Condenan al dueño de un local a pagar 6.000€ a la SGAE y le exigen 50 si quiere recurrir la sentencia

Un juzgado de Palma ha condenado a los propietarios de una sala de fiestas de Palma donde se emitía música y se conectaba una pantalla de televisión a pagar a la Sociedad General de Autores de España una cantidad próxima a los 6.000€ por ambientar su local durante tres años y medio.
Además, el juez les obliga a pagar la minuta de los detectives privados que fueron contratados por la SGAE para recopilar las pruebas que habían de conformar el cuerpo de la demanda; 250€, euro arriba euro abajo, por unas fotos y una grabación sonora.
En el supuesto de que decidan interponer un recurso se les recuerda que han de abonar 50 euros que perderían en caso de que no se admitiera a trámite o, en último término, se mantuviera firme la sentencia.
Como se recordará, la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial aprobada el pasado mes de noviembre establece que el condenado que quiera interponer un recurso ordinario o extraordinario contra sentencia firme en los ámbitos civil, social y contencioso-administrativo, habrá de abonar un depósito de 50€ que no se devolverá si el recurso no es admitido a trámite o se confirma la resolución recurrida.
La Ley Orgánica 1/2009 obliga de este modo a los particulares y sus representantes a sopesar los argumentos de los recursos ya que en caso de que éstos no fuesen admitidos o no modificaran la sentencia dictada perderían la cantidad depositada sin conseguir nada a cambio.
Mientras los ingresos de la SGAE se supone que se destinan a pagar a sus socios y a financiar la millonaria pensión de jubilación de su actual presidente, Tedy Bautista, entre otras finalidades, todos los ingresos que consiga el Ministerio de Justicia servirán para sufragar los gastos de la asistencia jurídica gratuita y la modernización e informatización integral de la Justicia.
Pero no todo lo gestionará la Administración Central. El Ministerio habrá de transferir a cada comunidad autónoma el 40% de lo ingresado en su territorio por este concepto.

Matas "regó" a Farrús con contratos adjudicados desde la Conselleria de Treball

El ex presidente del Govern Jaume Matas favoreció los intereses económicos de su amigo Sinto Farrús con la adjudicación de contratos a través de la Conselleria de Treball i Formación cuando este departamento lo dirigía Cristòfol Huguet.
En 1995 se constituye en Palma Marxant Consulting con un único socio, Marxant Balear; entidad administrada por Farrús. En el año 2005 éste empresario cesa como administrador único de Marxant Consulting en favor de Antonio Viader y pasa a un segundo plano como apoderado.
Entre agosto y septiembre de 2005 el secretario general de Treball, Miguel Sendín, autoriza la adjudicación a Marxant C. de dos contratos: uno, por 231.420 euros, para llevar el control económico y técnico pedagógico de las subvenciones concedidas por ese departamento. El otro, para el seguimiento económico de acciones formativas en materia de formación ocupacional y continua para el fomento y la mejora del empleo por la cantidad de 234.900€. Ambos contratos son concebidos con el único objeto de "controlar" el cumplimiento de actuaciones llevadas a cabo por la propia conselleria. Por si no fuera poco, un año después, en agosto de 2006, Cristòfol Huguet vuelve a contratar a Marxant Consulting para que siga llevando un control ¿técnico pedagógico? y económico de las subvenciones. Sin embargo, en esta ocasión el listón presupuestario se alza hasta un máximo de 1,2 millones de euros.
Ningún partido en la oposición en aquel momento (PSOE, PSM o EU) denunció el excesivo e injustificado gasto en "control" que desde Treball se estaba realizando. Daba la impresión de que nadie quería "molestar" al empresario de la comunicación.
Tres meses antes, Huguet le había adjudicado a Farrús el Servicio de Información y Atención Telefónica de la Conselleria por la cantidad de 85.000€. Es de suponer que no había funcionarios capacitados para realizar esa labor.
En esos años, formalmente, el administrador de la sociedad era Guillermo Bongiovanni pero el control lo mantenía Farrús. A principios de 2009 la empresa absorbe a Ecosisteam Europea S.L. y se pone al frente Andreu Canals Salvá.
En mayo de 2009 Torun Consulting, en unión temporal con la catalana THR, obtiene de Inestur el contrato de Benchmarking (este anglicismo viene a significar el proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios y procedimientos de trabajo de las empresas) por un total de 343.360€.
La Policía cree que Farrús manipuló el concurso público para la obtención de 90.000€. Este es uno de los motivos por los que fue detenido el pasado lunes, y sus empresas del Parc Bit registradas.

