que se ha concluido con éxito una operación calificada por el de "complejísima". Y admite como normal que tras un traslado de esa magnitud de produzcan incidencias por fallos en el inmueble, en los servicios o en las infraestructuras tecnológicas. Carretero llegó a reconocer a los medios de comunicación que se habían tenido que clausurar varios quirófanos por no reunir las condiciones exigibles.
Minutos antes o después de escribir la invitación navideña el gerente de Son Espases firmó hasta nueve órdenes para derivar intervenciones de urgencia a clínicas privadas. La sanidad pública va a gastarse 540.000 euros extras en contratar los servicios de la sanidad privada por la incapacidad manifiesta de poder atender esas urgencias en el nuevo hospital de referencia de Baleares.
La propuesta partió de la Gerencia Operativa del Hospital Universitario de Son Dureta, del director general Luis Carretero, y fue dirigida al órgano de contratación. Y el propio Luis Carretero, como titular del citado órgano, las autorizó el pasado día 30.
En concreto son nueve contrataciones, todas por la misma cantidad: 60.000€. La Policlínica Miramar y USP Planas son las que concentran la práctica totalidad de las urgencias; a la Mútua irán las urgencias de complejidad baja y a Sanitaria Balear (Clínica Rotger), las urgencias ostétricas con embarazos de entre 32 y 37 semanas.
La Clínica Planas recibirá urgencias de obstetricia, litotricia, de medicina intensiva, de neumología y cardiología, de pediatría con ingreso y las operaciones programadas de urología.
A la Policlínica Miramar se dirigirán el mismo tipo de urgencias que a la Planas, salvo las intervenciones de litotricias y urología, y recibirá en exclusiva las operaciones programadas de cirugía cardíaca.
De este reparto ha quedado excluída la Clínica Juaneda por no disponer, al parecer, de suficientes camas.

Abre en el centro de Palma el primer club privado para fumadores que consigue driblar la Ley Pajín

La Ley Pajín que prohibe el consumo de tabaco en todo espacio público ha encontrado respuesta en el primer club privado para fumadores que se abre al público en el centro de Palma. Desde hace quince días, en previsión de la entrada en vigor de la ley este pasado día 2 de enero, un local exquisitamente decorado y con distintos salones y estancias abre sus puertas a sus "socios" en una calle aledaña a San Jaime.
El establecimiento carece de cualquier indicador externo que advierta de su ubicación. Es por ello que de su existencia se comienza a saber por el infalible sistema del boca a boca. En principio, se trata de un club privado, por lo que no tiene la consideración de espacio público. Por tanto, todos las personas que permanezcan en su interior han de ser socios o invitados.
El procedimiento para asociarse es muy sencillo y similar al que se requiere para entrar en un casino o en un bingo: rellenar un formulario en el que consta la identidad del "socio", su edad y el DNI o pasaporte. A partir de ese momento ya se es miembro del club.
Lo que más llama la atención, la primera vez que se visita, es el muestrario de puros existente frente a la barra y la calidad del mobiliario, así como la rigurosa vestimenta de los maîtres y camareros.
En el interior de este club los socios disfrutan de la conversación, amenizados musicalmente y tomando cualquier consumición mientras fuman, si eso es lo que les apetece.

Diario de Mallorca y Ultima Hora se asocian para optar a los informativos de IB3 y cambian el objeto social de una empresa textil por falta de tiempo

