El ex director general de IB3, Antoni Martorell Reynés, retorna al sector publicitario con la constitución de la agencia Comunicació 365

Ocho meses después de cesar del cargo de director general del ente público Radio y Televisión de las Illes Balears, Antoni Martorell retorna al mundo de la publicidad con la creación el pasado día 31 de enero de 'Comunicació 365 S.L', empresa dedicada a la elaboración de publicidad en general, la creación y diseño de marcas y logotipos así como el desarrollo de campañas de márketing, el asesorameinto en esta materia y en comunicación y la organización de eventos.
No es la primera vez que Martorell se lanza al mundo de la publicidad. Su experiencia comenzó con la creación en septiembre de 2003 de la sociedad Cent&Ment después de haber ocupado el cargo de jefe de Comunicación del vicepresidente Pere Sampol entre 1999 y 2003. La empresa la mantuvo hasta que fue fichado por Maria Antonia Munar como jefe de Prensa del Consell de Mallorca.
Siendo director general de IB3 adjudicó a Cent&Ment la creación de la nueva imagen corporativa del ente público conjuntamente con Ogilvy Direct, filial de la empresa catalana Bassat. El importe que se estableció para el concurso público ascendió a 600.000€, aproximadamente. El contrato comprendió el diseño y la creatividad. El apartado de publicidad directa y promociones y la tramitación con los medios de comunicación la llevó directamente Cent&Ment.

La caja de ahorros Sa Nostra capitaliza con 250 millones de euros su empresa de servicios inmobiliarios a costa de sacrificar sus beneficios

La caja de ahorros de Baleares 'Sa Nostra' se ha visto forzada a capitalizar su empresa de servicios y gestión de activos inmobiliarios con el objeto, al parecer, de cumplir con las exigencias impuestas por el Banco de España y del Ministerio de Economia de cara a los test de estrés que se practicarán en la próxima primavera a todas las entidades financieras. Netmobilia, entidad dedicada a la venta y alquiler de viviendas y solares tenía hasta mediados de enero un capital social de 30.000€. El pasado día 28 formalizó una ampliación de 250 millones, por lo que su activo es a día de hoy de 250.030.000€, una cantidad no muy inferior a la emisión de bonos para inversores minoristas realizada por el Govern por 300 millones entre el 24 de enero y el 4 de febrero.
Sa Nostra financia a través de Netmobilia la compra de sus inmuebles, por particulares y entidades inmobiliarias, hasta con el 100% de su precio. Lo hace por 40 años a un 3% de interés el primero y al euribor más un 1% en años sucesivos. En el 2009 la financiación era del euribor más un 0,5%.
El Banco de Espara exigió a primeros de año más previsiones a las cajas de ahorro. No quiere suspensos en las pruebas de resistencia a las que se deberán someter en el mes de abril. La ministra Elena Salgado se comprometió ante la Unión Europea a que ninguna caja suspenda dichos tests de estrés. Esta dotación de fondos en Netmobilia se hace a costa de sacrificar la cuenta de resultados de la entidad. Según los expertos, no es el momento de tasas espectaculares en el crecimiento de los beneficios, sino de dotar los sectores con mayores riesgos. Desde Sa Nostra se ha confirmado la ampliación de capital y se ha justificado como "un tema interno que afecta al balance y es de carácter institucional".
La cuestión es saber ahora cuál es la situación de los activos inmobiliarios que pueda tener en su balance y cuáles han sido las valoraciones que de ellos se han hecho en el proceso de integración al Banco Mare Nostrum.