Govern y Consell gastan más de 6 millones en publicidad durante los últimos dos años de crisis económica

Los años 2008 y 2009 son considerados como el epicentro de la crisis económica que ha azotado la comunidad balear. El endeudamiento del Govern para hacer frente a los desequilibrios sociales que ha provocado está siendo considerable. Basta con recordar que el pasado 23 de febrero el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera, resolvió crear deuda pública mediante la emisión de obligaciones de la CAIB por un importe de 500 millones de euros. Los gastos e inversiones del Ejecutivo de Antich pretenden estar en consonancia con una política de empuje en todos los sectores, sobretodo en infraestructuras y bienestar social con el objeto de no alcanzar las elecciones de 2011 con un bagaje paupérrimo.
Junto a 500 millones de euros cualquier cantidad de unidad de millón parece ridícula, pero si se sopesan los más de 6 millones (1.000 millones de pesetas) destinados a publicidad entre los años 2008 y 2009 no parece muy lógico que en tiempos de crisis se gasten tal cantidad de recursos públicos para tal fin.
Dos empresas se han comido las porciones más importantes de este pastel: el grupo formado por Malla y Publicidad Continental y Clave de Publicidad. Entre las dos se han repartido el 80% de todas las contrataciones.
Las cifras más abultadas se refieren a los pagos del Consell a Malla, S.A. por 760.000€ en diciembre de 2008. O los 995.280€ que esta agencia se repartió con Clave de Publicidad en agosto de 2009 para las campañas de sensibilización de la Conselleria de Medi Ambient.
Y a pesar de que todas las consellerias sacan a concurso sus campañas de divulgación, en febrero del pasado año el Govern adjudicó el Servicio General de Publicidad a la empresa Clave por un montante de 2.784.000 euros. A este contrato hay que añadir el que en la misma fecha concedió a la agencia Di7 para prestar el Servicio General de Publicidad Radiofónica por el importe de 812.000 euros.
Entra dentro de la lógica que Sanitat destine 53.760€, a Malla, para la divulgación de riesgos para la salud asociados al calor. O que se fomenten las energías renovables con 51.328€. Incluso que se conciencie del ahorro energético durante el verano (52.212€), que se difunda el programa de reutilización de los libros de texto (59.983€), que se sensibilice a la ciudadanía para prevenir la xenofobia (64.626€) y que se publicite una semana de convivencia y ciudadanía por 29.893€. Lo que no es lógico es que gasten el doble de esas campañas (107.444€) en anunciar la celebración del Día de les Illes Balears 2009 y que, como casi siempre, se lo adjudiquen a Malla.

La Policía detiene a Buils una semana después de ser nombrado consejero de Radio Televisión de Mallorca

Una semana después de que el ex conseller de Turisme Francesc Buils fuese nombrado consejero de Radio i Televisió de Mallorca la Policía lo ha detenido, junto al empresario de la comunicación Jacinto Farrús, como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos y fraude.
El Grupo de Delincuencia Económica y Crimen Organizado investiga si una de las empresas de Farrús, Torun Consulting, obtuvo finalmente el contrato de 343.360 euros para hacer benchmarking (producción turística) de Baleares a cargo del Inestur sin mediación de un concurso público, en la época en que Buils era responsable de la cartera de Turisme.
Según ha podido constatar El Tablón de Noticias, el expediente (73/2008) para la contratación de este servicio se inició tres meses después de que Buils presentara su dimisión como conseller de Turisme. El 29 de septiembre de 2008 el político de Unió Mallorquina cesa en sus actividades en el Govern de Francesc Antich y no es hasta el 17 de diciembre de ese mismo año cuando se inicia el citado expediente, cuya adjudicación provisional a la Unión Temporal de Empresas constituida por Torun Consulting y THR Asesores en Turismo se produce el 12 de mayo de 2009, siendo conseller de Turisme Miguel Nadal y director gerente de Inestur Antoni Oliver Enseñat.
A pesar de ello se afirma que Nadal anuló el citado concurso por las presiones que ejercieron los responsables de la empresa Cubic, una mas de las entidades que se presentaron, que consideraron que objetivamente tenían más méritos que la UTE para adjudicarse el concurso.
Los investigadores barajan la hipótesis de que Farrús llegase a manipular el concurso con el objeto de ingresar en sus arcas 90.000€.
Casualmente, THR Asesores, empresa presidida por Eulogio Bordás y con sede en la Ciudad Condal, había obtenido por esas mismas fechas, el 14 de abril de 2009, un concurso de la Conselleria de Treball i Formació por la cantidad de 34.800€ para la elaboración de un dossier que sirviera de base a la creación de un centro de referencia nacional de turismo.
Por lo que respecta a Torun Consulting, antes denominada Marxant Consulting, está controlada por Marxant Balear, entidad que pasó de facturar 537.885€ en 2006 a hacerlo por 9.318.822€ en 2008. El 100% de las acciones están en manos de Jacinto Farrús.