La tardanza en los trámites para la constitución de una nueva sociedad que tuviera como objeto social la producción audiovisual ha obligado a los gestores de Diario de Mallorca y Hora Nova (Ultima Hora) a entrar en la administración de una sociedad dedicada a la confección y elaboración textil para cambiar su actividad y su nombre y poder así presentar su oferta a tiempo al concurso público para los informativos de la televisión autonómica IB3.
Los grupos audiovisuales de las cabeceras de prensa con mayor difusión en las islas: Editora Balear, del grupo Prensa Ibérica, y Hora Nova, buque insignia de Canal 37 Sa Televisió de Palma y UH Radio-Punto Radio, se incorporaron el pasado día 21 al accionariado de la empresa Escorcada Invest S.L y aprobaron su nuevo objeto social y su nueva denominación mercantil; ahora es DUHM Audiovisuales de Balears S.L.
Al parecer, los gestores de Hora Nova recurrieron a una sociedad inactiva en la que constaba como administradora Juana Ana Tomás March, administradora única de Canal 37, para optar al concurso de IB3. Este día 31 de enero concluye el plazo para licitar a la realización de los informativos de IB3 durante los próximos cuatro años y por un montante económico no superior a los 37.524.000€.
Tomás pasa a ser ahora consejera de DUHM. La presidencia recae en Diario de Mallorca, en la persona de Francisco Moreno García, ex presidente de la FORTA y pieza clave en el grupo audiovisual de Prensa Ibérica. La vicepresidencia la asume Paula Serra Magraner, directora de UH Radio-Punto Radio. El resto del Consejo de Administración lo constituyen: Pedro Rullán Serra (HN), Antonio Rebasa Artigues (HN), Manuel Pascual Acosta (PI), José Manuel Atienzar Núñez (EB) y Arturo Ramos (EB).
El pasado 18 de noviembre el director general de IB3, Pedro Terrasa anunció en el Parlament que en cinco días se convocaría el nuevo concurso tras rescindir el contrato con la empresa SBT de Jacinto Farrús. En poco más de un mes los interesados debían presentar sus ofertas. Esta urgencia es la que explicaría la conversión de una empresa textil en una sociedad audiovisual.

El Govern destina a reformar el dormitorio de los médicos de guardia de Son Llàtzer lo que cuesta un piso de 80 metros en la Colonia de San Pedro

Por el precio de compra de un piso de 80 metros cuadrados a estrenar en la Colonia de San Pedro el Govern  va a reformar los dormitorios de los médicos de guardia del Hospital de Son Llàtzer. El director gerente de la Fundación que gestiona este centro hospitalario, Luis Alegre Latorre, adjudicó el pasado 23 de diciembre las obras de reforma de las citadas estancias a la empresa Cimientos y Construcciones por la cantidad de 233.000 euros. El procedimiento empleado ha sido el de negociación directa con diversas empresas y sin dar publicidad de ello.
El piso seleccionado para comparar con los nuevos dormitorios de Son Llàtzer cuenta, además, con una terraza de 85 metros cuadrados, un aparcamiento, cocina amueblada y aire acondicionado en todas las habitaciones.
Y ya que se hacen nuevos los dormitorios es de suponer que se les dotará de mobiliario nuevo y de los electrodomésticos necesarios para hacer la estancia lo más confortable posible. Todo ello incrementa notablemente el coste final de la adecuación del área de descanso de los facultativos de guardia a sus necesidades.
El antecedente más inmediato que relaciona a esta empresa constructora con el sector público estuvo presidido por la polémica. La empresa Cimientos y Construcciones fue la adjudicataria en noviembre de 2008 de las obras del edificio multifuncional de Can Ramis en Alcudia. El presupuesto inicial fue de 983.822 euros más impuestos. La Fiscalía llegó a cotejar las facturas presentadas y la obra realizada con el objeto de determinar si se correspondían objetivamente. El caso llegó al Tribunal de Cuentas que, después de estudiar la documentación aportada por el Ayuntamiento -de Unión Mallorquina-, no encontró irregularidades susceptibles de ser elevadas a delito.

La Fiscalía concentra sus pesquisas sobre el 'blanqueo' de La Paca en su relación con el agente Palazón y desprecia a una constructora