Font condiciona un posible acuerdo con Melià a que UM desaparezca como formación política y se constituya una nueva plataforma regionalista

El próximo martes día 15 de febrero se sabrá cuál es la decisión adoptada por Jaume Font sobre su futuro político. El mismo día en que se celebra Pleno en el Parlament, el ex portavoz 'popular' en el Consell, ex diputado autonómico y ex presidente del Partido Popular de Mallorca revelará si acepta la propuesta que le han enviado desde Unió Mallorquina o acude en solitario a las próximas elecciones con la Lliga Regionalista Balear, la nueva formación inscrita por él en el Registro de partidos políticos.
La condición que Font ha impuesto a Josep Melià, presidente de UM, es que no se produzca una convergencia con Unió Mallorquina, sino que éste partido desaparezca y se cree una nueva plataforma regionalista en la que cabría su nuevo partido y las personas del partido que en su día presidió Maria Antonia Munar. "No iré en coalición con UM. Con UM no voy. Yo voy con su gente", llegó a comentar recientemente el político poblense.
La idea que baraja Font es que las personas de Unió Mallorquina, los militantes más moderados del PSM y los más regionalista del PP se sumen en torno a un nuevo partido -podría ser la propia Lliga- que esté en condiciones de optar a una cuota de representación en el Congreso de los Diputados en las elecciones de 2012. Para la próxima concurrencia electoral -las eleccciones municipales y autonómicas de mayo-, el ex político 'popular' no descarta acudir con las personas de UM pero sí rechaza incluir la Lliga en un cartel electoral en el que aparezcan las siglas UM. Luego habría que ver si, en el caso de que fuera necesario su apoyo para la formación de un nuevo gobierno, esta nueva plataforma apoyaría al PP o al PSOE. Font lo tiene claro: no daría su apoyo al candidato socialista.

La mayor comercializadora de almendra de Mallorca suspende pagos ante la falta de liquidez para responder a las deudas con los acreedores

La crisis económica se ha cobrado una nueva víctima en el sector de transformación agraria mallorquín. La empresa Acciones de Almasa, procesadora de la mayor parte de la cosecha mallorquina de almendra y una de las empresas de mayor volumen de comercialización, tanto en las Islas Baleares como en la Península, se ha visto abocada a suspender pagos. Al poco de comenzar este año presentó ante el Juzgado de lo Mercantil concurso de acreedores con el objeto de iniciar un procedimiento judial que, o bien, liquide los activos de la sociedad o permita un acuerdo con los acreedores para reflotar la empresa. Almasa se encuentra ante la imposibilidad de hacer frente a las deudas que tiene contraídas con los proveedores y las entidades financieras no están en disposición de aumentar el riesgo que tienen con la entidad.
Almasa es una empresa familiar fundada en 1968 por Miguel Cortés. Desde entonces su gestión ha ido pasando de padres a hijos hasta llegar a la actual cuarta generación. Pedro Cortés Mínguez es su actual gerente y quien controla el 50% de las acciones.
En mayo del pasado año estuvo presente en la Feria Sial de China y asistió al vigésimo noveno congreso mundial de frutos secos celebrado en Beijing. Los intentos por mantener el comercio exterior activo no han dado, al parecer, los frutos deseados. Las ventas en los últimos cinco años han caído en picado; casi un millón y medio de euros anuales. De los 8.956.632€ de ventas en 2006 a los 5.861.225€ de 2008, y cayendo.

Presidencia invitó a un policía, una arqueóloga y una publicista para que concurrieran al concurso de promoción del programa "Baleares Opina"

"La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático. Para impulsar una ciudadanía participativa, el Gobierno de las Illes Balears pone en marcha el programa Baleares Opina, un canal bidireccional entre la Administración y la ciudadanía, los agentes sociales y económicos de las Islas". Con esta declaración de principios el Govern emprendió el pasado mes de diciembre una acción encaminada a analizar e impulsar la simplificación administrativa. Con el objeto de gestionar, dinamizar y promocionar este programa la Conselleria de Presidència dispuso la contratación mediante un concurso de la empresa que habría de llevarlo a cabo. Para ello se invitó al Gabinet de Perspectiva, Pide la Luna y Alea, Serveis Professionals. La primera está administrada por el ex jefe de la Policía Local de Calvià Jaime Tovar. Dirigió este cuerpo durante la etapa de Margarita Nájera al frente del Consistorio. Su relación con la ex alcaldesa socialista es muy estrecha. De hecho, en febrero de 2010, Nájera, como gerente del Consorcio de la Playa de Palma, le adjudicó la realización del "Análisis de las condiciones de seguridad de la Playa de Palma" por 46.400€. En julio de 2008 el alcalde socialista de Andratx, Francesc Femenias, le encargó un informe de diagnóstico de su policía local. Le abonó 6.060€.
Pide la Luna está administrada por Alessia Comis Ronchin, publicista y vocal del colegio que aglutina a estos profesionales en Baleares.
La tercera entidad invitada por el conseller Albert Moragues fue Alea, Serveis Professionals, entidad gestionada por la arqueóloga Margalida Castells y el informático Jesús Reyes.
Por la incomparecencia de las dos primeras, Presidència negoció con Castells la adjudicación del servicio por la cantidad de 50.740€. Pero, ¿cuál es la experiencia profesional de esta arqueóloga para llevar a cabo este trabajo? Que se sepa, la arqueóloga participó en la redacción del catálogo de bienes patrimoniales de Campos, Santanyí, Santa María y Banyalbufar y participó en el proyecto Ferrutx de Artà en 2001. El equipo que lo redactó fue el Grupo de Interpretación Ambiental y del Patrimonio de la UIB del que formaba parte, además, la actual alcaldesa socialista de Palma, Aina Calvo.

