El Ibanat fuerza a propietarios de fincas a aceptar rebajas de alquiler de hasta el 50% durante las negociaciones para fijar el precio de la prórroga

La Conselleria de Medi Ambient está negociando a la baja los alquileres de fincas rústicas destinadas a la actividad del Institut Balear de la Natura (Ibanat). La única opción que les queda a los propietarios es aceptar el recorte de un 50% ante las expectativas de ver cancelado el contrato de alquiler. El caso que se ha conocido ahora es el de Miguel Munar Mut, ex político de Alianza Popular y primo del diputado del Partido Popular en el Parlament Gaspar Oliver Mut.
En noviembre de 2006 el entonces conseller 'popular' de Medi Ambient, Jaume Font, alquiló la finca "Capocorp d'en Munar" de Llucmajor a Miguel Munar Mut después de un concurso público por 30.000€ anuales. El terreno estaba destinado a la creación de un centro cinegético gestionado por el Ibanat.
Al término de este contrato, en julio de 2008, se acordó entre ambas partes una prórroga por 32.256€ al año y una duración también bianual. Este alquiler concluyó el pasado 24 de julio. Con antelación, los actuales responsables de Medi Ambient propusieron a Miguel Munar un recorte del 50% en el precio de alquiler como condición para prorrogar por dos años más el acuerdo de arrendamiento IMB/01/2006. El nuevo contrato que finaliza el 24 de julio de 2012 tiene un coste para las arcas públicas de 15.000 euros anuales, lo que supone un recorte de más de la mitad de la cantidad que durante cuatro años ha percibido el propietario.
Otro contrato de Medi Ambient para el Ibanat que ha sufrido recortes es el de una nave, oficinas y almacén que ocupa en Inca, alquilada a la sociedad Navesdom. De los 9.100€ mensuales que el Govern está pagando este año se pasará a los 6.500€ durante 2011.

Agencias publicitarias regalan vallas a los partidos durante las campañas electorales en proporción a los contratos que les adjudican con dinero público

Los partidos políticos con representación parlamentaria y capacidad de gestión de fondos públicos disponen de ‘cuentas ocultas’ en las empresas que controlan y explotan la publicidad exterior (vallas, opis…) en esta comunidad autónoma. Este hecho, que así enunciado sólo despertaría el interés del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Fiscal, tiene un sinfín de aristas ya que la convivencia de las vallas publicitarias con las carreteras, áreas rurales y la normativa urbanística es, en muchos casos, ilegal o alegal y su existencia es posible por la dejadez voluntaria de las instituciones que han de controlarlas y, en la mayoría de los casos, prohibirlas.
Las vallas siguen siendo, hoy por hoy, uno de los medios más empleados para la difusión de un mensaje; ya sea comercial, institucional o político. A ningún partido le interesa que se limiten ya que es el soporte más sencillo, aunque no siempre el más barato, de ‘vender’ sus candidaturas electorales.
El sistema que rige entre las formaciones políticas y las empresas consiste en ir anotando en las respectivas ‘cuentas’ de aquellos los contratos que se les adjudica durante toda una legislatura o etapa de gobierno. Si la conselleria del partido X, el ayuntamiento del partido Y o el ente público del partido Z contrata una campaña de difusión exterior, en la ‘cuenta’ de ese partido la empresa de publicidad anota los ‘regalos’ que le corresponden. También se tiene en cuenta a la hora de anotar los ‘regalos’ si ese ayuntamiento hace la vista gorda con las vallas que se instalan sin contar con licencia de actividades o si están en suelo rústico.
Antes de las campañas electorales, todos los partidos acuden a estas empresas para contratar espacios donde colocar su propaganda partidista así como el tiempo de duración. Es en ese momento cuando se echa mano de la ‘cuenta’ y se comprueba cuántas vallas se pueden regalar y cuánto tiempo de más se puede dejar colgada la propaganda del partido.
Este sistema de presunta financiación irregular viene practicándose en les Illes desde hace más de 30 años y ni los partidos que no se benefician de él –pensando que algún día podrán utilizarlo- ni la Fiscalía lo han denunciado. Además pervierte el sistema democrático ya que los partidos que desde las instituciones públicas han contratado campañas en los años anteriores a las elecciones disponen de más espacios publicitarios que el resto sin pagar por ello.
El problema radica en el monopolio que existe en este sector. Como muestra un ejemplo. Al último concurso del Govern para la adjudicación de una campaña de ahorro de energía se presentó la empresa catalana Nivell Publicitari Digital que no cuenta con vallas en Baleares. De haber obtenido el contrato se vería en la obligación de alquilar los soportes a las empresas isleñas que copan el mercado. La presencia de Nivell Publicitari Digital sirvió para cumplir con los requisitos de publicidad y concurrencia de todos los concursos públicos. La contrata ya estaba adjudicada con antelación.

