El Consell de Mallorca destinará fondos públicos para la aplicación obligatoria en su ámbito de un lenguaje que no use el masculino como genérico

El Consell de Mallorca ha aprobado definitivamente el Reglamento de regulación del uso del lenguaje no discriminatorio por género en el ámbito de sus competencias. Para su aplicación el Consell invertirá en campañas de concienciación en la aplicación del lenguaje que denomina "no sexista" en todos los ámbitos de la Isla. Asimismo, organizará y financiará  cursos de utilización de este lenguaje para todo su personal que serán gestionados a través del Plan de Formación y del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
Según se explica en el citado Reglamento, en todos los carteles e indicadores que dependen del Consell de Mallorca destinados a informar a la ciudadanía se ha de contemplar el "uso igualitario" del lenguaje y "evitar la utilización del masculino como genérico".
El Reglamento no especifica a qué términos o palabras se ha de aplicar el sistema axesuado. Tampoco, si sólo se limita a la designación de empleos, profesiones o gentilicios, o se ha de ampliar a otros conceptos. En ningún artículo se hace mención a la obligatoria conversión de los femeninos en masculinos, como por ejemplo: telefonista, dentista o periodista. Y da por supuesto que palabras masculinas como "conserge", cuando se aplique a una mujer, se habrá de emplear "conserga", y "comptable" no podrá ser utilizada para referirse a una mujer que desempeña este trabajo. En el caso de neutros, como "cònsol", se habrán de feminizar y utilizar, es de suponer, el vocablo "cònsola".
Pero el Reglamento no se limita a bisexualizar la gramática del lenguaje sino que se atreve con el mensaje. Tanto es así que establece que los avisos, anuncios públicos y publicidad de toda clase que salgan del Consell se han de hacer de acuerdo con criterios de igualdad "y no pueden contener mensajes sexistas".

Cort entrega a una empresa de servicios sociales la gestión del Centro de Información Joven del Ayuntamiento con un gasto de 729.858€ en 2 años

La gestión del Centre d'Informació Jove del Ayuntamiento de Palma estará, en los próximos dos años, en manos de una empresa dedicada a los servicios sociales. Por el trabajo de informar a los jóvenes el Consistorio le ha adjudicado una partida de 729.858€. La empresa en cuestión tiene su sede central en Barcelona y su actividad originaria fue la de "servicios generales de limpieza". El Institut de Treball Social y Serveis Socials (INTRESS), que así se denomina, ha ido expandiendo su actividad en los últimos tres años por distintos puntos de la geografía española. En Palma tiene su sede en el nº 15 de Las Ramblas y su objetivo, tal y como exponen en su página web, es el de contribuir a la promoción, gestión y mejora de la calidad de los servicios de bienestar social y de atención a las personas. Debe ser por esto, por la atención a las personas, que los responsables de Cort le han otorgado algo mas de 60 millones de pesetas al año para gestionar el CIJ.
El 19 de noviembre de 2009 el Instituto Mallorquin de Asuntos Sociales (IMAS) le adjudicó por 379.826€ el desarrollo del programa de apoyo a menores en familias de acogida. El presidente de este instituto y conseller de Bienestar Social del Consell, Jaume Garau, ha mantenido siempre una escrupulosa abstención en lo referente a INTRESS ya que entre 1998 y 2007 fue el responsable de su departamento de cualidad.
En los últimos tres años a esta empresa de Barcelona se le han otorgado contratos y concedido subvenciones para promover el centro de chicos 'Bellamar' y el de chicas 'Illa', así como otros destinados a personas mayores. Como se observará, hasta la fecha esta entidad se ha dedicado a servir a la infancia y a la juventud sin olvidar la promoción de la autonomia personal de la tercera edad en el centro de Can Ribes.
Sin embargo, ahora se adentra en el ámbito de la información a la juventud con una partida de fondos nada despreciable.
El gerente y representante de INTRESS en Mallorca es el ex miembro de la Comisión de Control de Sa Nostra Mariano Sbert Balaguer.