Una veintena de productoras audiovisuales de Baleares se dan de baja de la APAIB y constituyen una nueva asociación bajo las siglas APROBA

Una veintena de productoras audiovisuales de las Islas Baleares han constituido una asociación tras darse de baja de la Asociación de Productores Audiovisuales de las Islas Baleares (APAIB). La nueva entidad nace bajo las siglas APROBA, Asociación de Productores de Baleares, y es fruto del desacuerdo de algunos asociados con el modo de hacer de la Junta de Gobierno de APAIB.
El origen de esta disensión tiene fecha: el 14 de diciembre la Asamblea Ordinaria aprobó por mayoría la celebración de elecciones extraordinarias el 10 de enero. Con esta convocatoria a las urnas se evidenciaba un voto de censura contra la Junta dirigida por Jaume Bordoy; un sector de los asociados se mostraron críticos con la política llevada a cabo por éste y por las muestras palpables de un marcado marchamo ideológico entre los miembros de la Junta a la hora de dirigir la asociación.
El objeto de las elecciones extraordinarias era el de que Bordoy diera paso a un nuevo equipo, por lo que una tercera vía hubiese mantenido la unión entre los asociados. Bordoy pasa a un segundo plano pero impulsa la candidatura de Jaime Rodríguez, productor de Tresques y de su asociada Menorca Nítida. La lista oficialista gana las elecciones pero crea el cisma. A partir de ahora habrá dos asociaciones de productores y el trasvase de socios continuará fluyendo en los próximos días.
Baleares cuenta con un total de 80 productoras audiovisuales de las que 48 pertenecen a la APAIB y una veintena entran a formar parte de APROBA. APAIB se financia con la aportación mensual de sus miembros, cuota que es de 70€. A estos ingresos se suman los que obtiene por la organización de cursos de formación con fondos del SOIB.

Miguel Coca se perfila como el abogado que se personará en nombre del Consell en el caso Can Domenge para presentar escrito de acusación