El Grupo Triodos, impulsor mundial de proyectos sostenibles, da los primeros pasos para instalar una planta fotovoltaica de 5.4 mw en Mallorca

El Grupo Triodos, vanguardia en la financiación de productos y servicios sostenibles, ha dado los primeros pasos para instalar en Mallorca una planta fotovoltaica de unos 5.4 megawatios de capacidad. Esta planta vendría a ser una copia casi exacta de la que existe en la localidad murciana de Lorca. El fondo de inversión Ampere Equity Fund es titular de la totalidad de las acciones de la sociedad Murcia Solar Park Gmbh, entidad que explota la citada planta fotovoltaica en Lorca. Dicha planta está formada por 51 instalaciones individuales que generan los 5.4 megawatios antes mencionados.
A mediados del pasado mes de julio se registraron en Palma cincuenta y una sociedades bajo la denominación de Stein Von Liebig Baleares y numeradas del 1 al 51; número coincidente con el fraccionamiento existentes en Murcia. El administrador único de todas ellas es la sociedad Triodos Investment Management BV (TIM), domiciliada en Holanda, y cuentan como socio único con la sociedad Murcia Solar Park Gmbh. 
TIM gestiona los fondos de inversión del Grupo Triodos. De hecho, TIM proyecta sus recursos hacia empresas que ofrecen productos y servicios con el marchamo de la sostenibilidad. Triodos Bank sólo financia bajo dicho criterio.
Triodos Bank dice ser el referente de la banca ética y de la inversión socialmente responsable. Carlos Bendito Prieto, subdirector general de TIM y apoderado de Triodos Bank, es a su vez responsable en España de Analistas Internacionales en Sostenibilidad (AIS), entidad creada en 2005 por iniciativa del propio Grupo Triodos.
Con esta carta de presentación, los inversores holandeses pretenden entrar en un mercado como el balear en el que a las susceptibilidades por el consumo de territorio -aunque sea para instalar plantas sostenibles fotovoltaicas- se suma el cuasimonopolio que ejerce Endesa en la producción eléctrica.
Al parecer, toda esta inversión se canaliza a través del bufete de Inés Stein Von Liebig, que es la abogada que ha puesto su nombre para constituir las 51 sociedades dedicadas a la generación eléctrica.

Manera contrató sin concurso obras adicionales en la sede de Medi Ambient con el propietario del inmueble por valor superior a los 2 millones de €

El conseller de Economia i Hisenda y presidente de CAIB Patrimoni, Carles Manera, adjudicó directamente y sin concurso obras adicionales por un valor de 2.122.529€ con el propietario del inmueble que fue alquilado para ubicar la sede de la Conselleria de Medi Ambient y la EBAP. Este acuerdo de obras viene recogido en el contrato de compromiso firmado el 30 de junio de 2009 entre Manera y el apoderado de Inversions Can Font, Francisco Ruiz Donaire.
A diferencia de las obras de acondicionamiento exigidas por Medi Ambient y que corrieron a cargo del propietario del inmueble, lo que supuso un sobrecoste en el proyecto inicial del 5,1% y el consiguiente aumento de la cuota mensual de alquiler, los trabajos adicionales fueron encargados a Inversiones Can Font sin cumplir con los requisitos de publicidad y libre concurrencia que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando el presupuesto de la obra o el servicio supera una determinada cantidad. En este caso se está hablando de más de 2 millones de euros a los que hay que sumar los 318.379€ de beneficio industrial y los 249.000€ de honorarios por modificación y dirección del proyecto. En total más de 3 millones de euros con impuestos incluidos.
Carles Manera no consideró pertinente la aprobación por parte del Consejo de Administración de CAIB Patrimoni de este gasto adicional y del modo de contratar las obras debido a que el propio Consejo le delegó seis días antes para que actuara en su nombre en la firma del contrato de compromiso de alquiler. Manera utilizó esa delegación para concertar con Ruiz Donaire los trabajos adicionales y el precio de los mismos.
La contratación de estas obras será uno de los temas a estudiar por parte de la Sindicatura de Cuentas cuando el próximo mes de septiembre inicie la auditoría de todo el expediente de alquiler con opción de compra del edificio del Polígono de Son Rossinyol a donde se trasladó la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat y la Escola Balear de Administració Pública.    