La Fiscalía de Baleares ha levantado una cortina de humo con el 'caso Palazón' para eludir investigar a los verdaderos autores del 'blanqueo' de los narcoeuros procedentes de las actividades ilícitas de Francisca Cortés, más conocida como La Paca. A pesar de que los fiscales destinados a la lucha contra el narcotráfico y el 'lavado' del dinero procedente de él saben desde hace muchos años cómo invierte La Paca los beneficios de 'la maldad', la detención del agente de la Policía Local de Calvià Antonio Palazón, se ha presentado como la del 'cerebro' de la trama de 'blanqueo' de la matriarca del clan de los Cortés.
Este digital ha podido saber de fuentes de absoluta solvencia que la auténtica 'lavadora' del dinero que presuntamente obtiene La Paca con la venta de droga es una empresa constructora con sede en el polígono de Son Bugadelles en Calvià.
Casualmente, el 'triángulo de las Bermudas' de este extraño caso -más mediático que judicial- tiene tres vértices muy interesantes, a saber: Antonio Palazón, policía de Calvià y ex cabeza de lista de ASI a la Alcaldía, que denunció al alcalde Carlos Delgado por prevaricación. Además, presidente de la ONG Calvià Sense Fronteras. En el otro vértice, el propio Carlos Delgado, enfrentado política y personalmente con Palazón. Y en el tercero, la empresa constructora con sede en Calvià que, al parecer, viene invirtiendo el dinero de La Paca desde hace muchos años.
Y es a través de esta empresa como Francisca Cortés ha pasado a controlar dos restaurantes ubicados en los líndes de la carretera Palma-Manacor.
Son en estas 'lavadoras' donde se blanquean los millones de euros que el trapicheo con sustancias estupefacientes le ha proporcionado al clan de Son Banya. Sin embargo, la Fiscalía intenta hacer creer al juez que una ONG que recibía contadas subvenciones y tenía en nómina por imposición a La Paca y al Tarta -cuando disfrutaron del Tercer Grado penitenciario-, se ha encargado de 'blanquear' miles de euros.
Y luego están los medios de comunicación que inician sus crónicas sobre este asunto afirmando que "la investigación del caso Palazón, la trama para blanquear el dinero obtenido por el clan de La Paca con el narcotráfico...". La presunción de inocencia ha transmutado en presunción de culpabilidad y el 'caso Palazón' ya es la trama de blanqueo. Lo que pueda decir la Justicia al final del proceso es lo de menos.

El Ibsalut adjudica a una sociedad domiciliada en un concesionario de Mercedes el contrato de selección de la OTIA del hospital de Son Espases

Si hubiera que designar al organismo público balear con mayor actividad contratadora ese sería sin ningún género de dudas la Secretaria General del Ib-Salut. A la propia gestión sanitaria tanto de hospitales como de atención primaria hay que sumar la contratación que ha debido de hacer para poner en funcionamiento el centro hospitalario de referencia de Baleares, el Hospital Universitario de Son Espases. Y es en este maremagnum de contratas de todo tipo, desde vendas hasta equipos quirúrgicos, donde aparecen algunas que, apriori, resultan del todo sorprendentes, tanto por el objeto o servicio que lo motiva como por la entidad que lo ha de prestar.
Este es el caso de un contrato negociado y sin  publicidad adjudicado el pasado 17 de diciembre y que tiene como objeto "la selección de una Oficina Técnica de Información y Acogida (OTIA) durante las fases del proyecto de apertura del Hospital de Son Espases". Es decir, que la entidad contratada ha de seleccionar una OTIA  para que realice esas funciones durante el tiempo que dure la puesta en marcha del citado hospital. Y para seleccionar al equipo que ha de informar y acoger a los pacientes y acompañantes se contrata a la sociedad Projectes Esportius Balears S.L por la cantidad de 67.170€.
Esta entidad está administrada por Esther Vidal, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y vocal de la Asociación de Gestores Deportivos. Está constatado que por las dimensiones del hospital tanto los usuarios, como los empleados del centro, han de realizar largas caminatas. Pero no debe ser por ello por lo que el Ib-Salut contrata a una licenciada en actividad física para seleccionar la OTIA. El motivo debe ser otro.
También resulta sorprendente que Projectes Esportius Balears esté domiciliada en el concesionario de vehículos Mercedes -Autos Vidal- en la Avda. Gran Vía Asima 24 de Palma. Pero lo que llama más la atención es que el contrato lo financie la UTE concesionaria de la obra pública. Con este gesto el Ib-Salut da la impresión de no querer saber nada de la financiación de este servicio a pesar de haber cumplido con la formalidad de adjudicarlo.