El Consell adjudica la conservación de carreteras de Mallorca a una empresa de capital indio

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, adjudicó el pasado 18 de febrero la conservación y mantenimiento de la red de carreteras de la zona 7 de la isla de Mallorca -la que corresponde a la comarca de Artà- a la empresa Elsamex, S.A. La totalidad del capital social de esta empresa madrileña, con sucursal en la Avda. Rosselló nº 15 y en la Avda. Mexic, 4 de Palma, está en manos de industriales indios.
Elsamex es una empresa de servicios integrales relacionada con la construcción de infraestructuras. Fue creada en 1977 y es la empresa matriz del Grupo Elsamex, con implantación a nivel nacional e internacional.
Hasta la entrada de la empresa india ITNL IL&FS Transportation Networks Ltda. Elsamex estaba controlada por la familia Sánchez Marcos. En la actualidad, la persona que preside la compañía es Ravi Parthasarathu. Este empresario indio controla, a través de Elsamex, la empresa OPSA, S.A.; Inversiones Tyndrum; Grusamar Ingeniería y Consulting; Sánchez Marcos Señalización e Imagen; Elsamex Internacional y Señalización Viales e Imagen.
El importe de la adjudicación por 4 años es de 6.774.636€, Iva incluido.
El mantenimiento de la red de carreteras de la zona 7 de la isla de Mallorca lo ha venido haciendo hasta la fecha la empresa mallorquina Coexsa. Construcciones, Excavaciones y Asfaltos, con sede en Cala Ratjada, obtuvo en 2006 la contrata por un periodo de dos años prorrogables en dos más. Coexsa había concurrido de nuevo al concurso pero, inexplicablemente, la Presidencia del Consell lo ha adjudicado a la empresa india. La red de carreteras de la zona 7 es la única, de las que se divide la isla de Mallorca, que va a ser operada por una empresa no mallorquina.
Elsamex es la primera vez que consigue una contrata de obras públicas para el Consell de Mallorca. Llama la atención que no haya sido la Conselleria Insular de Obras Públicas la que adjudique los trabajos de conservación y lo haya hecho la Presidencia de la institución.
En marzo de 2008 el Grupo Elsamex se encontraba al borde de la quiebra. La entrada de la corporación india Infraestructure Leasing & Financia Service Limited (IL&FS) evitó que la familia Sánchez Marcos se viera abocada a presentar concurso de acreedores.

La Dirección General de Comunicación sale de Presidencia y pasa a depender de Turismo

