Barcos arrastreros extraen involuntariamente del mar balear ánforas romanas y fenicias que colocan en el mercado negro por miles de euros la pieza

El expolio del patrimonio histórico artístico que yace en el fondo marino de las aguas de las Illes Balears no se detiene a pesar de estar penado con privación de libertad y sanciones económicas. A las actuaciones premeditadas se suman otras, que se podrían calificar de involuntarias, realizadas por arrastreros que con sus mallas sumergidas a más de cien metros de profundidad barren los fondos marinos capturando los crustaceos y moluscos para los que tienen autorización y, en algunas ocasiones, ánforas de diferentes culturas cuyos pecios no están localizados por Patrimonio y, por tanto, tampoco catalogados. Juristas y arqueólogos coinciden en la necesidad de incrementar el personal y los medios materiales y económicos que ayuden a
proteger el patrimonio cultural subacuático del litoral español y la ribera Mediterránea, donde los expertos calculan que se encuentran más de 50.000 pecios submarinos, la mayor parte sin descubrir.
Estas piezas arqueológicas, 'capturadas' involuntariamente, no son entregadas al Museo de Mallorca o a la Guardia Civil, como habría de hacerse en el caso de que fueran extraidas en aguas de la isla, sino que son vendidas por cantidades que oscilan entre los 1.000 y 5.000 euros la pieza, dependiendo de su estado de conservación.
La mayoría de los expoliadores profesionales provienen de Francia, Suiza y otros países europeos. Las piezas que obtienen de sus inmersiones pasan a nutrir el mercado negro, pero también se llegan a vender en públicas subastas después de someterlas a un proceso de 'legalización' en paises africanos, como Egipto, donde se le dota de un certificado arqueológico que acredita su extracción en aquellas aguas.
Por el momento, ninguna administración se ha involucrado decididamente en la localización y catalogación de los miles de pecios arqueológicos submarinos que reposan en el fondo marino balear. Sólo se tiene constancia de un ridículo porcentaje y son aquellos que se hallaron más próximos a la costa o a escasa profundidad.

Carbonero anuló una adjudicación provisional de 699.000€ por la presencia de un ex director general de Jaume Matas en la empresa mejor puntuada

El conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, anuló la adjudicación provisional de la auditoría de las obras ejecutadas en la isla de Eivissa por la presencia de un ex director general del gobierno de Jaume Matas en el organigrama técnico de la empresa adjudicataria.
El 3 de abril de 2009 el director general de Obras Públicas, Antoni Armengol, adjudicó de manera provisonal la citada auditoría a la unión temporal de empresas formada por Vielca Ingenieros y PricewaterhouseCoopers por haber sido la oferta mejor valorada desde el punto de vista técnico y financiero. Sin embargo, y a raíz de dos informes técnicos y jurídicos presentados el 6 y 7 de mayo de ese año, la adjudicación provisional decayó en favor de la segunda oferta, la presentada por Gerens Hill y Ramón y Cajal Abogados. El motivo aducido en los informes fue la vulneración de la cláusula de incompatibilidad que afectaba, a criterio de los técnicos, a un ingeniero que fue director general de Comercio de la Conselleria de Comercio e Industria del gobierno de Jaume Matas. Francesc Tutzó Rucosa fue contratado por Pricewaterhouse para trabajar en un departamento totalmente ajeno al encargado de realizar la auditoría técnica del nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa y al desdoblamiento de la carretera Eivissa-Sant Antoni. A pesar de ello, Carbonero dispuso que se anulara la adjudicación provisional y se concediera el contrato a Gerens Hill por la cantidad de 699.480€.
Pricewaterhouse ha presentado un contencioso administrativo contra esa decisión, motivo por el cual desde la Conselleria de Obras Públicas se aduce que el expediente no está concluído y que, por tanto, no pueden facilitar los informes que justificaban la incompatibilidad a los medios de comunicación.
Gerens Hill, filial de la estadounidense Hill International, está participada también por Tinsa y José Manuel Albaladejo. Entre los tres controlan el 80% del capital social, y el resto se lo reparten algunas cajas de ahorros, incluída Sa Nostra. Gerens Hill tiene el 10% del Nuevo Parque de Bomberos de Mallorca y, entre otros contratos con la Administración, fue fichado por el conseller de Sanitat para la consultoría y auditoría del hospital de Son Espases.