La portavoz del Govern, Joana Barceló, recorta en 475.000€ las subvenciones a la producción radiofónica y televisiva durante 2010 y 2011

El Govern se ha visto obligado a recortar en 475.000€ el presupuesto destinado a subvencionar programas radiofónicos y producción audiovisual que se emitan en el ámbito de las Illes Balears durante los años 2010 y 2011. Este recorte de carácter bianual está motivado por la previsión de merma en los ingresos públicos en estos dos próximos ejercicios y en la actual situación de crisis económica. La Conselleria de Economia i Hisenda está recortando en todas aquellas partidas que son prescindibles con el objeto de mantener las que, a su parecer, sustentan el actual estado de bienestar desde sus pilares sanitario, educativo, social y laboral.
Sin embargo, el fuerte recorte, sobre todo en la producción televisiva, ha generado suspicacias entre algunos empresarios del sector que temen que el neopotismo partidista que se ha venido aplicando los últimos años a la hora de conceder las subvenciones, se vea incrementado muy considerablemente por la reducción del tamaño de la tarta y por el inicio en septiembre del último curso político en año preelectoral.
De los 471.750€ que se destinaron a subvenciones radiofónicas en el primer año de desaceleración económica, eufemísticamente hablando, de 2008 se ha pasado a destinar en 2011 sólo 250.000€. Por lo que se refiere a la producción audiovisual el descenso fue escalonado en 2009 y 2010, pasando de los 575.000€ de 2008 a los 425.000 un año después y a los 330.000 de este ejercicio. Sin embargo, esta tendencia se rompe el próximo año al ascender hasta los 370.000€. Casualmente este gesto del Govern coincide con las elecciones autonómicas y municipales.
Lo que resulta evidente es que en vísperas electorales el Ejecutivo de Antich valora más al medio audiovisual que al radiofónico ya que éste incrementa su partida en 2010 con respecto al 2009 pero la reduce en 2011 a esos 250.000€ antes citados.
Por lo que respecta a los criterios y valoraciones a la hora de puntuar los productos a subvencionar, el Govern los acota a aquellos que tratan temática "de interés" en las Illes Balears. Es decir, que los técnicos o políticos de la Dirección General de Comunicación deberán determinar bajo su prisma qué programas son de interés y cuales no. Por supuesto, los que tengan como lengua vehicular el catalán obtendrán mayor puntuación que los que se editen en castellano.

La Sindicatura de Cuentas auditará a partir de septiembre el contrato de alquiler con opción de compra de la sede de Medi Ambient y la EBAP

La Sindicatura de Cuentas ha informado al Parlament que a partir del mes de septiembre, y durante cuatro meses, auditará todo el procedimiento de alquiler con opción de compra del inmueble que acoge en la actualidad la sede de la Conselleria de Medi Ambient y la de la Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP). El acuerdo adoptado por el pleno de la Cámara autonómica, con el único voto en contra de UM, consistió en la creación de una comisión de investigación y en la solicitud a la Sindicatura de Cuentas de una auditoría sobre el sistema adoptado por la Conselleria d'Economia i Hisenda, a través de CAIB Patrimoni, para alquilar un edificio en el que reunir todas las dependencias de Medi Ambient.
El Govern podría haber adquirido en propiedad el inmueble a primeros de este año por la cantidad de 31.262.181€. Sin embargo, optó por la modalidad de alquiler durante 30 años con opción a compra que tendrá un coste para las arcas públicas de 84.367.444€, 53 millones más.
El coste del edificio construido por Inversions Can Font, empresa vinculada al constructor Jaime Bibiloni, no supera los 26 millones de euros y las cargas hipotecarias que tiene suscrita con Sa Nostra son infinitamente inferiores a los beneficios que obtendrá del Govern por el alquiler.
Se puede deducir que el 1.325.978€ que CAIB Patrimoni ha pagado este año de alquiler cubre con creces las deudas financieras de Inversions Can Font para 2010. Esta cantidad se incrementa exponencialmente durante los 30 años que dura el contrato de alquiler y alcanza los 4.135.266€ que deberá pagar el Govern en 2039. A este dinero habrá que sumar los 10 millones de euros si la Conselleria d'Economia i Hisenda decide ejecutar la opción de compra.