El Govern 'vendió' una rebaja de 130 viviendas en la reserva estratégica de Son Bordoy ocultando una reducción de la superficie verde por habitante

Los intentos del Govern por apaciguar la presión social contra el proyecto de construcción de la macrourbanización de Son Bordoy en El Molinar de Palma se plasmaron últimamente en la reducción del número de habitantes que contemplaban las Normas Subsidiarias aprobadas noviembre de 2008 y que contemplaban una población de 2.266 personas. La nueva propuesta del conseller Carbonero es de 1.875, lo que supone una reducción del 25%.
Con esta media de carácter conciliador el Govern ha 'vendido' una rebaja en el número de viviendas con el objeto de contentar a los vecinos de El Molinar y a los grupos ecologistas. Sin embargo, como todas las actuaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo de Antich en este asunto ésta también tiene truco. El Govern se aviene a reducir un 25% el número de habitantes pero reduce a su vez el Espacio Libre Público (ELP) destinado a zonas verdes. De 21.964 m2 de ELP contemplados en las NNSS de 2008 se ha pasado a 16.875m2. Esta reducción se traduce en 9 m2 por habitante en lugar de los 9,69m2 que se establecieron cuando la población prevista, paradójicamente, iba a ser mucho mayor. Es decir, que el Govern rebaja el número de viviendas -de 750 a 625- pero también los metros cuadrados de zona verde por habitante.
El proyecto que contemplaba una mayor calidad de vida en relación con las zonas públicas fue el aprobado en 2007 que contemplaba una urbanización más reducida, de 225 viviendas, y un espacio verde de 18,73 m2 por habitante.
En las normas subsidiarias aprobadas por los socialistas en noviembre de 2008 se incrementaron sensiblemente la superficie verde de la urbanización de Son Bordoy -de 12.480 m2 se pasa a 21.964 m2- pero la ratio superficie verde disponible por habitante empeoró muchísimo. Con la última rebaja de viviendas, como ya se ha apuntado, ha vuelto a empeorar.
El último informe del Servei de Parcs i Jardins de Cort sobre la propuesta de Son Bordoy y remitida a Planejament recoge precisamente la preocupación de los técnicos por la nueva reducción de la ratio de superficies verdes disponible por habitante.

Haras Gestión compró Son Bordoy con la certeza de que el Govern elegiría esta promoción para su programa de viviendas de protección oficial

La sociedad Haras Gestión de Suelo (HGS), controlada por una entidad relacionada directamente con la Caja de Ahorros de Baleares 'Sa Nostra', alegó exención fiscal ante el notario que el 15 de julio de 2008 protocolarizó la compra de los terrenos de Son Bordoy. HGS escrituró la adquisición por 49.387.902 euros y había de abonar el 16% en concepto de IVA y el impuesto de actos jurídicos documentados. Sin embargo, al anotar en el contrato que una mitad indivisa del terreno se iba a destinar a viviendas de protección oficial o precio taxado se acogió a la referida exención pagando parcialmente el impuesto y quedando aplazado el resto. En ese acto oficial HGS informaba al notario que iba a construir VPOs a pesar de que habían de transcurrir ocho meses (el 6 de marzo de 2009) hasta que el Govern seleccionara el expediente de Son Bordoy como reserva estratégica de suelo.
Este dato viene a confirmar lo que apunta el Partido Popular: que el autor intelectual de esta operación fue el conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, mientras que los promotores que la impulsan  tienen afinidades con los socialistas, en referencia a Martí Gual, empresario al que Margarita Nájera benefició en la urbanización de Casas de Bendinat. Si éste promotor alegó exención fiscal era porque sabía con seguridad que su proyecto de Son Bordoy iba a ser elegido por el Ejecutivo de Antich.
El Govern convocó el concurso público de oferta de terrenos el 18 de julio de 2008, tres días después de la compra por parte de HGS de la citada finca. Martí Gual aceleró todos los trámites de compra con el objeto de poder disponer de ellos antes de que se convocara el concurso. De hecho, Haras Gestión obtuvo su número de identificación fiscal el día 1 de julio, quince días antes de la formalización de la escritura y quince días después de que se constituyera la sociedad.