El director del Servei de Salut frena la adjudicación de un nuevo contrato a Atos Origin por 732.656€

El director general del Servei de Salut, Josep M. Pomar Reynés, se ha visto forzado a desistir de la adjudicación a la empresa Atos Origin -asociada a Alejandro Forcades- de un contrato de servicios por valor de 732.656€ por existir conflicto de incompatibilidades manifiestas.
Pomar ha paralizado el enésimo contrato a Atos Origin, en esta ocasión para el desarrollo tecnológico del Ib-Salut. Según se explica en la resolución por la que se desiste de la adjudicación, el expediente de dicho contrato se realizó a propuesta de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) cuyo subdirector es Luis Manzanero, ex ingeniero técnico de Atos Origin. Esta empresa fue la única que se presentó al concurso que fue anunciado el pasado 2 de febrero. El 29 de marzo, la Mesa de Contratación observó que Atos Origin incumplía una de las prescripciones técnicas ya que la empresa adjudicataria no podía controlar, supervisar o prestar servicios en proyectos de empresas con las que tuviera alguna vinculación jurídica. Atos Origin es accionista, junto a Forcades, de la empresa SM2, a la que el Servei de Salut le ha adjudicado sumistros de software informáticos. Más aún, el pasado 6 de mayo el secretario general del Servei de Salut, Javier Clavero, contrató a tres altos técnicos de Atos Origin durante seis meses para, precisamente, llevar a cabo el desarrollo tecnológico del Ib-Salut. Clavero fichó como técnicos de la Administración en los servicios centrales a Marcos Coquillat, ex senior consultant de Atos; Jorge Gómez, ex business consultant de Atos; y Oscar Ezinmo, ex managing consultant de Atos.
En la resolución de desestimiento, Pomar explica que "lo anterior" está vinculado al hecho de que la OTIC desarrolla proyectos para los que cuenta con el asesoramiento de socios tecnológicos (Atos Origin), "dando lugar a posibles incompatibilidades", dada la posible vinculación jurídica entre la citada empresa -que tiene que controlar los proyectos de la OTIC- y las empresas que ejecutan dichos proyectos (Atos y SM2).
El acto por el cual se paralizó la adjudicación de 732.656€ a Atos, el 10 de junio, coincidió con la revelación por El Tablón de Noticias de que el Ib-Salut siguió adjudicando contratos a Atos Origin después de fichar como subdirector a un ingeniero de esa empresa.

Medi Ambient adjudicó en 2008 a Sky Helicópteros la lucha contra incendios sin ser esa su actividad

La Conselleria de Medi Ambient adjudicó en mayo de 2008 el contrato de servicios aéreos para la lucha contra incendios forestales en la CAIB durante los años 2008-2010 a la empresa Sky Helicópteros a pesar de que su objeto social no contemplaba esta actividad. Ni los servicios jurídicos de la conselleria ni su  secretario general se apercibieron de que Sky Helicópteros incumplía uno de los requisitos para contratar con la Administración, tener la actividad a la que se licita registrada y contemplada en su objeto social. En 2008 esta empresa de helicópteros sólo podía dedicarse al servicio público de aerotaxis y actividades de aviación relacionadas con la adquisición, venta y alquiler, y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, la conselleria dirigida por el 'unionista' Miguel Angel Grimalt le adjudicó el concurso por un periodo de dos años, prorrogables, por la cantidad de 4.387.445€.
En junio de 2008 el gerente y socio de la empresa, José Teno Pujol, afirmaba que hasta la fecha de la consecución del concurso de Medi Ambient habían tenido que ir a trabajar fuera de Mallorca en tareas de extinción de incendios. Teno era consciente entonces de que la actividad de su empresa no era la de prevención y lucha contra el fuego en el ámbito forestal, y a pesar de ello no tuvo inconveniente en dedicarse a ello e, incluso, a licitar con la Administración.
El Govern habría prorrogado sin más el contrato con Sky si hubiese estado convencido de que el contrato de 2008 fue correcto. Sin embargo, da la casualidad que el pasado 26 de abril, veinte días antes de que se activase la prórroga, la junta general de la sociedad acordó ampliar el objeto social a la vigilancia para la prevención de incendios forestales y protección de especies. Al parecer, Medi Ambient instó a la empresa de helicópteros a normalizar su situación antes de la firma por dos años más.
Por qué se amplíó el objeto social en vísperas del inicio de la prórroga. La interpretación más plausible es que los servicios jurídicos se hubiesen dado cuenta del error cometido hace dos años, o alguien se lo hubiera advertido, y quisieran subsanarlo en el nuevo contrato con la incorporación de una nueva nota registral de Sky Helicópteros en la que ya constase entre las actividades a realizar la de la extinción de incendios y todas aquellas relacionadas con la prevención, coordinación e investigación de estos sucesos.
Lo cierto es que Medi Ambient dio 4.387.445€ por un trabajo a una empresa que no tenía registrada la actividad para la que se la contrataba.