El abogado Miquel Coca ha sido seleccionado en primer lugar por el Consell de Mallorca para llevar a cabo su representación jurídica en el procedimiento judicial que se instruye en relación a la venta del inmueble Can Domenge. El pasado 17 de enero, el conseller de Presidencia, Cosme Bonet, resolvió adjudicar a Bufete Coca y Asociados la contratación de este servicio por ser la oferta económica más ventajosa. Coca ofreció sus servicios por idéntica cantidad a la que se fijó en el concurso negociado y sin publicidad: 59.000€ impuestos incluidos. Las otras dos invitaciones a concursar fueron enviadas al Bufete Font y Asociados, dirigido por el decano del Colegio de Abogados, Joan Font Servera, y a Consultora y Estudio Legal, un bufete de Barcelona que lidera Juan Manuel Perulles Moreno.
El 28 de diciembre, plazo límite para presentar las ofertas, sólo Coca lo había hecho. Al parecer, el decano de Baleares desestimó la invitación al igual que hizo el profesor Perulles.
El motivo aducido por la institución insular para la contratación de un servicio jurídico externo fue la no disposición de medios materiales y personales propios que pudiesen llevar a cabo este trabajo.
El pasado 3 de noviembre la titular del juzgado de Instrucción nº 12 ordenó la continuación por procedimiento abreviado de las diligencias previas 450/2007 en relación a la querella interpuesta por Josel S.L y Anova S.A debido a la venta de la finca de Can Domenge por parte del Consell al precio de 30 millones de euros cuando su valor de mercado en el momento de la operación era más del doble.
También dió traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, entre las que se encuentra el propio gobierno de Mallorca, para la formulación de escrito de acusación o la solicitud del sobreseimiento de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que acusará de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y otros delitos a la expresidenta del Consell y de Unión Mallorquina, Maria Antonia Munar, y a los consellers de su gobierno: Miguel Nadal, Miguel Angel Flaquer y Bartomeu Vicens.
Miguel Coca elaboró por encargo del Consell un informe jurídico sobre las posibles consecuencias del incumplimiento del contrato de venta del solar de Can Domenge a las empresas Sacresa y Ferratur, por no atender a los plazos de ejecución de la obra que se fijaron en el concurso. Debido al informe de Coca la presidenta, Francina Armengol, decretó el 13 de enero de 2009 rescindir la adjudicación del contrato de venta. Coca recomendó resolverlo y ejecutar los 800.000€ de aval.

La concesionaria de Son Espases incumple su oferta de una lavandería externa al centro y da el servicio con maquinaria llevada de Son Dureta

En la oferta con la que se adjudicó la concesión del hospital de Son Espases a la Unión Temporal de Empresas formada por las constructoras Dragados, FCC, Melchor Mascaró y Llabrés Feliu se afirma que la UTE disponen, en un lugar sin concretar, de una parcela de 11.000 m2 (110m x 100 metros) y sobre ésta, un local de 7.500 m2. Sin embargo, la concesionaria ha recurrido a un espacio en el área de servicios de Son Espases para habilitar la lavandería con el ahorro que ello supone para su cuenta de resultados. Además, la empresa que tiene la explotación de la instalación sanitaria durante los próximos 30 años se ha ahorrado la inversión para dotar a la nueva lavandería externa de la maquinaria necesaria. De hecho, está operando con las lavadoras y secadoras que existían en el antiguo hospital de Son Dureta.
El local industrial que se incluyó en la oferta para la concesión de la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital de referencia de Baleares está distribuido de la siguiente forma: una nave de 1.500 m2 para la entrada y procesado de ropa sucia. Otra nave de 3.000 para el tratamiento de ropa limpia, dotada de los mayores adelantos tecnológicos del sector. Ventilación superior para eliminación de vahos. Barrera sanitaria para la separación de ropa sucia de la que ha sido lavada. El resto, otros 1.500 m2 están distribuidos como almacenes, talleres, sala de calderas y oficinas, todos ellos independientes. Con un potencial de 3.000 kilogramos de ropa por hora y de 50.000 kg por día.
Esta promesa, que se supone sopesó a la hora de elegir a la mejor oferta, no se ha cumplido. Otro ahorro que ha sumado la concesionaria es la compra de vehículos para el transporte de la ropa desde Son Espases a la planta industrial y su retorno limpia. En la oferta la UTE aseguró que el transporte de la ropa se hará por la concesionaria, empleando distintos vehículos o compartimentos para ropa limpia y sucia, de manera que nunca se encuentren en el mismo vehículo simultáneamente. En la actualidad este servicio se presta a escasos cincuenta metros del hospital en el área de servicios.