El presidente del Govern, Francesc Antich, ha reorganizado el organigrama de las consellerias de Presidencia y Turismo con el objeto de remover a la Dirección General de Comunicación. El pasado martes 9 de marzo el presidente aprobó el decreto 10/2010 por el cual se establece las nuevas competencias y estructura orgánica básica de las consellerias.
La decisión más llamativa consiste en la salida de Comunicación de la órbita de la conselleria de Presidencia y, por tanto, del control del conseller Albert Moragues, y su entrada en Turismo de la mano de la consellera y portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló.
La directora general de Comunicación, Gina Garcias, pasa a partir de hoy a depender de Barceló.
Como se explica en la página web institucional, las labores de la Dirección General de Comunicación son las de informar de las actividades gubernamentales y administrativas, relaciones con los medios de comunicación, así como gestionar la publicidad institucional.
La pregunta que habría que formularse es: ¿pasaría Comunicación al organigrama de Sanidad y Consumo si la portavoz del Govern fuera la titular de este departamento?
A partir de ahora, el presupuesto que el Govern destina a Turismo habrá de incrementarse para financiar a Comunicación, mientras que el de Presidencia ¿se verá reducido en idéntica proporción?
Una decisión que presagiaba la asunción de competencias de Comunicación por parte de Barceló se dio cuando la portavoz era consellera de Trabajo. En esa etapa, la adjudicación del contrato con Europa Press para el suministro de noticias, y que había tramitado Presidencia -incluso adjudicado de manera definitiva-, acabó firmándolo Barceló desde su cargo, entonces, de responsable de las políticas de Formación y Empleo.

El Gobierno ordena la demolición de las “alcobas” del Port d’es Canonge cuya protección reclama ARCA

El Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha ordenado a Demarcación de Costas de Baleares la demolición de, al menos, dos de los “escars” existentes en el Port d’es Canonge, Banyalbufar. El Ministerio ha denegado las solicitudes de ocupación que los titulares de las concesiones habían formulado con el objeto de “salvar” estas casetas guardabotes (“alcobas”) y de seguir ocupándolas.
Las últimas concesiones se dieron en 1971 y lo fueron por 25 años. En 1996 revertieron al Estado y en la actualidad el terreno está afectado por el dominio público marítimo terrestre, que en este caso afecta a una distancia de seis metros desde la línea de pleamar.
La asociación en defensa del patrimonio histórico-artístico de Mallorca, ARCA, ha venido reclamando la protección de este conjunto de “escars” al considerar que son construcciones populares para el abrigo de las embarcaciones de pesca y que fueron construidas a comienzos del pasado siglo XX.
A criterio de ARCA, el conjunto de “alcobas” constituye una de las imágenes más típicas y tradicionales del Port d’es Canonge y de la Serra de Tramuntana. ARCA, en un comunicado, llegó a calificarlas de "incalculable valor paisajístico", habiendo sido plasmado e inmortalizado en los lienzos de Horrach, Maraver, Bonnín, Quintana y Reüll, entre otros artistas, así como en miles de postales y fotografías que han viajado por todo el mundo.
La asociación conservacionista considera que la demolición de las “alcobas” no es coherente con la solicitud por parte del Consell de Mallorca a la Unesco para la declaración de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial, ni con la obligación que por Ley tiene la primera institución de Mallorca, y el propio Govern, de proteger el patrimonio histórico de las Islas.
A pesar de ello, el ex conseller de Turismo, Celesti Alomar, –debido a que ocupa el cargo de jefe de la Demarcación de Costas- tiene que hacer cumplir la orden ministerial y proceder al derribo de las casetas y la eliminación de las rampas de acceso de las embarcaciones. En total, unos 30 metros cuadrados.
Resulta paradójico que Alomar, la persona que creó la ecotasa para proteger el patrimonio histórico y natural de las islas sea la que de la orden de derribo de una de las estampas turísticas más típicas de Mallorca.
ARCA ya ha solicitado al Consell que catalogue estos “escars” con el objeto de protegerlos de la piqueta.