La Fiscalía elude investigar el presunto amaño en el alquiler de la sede de la Conselleria de Medi Ambient entre Carles Manera y Jaime Bibiloni

El presunto amaño entre el conseller de Economia i Hisenda, Carles Manera, y el constructor y propietario de la sociedad Inversions Can Font, Jaime Bibiloni, para la adjudicación a esta empresa del contrato de alquiler de un inmueble de su propiedad en el polígono de Son Rossinyol con el propósito de ubicar la sede de Medi Ambient y de la EBAP no será investigado por la Fiscalía Anticorrupción al conformarse el fiscal Pedro Horrach con las explicaciones dadas por Manera y con la, a su criterio, legalidad de la contratación.
Sin embargo, hay un ramillete de indicios que apuntan en otra dirección. En primer lugar, la Fiscalía no ha querido investigar los motivos por los cuales las agencias inmobiliarias que tenían en cartera este inmueble recibieron la orden, dos meses antes de que Caib Patrimonio anunciara su interés por alquilar un edificio, de retirarlo dando a entender que ya no hacía falta que se buscaran compradores.
En segundo lugar, la Fiscalía no ha mostrado ningún interés en buscar alguna explicación al hecho de que el propio Carles Manera contratara directamente obra para la adaptación del edificio por un valor de 2.689.995€ con el representante de Inversions Can Font Francisco Ruiz Donaire, sin tener en cuenta ni cumplir con los corsés de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Y en tercer lugar, la Fiscalía no ha solicitado al registro de entrada de la Conselleria d'Economia i Hisenda las visitas que tuvieron lugar dos meses antes del anuncio de alquiler de CAIB Patrimoni por si en él constara el nombre de una persona ligada a la constructora beneficiada por el contrato del Govern.
Las decisiones de los fiscales anticorrupción, como ésta de archivar las diligencias previas sobre la operación de Son Rossinyol, son siempre visadas por el teniente fiscal del TSJB, Ladislao Roig, persona que nunca ha ocultado su posicionamiento político a favor de los sístoles progresistas.

Cort aprueba en vísperas de las vacaciones de agosto un gasto de 41 millones de euros en trabajos de mantenimiento y conservación

Dos días antes de las vacaciones del mes de agosto, periodo en el que todas las administraciones públicas aletargan oficialmente su actividad, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma aprobó los expedientes de contratación de servicios de mantenimiento y conservación por un montante total superior a los 41 millones de euros; en concreto, 41.640.536€. O lo que es lo mismo, 6.928 millones de pesetas.
Con todo este dinero, el ayuntamiento que preside la socialista Aina Calvo tiene previsto contratar el servicio de mantenimiento y conservación de todas las hileras de árboles que  hay en las calles de Ciutat. También hay una partida de 32 millones de euros para el mantenimiento y conservación de los espacios libres públicos de las zonas de poniente y levante. Y, por último, reserva 1.400.000€ para el mantenimiento preventivo, normativo y correctivo en todos los edificios municipales.
Con estas actuaciones y las adjudicaciones de obras con fecha de caducidad el 31 de diciembre pretenden generar actividad industrial y empleo en el municipio de Palma de cara a un primer semestre de 2011 que vendrá caracterizado por la precampaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas.

El Ibanat fuerza a propietarios de fincas a aceptar rebajas de alquiler de hasta el 50% durante las negociaciones para fijar el precio de la prórroga

La Conselleria de Medi Ambient está negociando a la baja los alquileres de fincas rústicas destinadas a la actividad del Institut Balear de la Natura (Ibanat). La única opción que les queda a los propietarios es aceptar el recorte de un 50% ante las expectativas de ver cancelado el contrato de alquiler. El caso que se ha conocido ahora es el de Miguel Munar Mut, ex político de Alianza Popular y primo del diputado del Partido Popular en el Parlament Gaspar Oliver Mut.
En noviembre de 2006 el entonces conseller 'popular' de Medi Ambient, Jaume Font, alquiló la finca "Capocorp d'en Munar" de Llucmajor a Miguel Munar Mut después de un concurso público por 30.000€ anuales. El terreno estaba destinado a la creación de un centro cinegético gestionado por el Ibanat.
Al término de este contrato, en julio de 2008, se acordó entre ambas partes una prórroga por 32.256€ al año y una duración también bianual. Este alquiler concluyó el pasado 24 de julio. Con antelación, los actuales responsables de Medi Ambient propusieron a Miguel Munar un recorte del 50% en el precio de alquiler como condición para prorrogar por dos años más el acuerdo de arrendamiento IMB/01/2006. El nuevo contrato que finaliza el 24 de julio de 2012 tiene un coste para las arcas públicas de 15.000 euros anuales, lo que supone un recorte de más de la mitad de la cantidad que durante cuatro años ha percibido el propietario.
Otro contrato de Medi Ambient para el Ibanat que ha sufrido recortes es el de una nave, oficinas y almacén que ocupa en Inca, alquilada a la sociedad Navesdom. De los 9.100€ mensuales que el Govern está pagando este año se pasará a los 6.500€ durante 2011.