Alberto Cortina y Ramón Blanco abandonan el proyecto de crear una naviera en Mallorca

El proyecto de crear una naviera para la venta y alquiler de embarcaciones de recreo en Mallorca ha dejado de ser una prioridad para el segundo accionista de la constructora ACS, Alberto Cortina, y para el ex  vicepresidente de la petrolera Repsol, Ramón Blanco Balín. El objetivo de ambos empresarios era el constituir una compañía capaz de hacerse un hueco en el difícil mercado de la náutica de recreo de superlujo. Ambos cuentan con múltiples contactos y relaciones personales en el olimpo de las finanzas nacionales e internacionales que suponían iban a ser sus potenciales clientes.
Sin embargo, según algunas fuentes, el proyecto se ralentizó o congeló durante el segundo semestre del pasado año a causa de los acontecimientos acaecidos por la investigación judicial del caso Gürtel y que les ha puesto a ambos en el punto de mira de la Justicia.
La investigación que lleva a cabo el Tribunal Supremo para determinar el destino final del supuesto dinero opaco al fisco que el ex senador y ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas presuntamente desvió a paraísos fiscales intuyó una conexión de los Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) con la trama de corrupción a políticos tejida por Francisco Correa.
El abogado Ramón Blanco, ex inspector de Hacienda, imputado en el caso Gürtel como uno de los 'blanqueadores' de la red de Correa, trabajó para Cortina y Alcocer en la ocultación en el extranjero de millones de euros, según revelaron fuentes del Supremo.
En mayo de 2009 Alberto Cortina y Ramón Blanco se constituyeron como administradores de la sociedad Marine Alena con sede en Madrid y cuyo objeto social es la compraventa de embarcaciones y su explotación comercial. Un año después, el pasado mes de abril, las acciones pasaron a manos de la sociedad Pegaso Yachts Ltd. con sede en Lauderdale, Florida, y fue nombrado administrador único Alexander James Flemming. La sede se trasladó a un chalet de la urbanización Sol de Mallorca.
En el sector de la náutica explican que operaciones de este tipo son habituales para eludir el pago de obligaciones fiscales por la tenencia de un yate de lujo. Marine Alena tiene ahora a un administrador extranjero y su titularidad está en manos de una sociedad estadounidense. Quienes disfrutan del yate pueden seguir siendo los anteriores administradores, pero ya a la sombra.
La Agencia Tributaria ha iniciado una operación contra el fraude fiscal en el sector náutico. El motivo, los centenares de yates que al tener pabellón extranjero no cumplen fiscalmente en España aunque permanecen atracados en los muelles de Baleares durante todo el año.

El recaudador de la CAIB refugia parte de sus beneficios en la sicav de las grandes fortunas

El recaudador de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de la gran mayoria de las administraciones locales insulares, Gabriel Alzamora Torres, invierte una parte de los beneficios de su cobranza en la sociedad de inversión de capitales variables Cartera Bellver, gestionada por la entidad March Gestión de Fondos. Como ya es sabido, las Sicav son entidades acogidas a la legislación prevista para las instituciones de inversión colectiva, que gozan de importantes ventajas fiscales: el 1% del impuesto de sociedades, frente al 35% del resto de entidades. Pero la gran ventaja de tener fondos en una sicav es su mera existencia, ya que los accionistas no deben pagar a Hacienda por la plusvalía de cada operación en bolsa, como si ocurre con el resto de inversores bursátiles. La razón es que no son ellos en particular los que realizan la operación, sino la sicav. El accionista de una sicav sólo tributa por el beneficio cuando vende sus títulos; hecho que a veces no ocurre porque se trasmiten en herencia.
Desde 1985 todos los presidentes del Govern -fue nombrado por Gabriel Cañellas con Alejandro Forcades como conseller de Economia i Hisenda-, incluido el propio Francesc Antich, han mantenido el monopolio de la recaudación de tributos en manos de Alzamora, llegando a darle como recompensa por la gestión de la recaudación en periodo ejecutivo la participación de la mitad de los recargos de apremio que hubiese obtenido. El implacable 'sheriff de Nottingham' mallorquín, que dispone de la capacidad para subastar bienes embargados por impago de obligaciones fiscales, tiene parte de sus ingresos provenientes de los impuestos de los ciudadanos protegidos de la voracidad del fisco en uno de los refugios de las grandes fortunas mallorquinas.
Para estas inversiones Alzamora utiliza la sociedad Rondaies, entidad que participa en el accionariado de Cartera Bellver Sicav desde 2005. Junto a él, Francisco Miralles Fornés, el actual dueño de la Policlínica Miramar y de la cadena THB; Antonio Fontanet Obrador, dueño del grupo alimentario Fontanet; los hermanos Rotger Rebassa, de Distribuidora Rotger, y el banquero Carlos March Delgado y entidades vinculadas a su familia, entre otros partícipes.
La sociedad Rondaies hizo público el último balance de cuentas en 2006, desde entonces no ha vuelto a facilitar un dato sobre sus beneficios. En aquel año obtuvo un resultado de 960.315€. Con estos ingresos Gabriel Alzamora se puede considerar una de las grandes fortunas de la isla, fruto de los impuestos de todos los ciudadanos.    