Munar amplía su actividad mercantil con la producción de energía eléctrica

Un decreto de ámbito estatal prohíbe los “huertos solares” de multipropiedad. De esta forma el Gobierno impide que en la configuración de un gran parque fotovoltaico pueda haber 40 ó 50 propietarios de placas solares.
Esta prohibición ha incentivado la instalación de placas en los tejados de naves industriales y también, que los parque sean de un solo titular jurídico.
En Mallorca son muchos los particulares y empresarios que ya se han decidido por invertir en la generación de este tipo de energía y proliferan por todas partes los campos solares.
Por lo que respecta al conjunto de España la electricidad generada con energía solar representa sólo el 1%, lo que demuestra lo insignificante que es la energía fotovoltaica en estos momentos, según considera Pere Mir Artigues, economista, investigador y director del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat en Lleida.
A criterio de Mir, para que pueda seguir implantándose la energía fotovoltaica es necesario que su coste de producción se reduzca a la mitad, como mínimo, “de manera que pueda competir con el precio del kilovatio/hora convencional, producido a través de centrales térmicas y nucleares, principalmente”.
Una instalación fotovoltaica recoge la radiación solar y la convierte en energía eléctrica. Ésta, a su vez, es inyectada a la Red. De esta manera, el propietario de la nave sobre cuyo tejado se ha instalado la planta obtiene una gran rentabilidad de un espacio que normalmente no está utilizando.
Para obtener 130kW de potencia se precisa, aproximadamente, una superficie de 18.000 metros cuadrados. Los ingresos netos anuales pueden llegar a rondar los 63.000 euros. Sin embargo, la inversión inicial para un campo solar de 130kW se acerca a los 850.000€ más IVA y la amortización, entre los 10 y los 25 años.
A pesar de todas estas ventajas e inconvenientes, la ex presidenta del Parlament y su marido, Miquel Munar, han apostado por la generación de energía fotovoltaica como una futura fuente neta de ingresos.
Pensando en ello, la empresa Bamusa, participada por el matrimonio Munar, ha ampliado el objeto social, así como su patrimonial Ranum. Todo ello con el objeto de dedicarse a la explotación fotovoltaica o térmica, plantas de ciclo combinado y, en general, todo sistema de producción eléctrica, según consta en las notas registrales de ambas entidades.
Bamusa solicitó en julio del pasado año la instalación fotovoltaica sobre la cubierta de su nave industrial en el polígono de Marratxí. En concreto, un campo solar de 50kW de potencia. Y Ranum hizo lo propio para la instalación de una planta de 80kW sobre la cubierta de la nave que ocupó la empresa Mallorca Kronb Importaciones en la calle Conradors, 52.
El matrimonio Munar decide de esta forma convertirse en productor de electricidad limpia y ecológica a sabiendas de que a medio y largo plazo esta actividad puede reportarle importantes beneficios económicos.

Barceló destinó fondos de Treball i Formació en contratar un servicio de noticias para Presidencia

Una de las actuaciones más extravagantes de este Govern con respecto a la ejecución de su presupuesto aconteció a finales del pasado año pero sólo ha podido ser conocida una vez leídos los boletines oficiales y cotejados los datos. Porque nadie, ni un portavoz, ha querido explicarla en el momento de producirse.
Son actos que no se entienden o que habrían de justificarse mejor.
Que la Dirección General de Comunicación contrate el Servicio de Recepción de Noticias y Despachos de Información con una agencia de noticias es lógico y está dentro de lo razonable. Que lo haga la Conselleria de Treball no hay quien lo entienda.
El hecho de que su entonces titular, Joana Barceló, fuese la portavoz del Ejecutivo de Francesc Antich no la autorizaba, en principio, a contratar dicho servicio con los fondos de que disponía para el fomento del empleo y la formación de los trabajadores, máxime en un momento de crisis y con cerca de cien mil parados solicitando ayudas y formación.
Hasta la fecha, que se sepa, el Govern cuenta con una directora general de Comunicación, la periodista Gina Garcies, que es, se supone, la persona responsable de todo lo concerniente a temas de información en el Gabinete y la que habría de autorizar y aprobar la partida presupuestaria para la contratación de los servicios de una agencia de información. Sin embargo, no es ella quien dispone del gasto para contratar este servicio y sí la Portavocía del Govern.
Nadie puede argumentar a favor de que la Conselleria de Treball i Formació precise gastar la nada despreciable cantidad de 210.000 euros para recibir información de un servicio de noticias prestado por la delegación de una agencia de ámbito nacional. Unos 17.500 euros al mes para que Joana Barceló, ¿en su anterior despacho en la Conselleria de Treball o en Presidència?, estuviera informada de todo lo que acontece en Baleares, España o el resto del mundo.
El sábado día 28 de noviembre se publicó en el Boib la resolución del secretario general de la Conselleria de Treball, Fermín Domínguez Roldán, con número de expediente 2009 6423, por la que adjudicaba el servicio de noticias a Europa Press por un periodo de 24 meses. Una adjudicación similar se formalizó el 6 de mayo de 2004 por 69.711 euros. La responsable entonces fue la Conselleria de Relacions Institucionals. Esta se formalizó por periodo de medio año ya que el 1 de diciembre del 2005 la entonces titular de este departamento y vicepresidenta del Govern, Rosa Estará, volvía a conceder el servicio anual por la cantidad de 239.504 euros.
La vicepresidenta Estarás contrató a través de su conselleria.
Barceló, la nueva titular de Turisme, lo hizo con el presupuesto de la Conselleria de Treball.
Como ésta contratación se llevó a cabo por el sistema de “negociado sin publicidad”, no se ha conocido el dislate del Govern hasta que la adjudicación se ha publicado. Y entonces se pudo saber que 9 de noviembre, 19 días antes de la adjudicación por parte de Treball, la Conselleria de Presidencia de Albert Moragues, actuando como órgano de contratación, adjudicó “de forma definitiva”, si, han leído bien: definitiva, la prestación de ese servicio por 210.000 euros –idéntica cantidad– a la misma agencia de noticias. El número de expediente es el mismo, el 2009 6423.
La única explicación posible es que Presidencia careciese de fondos para contratar el servicio y se lo transfiriera a Treball que, como tenía de titular a la portavoz del Govern, no iba a levantar sospechas.
Ahora habrá que saber si toda la operación de trasvase del gasto tiene informe jurídico favorable, porque lo que es incuestionable es que Presidencia, en su listado de adjudicaciones definitivas, da publicidad de la polémica adjudicación como suya. ¿O es de Treball como asegura el BOIB? Y si Presidencia lo adjudicó, ¿pagó igual que Treball los 210.000 euros a Europa Press o los destinó a otra finalidad?