El Ayuntamiento de Palma diseña una solución salomónica para repartir entre dos empresas el servicio de limpieza de dependencias municipales

Con la adjudicación el pasado día 7 de julio del servicio de limpieza y portería de los centros escolares y preescolares del Ayuntamiento de Palma a la empresa Servicios Especiales de Limpieza (Selsa), por la cantidad de 7.238.700€, los responsables de Cort han allanado la concesión a Kluh Linaer España del servicio de limpieza de sus locales, centros y dependencias administrativas.
Desde el pasado 15 de marzo, fecha de apertura de plicas, la alcaldesa Aina Calvo no ha podido o no ha sabido resolver un concurso al que se presentaron Selsa y Kluh Linaer. La primera ofertó la ejecución del servicio por 5.612.135€. La segunda lo hizo por la cantidad de 5.806.218€.
El hándicap de Kluh Linaer, empresa de capital alemán, radica en el hecho de que, tal y como publicó este digital el pasado 29 de junio, esta empresa se ha visto beneficiada en el último año con las mayores contratas de limpieza en las administraciones públicas.
A finales de 2009 Aena adjudicó a la empresa que controla Josef Kluh el Lote 1 del servicio de limpieza de Son Sant Joan por 8.957.925€ y el de la terminal del aeropuerto de Eivissa por 1.404.519€. Al mismo tiempo, el Consell de Mallorca le confiaba la limpieza de Palau Reial, la Misericordia y otras dependencias por 1.112.293€.
Sin embargo, al haber otorgado la limpieza de los centros escolares a Selsa, el Consistorio de Palma puede dar la de las dependencias administrativas a Kluh Linaer sin que puedan acusarle de beneficiar a la primera empresa y apelando a la oferta precio/hora de ésta última, mucho más ventajosa que la de Selsa.
Lo que resulta sorprendente es que en la adjudicación de los centros escolares Selsa ganara el concurso con un precio/hora diurno de 17,37€ y para las dependencias administrativas ese precio/hora se eleve en su oferta a 18,74€. Por contra, Kluh Linaer lo rebaja a los 15,50€. De hecho, esta empresa mejora todos los tipos de precio/hora llegando a reducir el de especialista en 5€ con respecto a la licitación de Selsa.
Al final, Cort habrá actuado de manera salomónica en el reparto de los cerca de 13 millones de euros que destina a limpieza de sus dependencias escolares y administrativas.

El Govern encarga a un especialista en estudios de mercados y tendencias de consumo cuál será la previsión de contratación laboral en las Illes

La consellera de Treball i Turisme y portavoz del Govern, Joana Barceló, ha encargado la investigación sobre la previsión de contratación laboral a corto plazo en les Illes a una empresa especializada en estudios de mercado, marketing y ventas, así como en tendencias de consumo. Barceló justifica esta contratación en el hecho de que su conselleria tiene como finalidad principal el desarrollo de políticas activas de fomento de la formación y el empleo. Y por ello necesita conocer cuáles son las tendencias del mercado de trabajo y qué variables motivan dichas tendencias.
El trabajo de investigación consiste en entrevistas con los empresarios y en el posterior trabajo de tratamiento de datos, estadistica y análisis.
Para decidir qué empresa habría de hacer este trabajo se invitó a dos multinacionales extranjeras: AC Nielsen Company y Millward Brown Spain. Al parecer, la consellera de Treball i Turisme no encontró en Baleares ninguna empresa que pudiera hacer un trabajo de estas características.
Después de un procedimiento negociado y sin publicidad, el pasado 10 de junio Joana Barceló decidió que fuera AC Nielsen la empresa que por 58.528€ desvelara cuáles serán las previsiones de empleo en los próximos meses en les Illes. Según consta en su página web, AC Nielsen está especializada en estudios de mercado y, de manera especial, en tendencias de consumo. Nada que ver con el mundo laboral y con las espectativas de empleo. Por su parte, la otra invitada es una compañía internacional líder en el conocimiento y análisis estratégico de las marcas, la comunicación y los medios.

El Govern se apresuró en alquilar en sólo 40 días el inmueble que le ofreció el constructor Jaime Bibiloni en el polígono de son Rossinyol