Los socialistas que son fichados como asesores del Govern sirven "para un roto y un descosido"

En diciembre de 2007, cinco meses después de que se constituyera el Govern del Pacte de Progrés, con el socialista Francesc Antich a la cabeza, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, nombró asesor al socialista formenterenc Victor Tur Ferrer con el epígrafe de personal eventual y la etiqueta de cargo de confianza. Porque, si un político necesita que alguien le asesore sobre las decisiones a adoptar, que éste sea de la máxima confianza.
El pasado 31 de mayo, Victor Tur fue cesado oficialmente de sus funciones -asesor-, pero a su vez removido a otra conselleria, la de Innovación, Interior y Justicia. La ex presidenta del Consell de Eivissa y Formentera y actual responsable de ese departamento sin competencias, Pilar Costa, lo ha llamado a su vera también como asesor técnico.
De 1983 a 1987 un Victor Tur Ferrer fue alcalde de Formentera. Y en 2000 ese Victor Tur Ferrer ocupó el puesto nº 5 de la lista del PSIB-PSOE al Congreso de los Diputados. Debió acumular muchos méritos dentro del partido ya que se situó dos puestos por delante de la entonces todopoderosa alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera.
Un Victor Tur Ferrer es administrador mancomunado de la empresa Distribuidora de Productes de la Terra, entidad que se dedica a la explotación de bares y cafeterías, así como a la de establecimientos hosteleros en la isla de Formentera.
El candidato Victor Tur Ferrer no obtuvo acta de diputado en el Congreso y hasta el 2007 poco o nada se supo de él. De su sueldo mensual como "asesor" se financia el partido que le contrata ya que todos los cargos políticos y de confianza están obligados a aportar un porcentaje a las arcas de la formación. De ahí se entiende que los partidos cuando están en el poder decoren los órganos que les toca a suerte gestionar con multitud de cargos de confianza con sueldos que nunca son inferiores a los 3.000€.
El caso de Victor Tur Ferrer es paradigmático: un político que tanto sirve para un roto como para un descosido con tal de que "asesore" echando mano de su bagaje profesional, intelectual o político

Antich mantiene con UM el reparto de cargos en el consejo de administración del Palacio de Congresos

El presidente del Govern, Francesc Antich, ha dispuesto que se mantenga el reparto de cargos y la cuota de Unión Mallorquina en el Consejo de Administración de la sociedad Palacio de Congresos de Palma a pesar de la expulsión de este partido en febrero del organigrama de la Comunidad Autónoma. En su constitución se acordó que la presidencia de Palacio de Congresos recayera en la alcaldesa de Palma y el puesto de vicepresidente lo ostentara el conseller de Turisme del Govern. El pasado 31 de mayo se registraron los cambios producidos en los últimos meses y en ellos se constató que Miquel Ferrer de Unión Mallorquina (UM), ex conseller de Turismo y ex alcalde de Alcudia, pasó a ocupar el cargo de vicepresidente en sustitución de otro ex conseller de Turismo del mismo partido, Miquel Nadal. El otro vicepresidente, cargo bicéfalo, es el también ex conseller de Turisme Francesc Buils, de UM.
A pesar de que Ferrer ya no ocupa sillón alguno en el Consell de Govern y que la Vicepresidencia del Palacio de Congresos debería recaer en la actual consellera de Turismo y Trabajo, la socialista Joana Barceló, el presidente Antich ha respetado el reparto diseñado en 2007 y ha autorizado que sea Ferrer quien ocupe esa plaza en lugar de Barceló. Este es un gesto más del presidente por tender puentes de unión con UM en un  momento como el actual en el que no disfruta de mayoría absoluta en el Parlament de les Illes Balears tras su ruptura con el partido regionalista por sus casos de presunta corrupción política.
En sintonía con esta actitud también se ha sutituido al consejero de UM Santiago Balaguer por su compañero de partido Carlos Javier del Salvador Canzobre. Ambos han ocupado el cargo de director general de Ordenación y Planificación Turística.