Agencias publicitarias regalan vallas a los partidos durante las campañas electorales en proporción a los contratos que les adjudican con dinero público

Los partidos políticos con representación parlamentaria y capacidad de gestión de fondos públicos disponen de ‘cuentas ocultas’ en las empresas que controlan y explotan la publicidad exterior (vallas, opis…) en esta comunidad autónoma. Este hecho, que así enunciado sólo despertaría el interés del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Fiscal, tiene un sinfín de aristas ya que la convivencia de las vallas publicitarias con las carreteras, áreas rurales y la normativa urbanística es, en muchos casos, ilegal o alegal y su existencia es posible por la dejadez voluntaria de las instituciones que han de controlarlas y, en la mayoría de los casos, prohibirlas.
Las vallas siguen siendo, hoy por hoy, uno de los medios más empleados para la difusión de un mensaje; ya sea comercial, institucional o político. A ningún partido le interesa que se limiten ya que es el soporte más sencillo, aunque no siempre el más barato, de ‘vender’ sus candidaturas electorales.
El sistema que rige entre las formaciones políticas y las empresas consiste en ir anotando en las respectivas ‘cuentas’ de aquellos los contratos que se les adjudica durante toda una legislatura o etapa de gobierno. Si la conselleria del partido X, el ayuntamiento del partido Y o el ente público del partido Z contrata una campaña de difusión exterior, en la ‘cuenta’ de ese partido la empresa de publicidad anota los ‘regalos’ que le corresponden. También se tiene en cuenta a la hora de anotar los ‘regalos’ si ese ayuntamiento hace la vista gorda con las vallas que se instalan sin contar con licencia de actividades o si están en suelo rústico.
Antes de las campañas electorales, todos los partidos acuden a estas empresas para contratar espacios donde colocar su propaganda partidista así como el tiempo de duración. Es en ese momento cuando se echa mano de la ‘cuenta’ y se comprueba cuántas vallas se pueden regalar y cuánto tiempo de más se puede dejar colgada la propaganda del partido.
Este sistema de presunta financiación irregular viene practicándose en les Illes desde hace más de 30 años y ni los partidos que no se benefician de él –pensando que algún día podrán utilizarlo- ni la Fiscalía lo han denunciado. Además pervierte el sistema democrático ya que los partidos que desde las instituciones públicas han contratado campañas en los años anteriores a las elecciones disponen de más espacios publicitarios que el resto sin pagar por ello.
El problema radica en el monopolio que existe en este sector. Como muestra un ejemplo. Al último concurso del Govern para la adjudicación de una campaña de ahorro de energía se presentó la empresa catalana Nivell Publicitari Digital que no cuenta con vallas en Baleares. De haber obtenido el contrato se vería en la obligación de alquilar los soportes a las empresas isleñas que copan el mercado. La presencia de Nivell Publicitari Digital sirvió para cumplir con los requisitos de publicidad y concurrencia de todos los concursos públicos. La contrata ya estaba adjudicada con antelación.

El Grupo Triodos, impulsor mundial de proyectos sostenibles, da los primeros pasos para instalar una planta fotovoltaica de 5.4 mw en Mallorca

El Grupo Triodos, vanguardia en la financiación de productos y servicios sostenibles, ha dado los primeros pasos para instalar en Mallorca una planta fotovoltaica de unos 5.4 megawatios de capacidad. Esta planta vendría a ser una copia casi exacta de la que existe en la localidad murciana de Lorca. El fondo de inversión Ampere Equity Fund es titular de la totalidad de las acciones de la sociedad Murcia Solar Park Gmbh, entidad que explota la citada planta fotovoltaica en Lorca. Dicha planta está formada por 51 instalaciones individuales que generan los 5.4 megawatios antes mencionados.
A mediados del pasado mes de julio se registraron en Palma cincuenta y una sociedades bajo la denominación de Stein Von Liebig Baleares y numeradas del 1 al 51; número coincidente con el fraccionamiento existentes en Murcia. El administrador único de todas ellas es la sociedad Triodos Investment Management BV (TIM), domiciliada en Holanda, y cuentan como socio único con la sociedad Murcia Solar Park Gmbh. 
TIM gestiona los fondos de inversión del Grupo Triodos. De hecho, TIM proyecta sus recursos hacia empresas que ofrecen productos y servicios con el marchamo de la sostenibilidad. Triodos Bank sólo financia bajo dicho criterio.
Triodos Bank dice ser el referente de la banca ética y de la inversión socialmente responsable. Carlos Bendito Prieto, subdirector general de TIM y apoderado de Triodos Bank, es a su vez responsable en España de Analistas Internacionales en Sostenibilidad (AIS), entidad creada en 2005 por iniciativa del propio Grupo Triodos.
Con esta carta de presentación, los inversores holandeses pretenden entrar en un mercado como el balear en el que a las susceptibilidades por el consumo de territorio -aunque sea para instalar plantas sostenibles fotovoltaicas- se suma el cuasimonopolio que ejerce Endesa en la producción eléctrica.
Al parecer, toda esta inversión se canaliza a través del bufete de Inés Stein Von Liebig, que es la abogada que ha puesto su nombre para constituir las 51 sociedades dedicadas a la generación eléctrica.