El conseller de Economia i Hisenda y presidente de CAIB Patrimoni, Carles Manera, tramitó en sólo 40 días el expediente de alquiler del inmueble de son Rossinyol que en la actualidad acoge la sede de la Conselleria de Medi Ambient. En esos 40 días se anunció en prensa el concurso, se recibieron las ofertas, se analizaron y se adjudicó.
El 14 de mayo de 2009 el consejo de administración de CAIB Patrimoni acuerda alquilar un edificio.
El 18 de mayo, y sólo ese día, se publicitó en dos periódicos locales.
El 24 de junio se decidió adjudicar el contrato de alquiler a la oferta presentada por Inversions Can Font.
El 30 de junio, seis días después, se suscribe el contrato de compromiso de alquiler entre ambas partes.
El 26 de enero de 2010 se firmó el contrato definitivo de alquiler y otro de alquiler con opción de compra.
Con posterioridad, uno de los licitadores, cuyas ofertas fueron desestimadas, presentó un recurso contencioso administrativo. Tras su aceptación el juez solicitó toda la documentación a CAIB Patrimoni. Esta entidad remitió un extenso expediente pero se olvidó de incluir algunos documentos que sí remitió a la comisión de investigación creada en el Parlament para investigar estos hechos. Uno de ellos es el acuerdo del consejo de administración de CAIB Patrimoni de alquilar un inmueble. El otro es el propio acuerdo de adjudicación con la tablilla comparativa de cada una de las ofertas.
Pero sin duda, el dato más relevante de todo este asunto lo proporciona la directora general de Patrimonio del Govern, Maria Costa Genovart. Con anterioridad al 22 de abril de 2008, un año antes del acuerdo de alquiler de CAIB Patrimoni, se pone en contacto con el secretario técnico de Medi Ambient, Josep Pastor Palenzuela, para que le informe de las necesidades de espacio de producirse un traslado. A Medi Ambient se le ‘obliga’ a mudarse de edificio. Y Pastor le informa: 8.700m2 para oficinas, 150 aparcamientos y 2.000m2 de almacén.
Las necesidades de espacio son pocas y desde Patrimonio se piensa en incluir también a la Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP). El escrito con las necesidades de la EBAP aún no se ha enviado a la comisión de investigación.
El anuncio de CAIB Patrimoni de 18 de mayo sólo exigió 100 aparcamientos (50 menos de las necesidades de Medi Ambient) e Inversions Can Font ofertó 106.

La empresa CAIB Patrimoni habrá pagado por el edificio de Son Rossinyol 84 millones de euros cuando en 2039 formalice el contrato de compra

Es considerada ya como la operación inmobiliaria más onerosa de las realizadas por la Comunidad Autónoma y financiada con fondos públicos. Un edificio que el Govern podía adquirir por 31.262.181€ más IVA a primeros de año se va a convertir en un 'diamante' de 84.367.444€ cuando el 30 de junio de 2039 la entidad CAIB Patrimoni ejecute su opción de compra después de 30 años de alquiler.
Este es el resultado final de una operación dirigida directamente por el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera, en su condición de presidente del Consejo de Administración de CAIB Patrimoni, y ejecutada por esta entidad pública que hace las funciones de intermediario al subarrendar los locales a la Conselleria de Medi Ambient y a la Escola Balear de l'Administració Pública.
Aunque llamativo, no es ni mucho menos el dato más escandaloso de los que contiene el expediente de esta operación inmobiliaria llevada a cabo con oscurantismo y sin publicidad, según sostiene el empresario Bartolomé Cursach en el recurso que presentó por vía de Lo Contencioso contra el acuerdo de CAIB Patrimoni de fecha 24 de junio de 2009 por el que se adjudicaba a la empresa Inversions Can Font el alquiler con opción a compra de un inmueble inacabado que se construía en el nº 10 de la calle Gremi de Contadors del Polígono de son Rossinyol.
El blindaje de la operación se hizo por 17 años. Éste consistió en indemnizar con diversas cantidades a Inversions Can Font en el supuesto de que la empresa pública no cumpliera con el contrato durante esos años. Así se estableció que si lo incumplía el primer año habría de pagar 7.140.000€. Y sucesivamente inferiores cantidades hasta los 564.324€ con los que debería indemnizar si se retiraba del inmueble en junio de 2026.
Pero sin duda lo más sorprendente es el interés de Carles Manera por beneficiar a los propietarios del inmueble -el constructor Jaime Bibiloni y el cementero Eduardo Soriano Torres- cuando modifica al alza el precio que habrá de pagar CAIB Patrimoni si ejecuta la opción de compra a los 20 años. El apoderado de Inversions Can Font, Francisco Ruiz Donaire, ofertó el 30 de junio de 2009 un pago de 28.868.000€ si en 2029 CAIB Patrimonio se decidía por comprar. En el contrato definitivo esta cantidad se eleva a 30.093.000€. Jaime Bibiloni se conforma con la cantidad que plasma en su oferta pero Manera considera que debe pagarle, cuando llegue ese supuesto, 1.225.000€ más.