Lila Thomás adjudica el servicio de atención a mujeres maltratadas a una entidad creada “ad hoc”

La directora del Institut Balear de la Dona, Lila Thomás, adjudicó el contrato de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género a una empresa constituida deliberadamente para ello. De hecho, por los datos y fechas de los oficios y notas registrales se puede colegir que el contrato se adjudicó antes de ser licitado.
El pasado 27 de noviembre, Lila Thomás firmó el anuncio de licitación del servicio y fue publicitado en el Boib nº 175 de fecha 1 de diciembre, es decir, cuatro días después.
Ese mismo día primero de diciembre se constituía en Palma la entidad Eureka Serveis Socials con domicilio en la calle Cabana de Marratxí. Su actividad: la asistencia y servicios sociales. Constan como administradoras Maria Antonia Cañellas Socias y Dolores Giménez Borrás, ex presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajos Sociales y Asistentes Sociales.
El plazo para la presentación de ofertas concluyó el 16 de diciembre y sólo 13 días después, la jefe de Servicio del Institut de la Dona y responsable del Centro de Información, Farah Bouazza Ariño, comunicaba a través de un oficio la resolución de adjudicación provisional del contrato 2009/10664 a la entidad Eureka Serveis Socials.
Con la adjudicación provisional antes de fin de año la empresa podía comenzar su actividad el día 1 de enero cumpliendo una de las condiciones de la licitación: la prestación del servicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo, no es hasta el 10 de febrero cuando Lila Thomás adjudica el contrato de servicio de atención social y acompañamiento las 24 horas a las mujeres víctimas de violencia de género a la empresa Eureka por la cantidad de 337.374€.
El primer contrato que consigue la entidad administrada por la ex presidenta del Colegio de Asistentes Sociales es con la Administración y por 56 millones de pesetas. Da la impresión, por la correlación fechas y hechos, de que los gestores de Eureka dispusieron de todo tipo de información privilegiada para obtener el contrato de servicio con Serveis Socials.
Casualmente, el Colegio dispone de un equipo de servicio las 24 horas de atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género. De hecho, en la página web de la institución aparece este servicio con idéntico enunciado al que utilizó el Institut de la Dona para licitar el contrato.
Veinte días antes de constituir la empresa, Dolores Giménez era nombrada por la consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, asesor especialista para colaborar en el desarrollo de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo facultativo técnico, especialidad trabajo social. Dolores Giménez dejó hace algunos años la presidencia colegial y no forma parte de sus órganos de gestión y administración.
En las Illes Balears se presentaron, durante el tercer trimestre de 2009, un total de 424 demandas de protección; 205 fueron denegadas.