Grimalt alquiló un local a la hermana de Josep Melià un mes después de acceder a la Conselleria de Medi Ambient

El primer conseller de Medi Ambient del Pacte de Progrés salido de las urnas en las elecciones autonómicas del 2007, el 'unionista' Miguel Angel Grimalt, dispuso, nada más asumir el cargo, que la Conselleria d'Economia i Hisenda alquilara a la hermana del recién nombrado diputado de UM en el Parlament Josep Melià Qués un local en la Avda. Gabriel Alomar y Villalonga nº 33 para ubicar parte de su departamento.
El alquiler se formalizó para que fuera efectivo desde el 15 de agosto de 2007 hasta el 15 de octubre de 2011 y por la cantidad de 72.000€. También se dispuso que a su finalización fuera prorrogado por otros cuatro años más. A pesar de ello, y sin que se hubiese publicado rectificación alguna tanto en el tiempo como en la cantidad a abonar, el secretario general de la Conselleria d'Economia, Fernando Toll-Messia Gil, autorizó el 27 de octubre de 2009 una prórroga del contrato desde el 16 de ese mismo mes hasta el 15 de octubre de 2011 por 37.620€, cuando ese periodo ya estaba incluido en el primer contrato. Si el primer contrato lo fue por cuatro años, no se entiende porqué a los dos años se dispuso una prórroga.
El pasado 24 de mayo Fernando Toll-Messia hizo pública la resolución anticipada desde el 30 de abril del contrato de arrendamiento del inmueble de Maria Teresa Melià Qués. La conclusión del contrato de arrendamiento está motivada por el traslado al polígono de Son Rossinyol de las dependencias de la Conselleria de Medi Ambient. El alquiler de esta nueva sede ha sido objeto de enfrentamiento político entre el Partido Popular y el Govern debido al elevado precio del arrendamiento, a criterio del partido conservador. De hecho, acusaciones de malversación de fondos públicos han obligado al conseller de Economia, Carles Manera, a enviar a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación para que sea el ministerio público el que decida sobre la legalidad de la operación.

El Ib-Salut siguió adjudicando contratos a Atos Origin después de fichar como subdirector a un ingeniero de esta informática

El secretario general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Clavero, no tuvo inconveniente en  adjudicar en mayo del pasado año la consultoría técnica para los sistemas de información del Hospital de Son Espases a la empresa Atos Origin a pesar de que el propio Ib-Salut había fichado a un ingeniero técnico de esa empresa de servicios informáticos para ocupar el cargo de subdirector de la Oficina de Tecnología,  Información y Comunicaciones (OTIC) de la Conselleria de Sanitat. En junio del 2009 Luis Fernando Manzanero acudió a las XVI Jornadas de Informática Sanitaria en Andalucia como subdirector de la OTIC. Ha sido imposible determinar -por no aparecer reflejado en el Boib- en qué fecha se incorporó Manzanero al Ib-Salut. Lo que es seguro es que fue con anterioridad a su viaje a Andalucía.
Luis Fernando Manzanero, ingeniero técnico, trabajaba en informática de sistemas para la empresa Atos Origin cuando esta entidad, o una sociedad participada por ella -SM2 Baleares- eran contratada por diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma para el suministro de herramientas de software.
Después del fichaje de Manzanero el Ib-Salut siguió adjudicando contratas de servicios a Atos y a SM2 por cientos de miles de euros.
En agosto de 2009 Clavero dió a SM2 por 254.589€ el suministro e instalación de una licencia de software. En enero de este año la empresa que preside el ex conseller de Economia Alejandro Forcades participó en la UTE para el suministro, por 493.989€, de herramientas de software para la gestión de servicios de la concesionaria del hospital de Son Espases. En mayo del 2009 Clavero, como ya se ha indicado, adjudicó a Atos por 191.800€ una consultoría técnica para los sistemas de información del citado hospital; asunto del que debía estar informado Manzanero desde su cargo de subdirector de la OTIC.