El Govern mantiene su política de ayudas y subvenciones con dinero público a sindicatos y asociaciones empresariales en similar proporción

La política del Govern de ayuda a organizaciones sindicales y patronales empresariales se mantiene en niveles millonarios a pesar de la crisis y de la reducción de salarios a los funcionarios. En el último trimestre del pasado año se destinaron 2.503.351€ para que los agentes sociales puedan llevar a cabo las funciones que el ordenamiento constitucional les tiene encomendados. Otra cosa es que les afecte la crisis en la misma medida que a otros sectores sociales. Mientras que la ayuda a la cooperación internacional ha decaído sustancialmente en los últimos dos años y la obra pública ha visto como se recortaban los fondos que la financian en cerca de un 25 por 100, las estructuras sindicales y patronales se mantienen bien nutridas a base de fondos públicos.
En el periodo antes citado, las seis organizaciones sindicales más representativas recibieron 1.390.605€, siendo la UGT la que obtuvo mayores ingresos de la Administración autonómica con 684.123€. En frente, la patronal, que recibió 1.112.746€ y se repartieron entre la CAEB, con 783.495€, y Pime, con 329.251€.
Por lo que respecta a los sindicatos de clase, tras la UGT se situó en aportaciones públicas CCOO con 465.887€, y en tercer lugar la USO, con 125.005€. El Ste-i alcanzó los 85.880€. A estos ingresos hay que sumar los que obtienen a través de los cursos de Formación, del Tamib y la Fundación Tripartita.
Cada vez son mas las voces que se alzan en contra de la financiación pública directa de los sindicatos y asociaciones empresariales. Desde posicionamientos llamados de derecha se considera que estas entidades han de subsistir con fondos propios. Y desde los que se consideran de izquierda se asegura que la financiación pública es esencial para su supervivencia. Lo cierto es que los fondos que reciben no se justifican a tenor de la escasa representación que tienen en el mundo laboral.

Treball contrató a la socialista Joana Maria Ferrer Costa para coordinar durante un mes por 41.500€ un convenio firmado con Igualdad en 2009

La Conselleria de Turisme i Treball contrató el 1 de diciembre de 2010 a la socialista de Calvià y miembro del Consejo Político del PSIB-PSOE Joana María Ferrer Costa para coordinar las actuaciones recogidas en el convenio firmado el 10 de junio de 2009 entre la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la consellera de Treball, Joana Barceló, para la promoción y fomento de la ocupación de las mujeres.
Este contrato de servicios, adjudicado por medio de una negociación sin publicidad y sin que haya constancia de que se invitara a más personas, tenía una duración de un mes: concluyó el 31 de diciembre de 2010. Por este trabajo Ferrer Costa percibió la cantidad de 41.500€ bajo el concepto de: "Promoción y Fomento de la auto ocupación de las mujeres".
Joana María Ferrer, miembro de la asociación de mujeres en pro de la igualdad Amicalvià, está muy vinculada a la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, cuya titular, María Durán, es la responsable del contrato suscrito con ella. En diciembre de 2009 se invitó desde Treball a distintas entidades a unas jornadas con el siguiente texto: "Buenos días. Desde la Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa, de la Conselleria de Treball i Formació, deseamos invitarle a esta Jornada (sobre oportunidades de financiación para mujeres emprendedoras en tiempo de crisis) tan interesante e imprescindible en el conocimiento de los microcréditos que ofrecen desde las diferentes entidades financieras. Esperamos que sea de su interés, Joana M. Ferrer Costa".
Esta invitación constata la relación de Ferrer con Durán con antelación a la adjudicación del servicio de coordinación.
La financiación de este contrato se realiza a través del "proyecto de inversión de carácter inmaterial" denominado: "En las empresas, igualdad es eficiencia", aprobado por la Conselleria de Treball el 16 de abril de 2009 y prorrogado el pasado 3 de agosto.
Hay un dato que llama la atención: Tal y como se recoge en las cláusulas técnicas del concurso, y que ya se ha expuesto, el trabajo de Ferrer era el de coordinar las actuaciones recogidas en el convenio de 2009. Sin embargo, en dicho convenio -financiado con 400.000€ a partes iguales entre Aído y Barceló- se estableció que para coordinarlo se constituiría una comisión de seguimiento formada por cinco personas: dos por cada administración y una de Delegación del Gobierno. Entonces, si ya existía un órgano de coordinación ¿para qué se contrata a Ferrer con la misión de llevar a cabo esa tarea?
Por el trabajo realizado en un mes por la destacada militante socialista de Calvià la Conselleria de Treball le pagó el 31 de diciembre de 2010 los 41.500€ antes citados.