Manera contrató sin concurso obras adicionales en la sede de Medi Ambient con el propietario del inmueble por valor superior a los 2 millones de €

El conseller de Economia i Hisenda y presidente de CAIB Patrimoni, Carles Manera, adjudicó directamente y sin concurso obras adicionales por un valor de 2.122.529€ con el propietario del inmueble que fue alquilado para ubicar la sede de la Conselleria de Medi Ambient y la EBAP. Este acuerdo de obras viene recogido en el contrato de compromiso firmado el 30 de junio de 2009 entre Manera y el apoderado de Inversions Can Font, Francisco Ruiz Donaire.
A diferencia de las obras de acondicionamiento exigidas por Medi Ambient y que corrieron a cargo del propietario del inmueble, lo que supuso un sobrecoste en el proyecto inicial del 5,1% y el consiguiente aumento de la cuota mensual de alquiler, los trabajos adicionales fueron encargados a Inversiones Can Font sin cumplir con los requisitos de publicidad y libre concurrencia que exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando el presupuesto de la obra o el servicio supera una determinada cantidad. En este caso se está hablando de más de 2 millones de euros a los que hay que sumar los 318.379€ de beneficio industrial y los 249.000€ de honorarios por modificación y dirección del proyecto. En total más de 3 millones de euros con impuestos incluidos.
Carles Manera no consideró pertinente la aprobación por parte del Consejo de Administración de CAIB Patrimoni de este gasto adicional y del modo de contratar las obras debido a que el propio Consejo le delegó seis días antes para que actuara en su nombre en la firma del contrato de compromiso de alquiler. Manera utilizó esa delegación para concertar con Ruiz Donaire los trabajos adicionales y el precio de los mismos.
La contratación de estas obras será uno de los temas a estudiar por parte de la Sindicatura de Cuentas cuando el próximo mes de septiembre inicie la auditoría de todo el expediente de alquiler con opción de compra del edificio del Polígono de Son Rossinyol a donde se trasladó la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat y la Escola Balear de Administració Pública.    

La portavoz del Govern, Joana Barceló, recorta en 475.000€ las subvenciones a la producción radiofónica y televisiva durante 2010 y 2011

El Govern se ha visto obligado a recortar en 475.000€ el presupuesto destinado a subvencionar programas radiofónicos y producción audiovisual que se emitan en el ámbito de las Illes Balears durante los años 2010 y 2011. Este recorte de carácter bianual está motivado por la previsión de merma en los ingresos públicos en estos dos próximos ejercicios y en la actual situación de crisis económica. La Conselleria de Economia i Hisenda está recortando en todas aquellas partidas que son prescindibles con el objeto de mantener las que, a su parecer, sustentan el actual estado de bienestar desde sus pilares sanitario, educativo, social y laboral.
Sin embargo, el fuerte recorte, sobre todo en la producción televisiva, ha generado suspicacias entre algunos empresarios del sector que temen que el neopotismo partidista que se ha venido aplicando los últimos años a la hora de conceder las subvenciones, se vea incrementado muy considerablemente por la reducción del tamaño de la tarta y por el inicio en septiembre del último curso político en año preelectoral.
De los 471.750€ que se destinaron a subvenciones radiofónicas en el primer año de desaceleración económica, eufemísticamente hablando, de 2008 se ha pasado a destinar en 2011 sólo 250.000€. Por lo que se refiere a la producción audiovisual el descenso fue escalonado en 2009 y 2010, pasando de los 575.000€ de 2008 a los 425.000 un año después y a los 330.000 de este ejercicio. Sin embargo, esta tendencia se rompe el próximo año al ascender hasta los 370.000€. Casualmente este gesto del Govern coincide con las elecciones autonómicas y municipales.
Lo que resulta evidente es que en vísperas electorales el Ejecutivo de Antich valora más al medio audiovisual que al radiofónico ya que éste incrementa su partida en 2010 con respecto al 2009 pero la reduce en 2011 a esos 250.000€ antes citados.
Por lo que respecta a los criterios y valoraciones a la hora de puntuar los productos a subvencionar, el Govern los acota a aquellos que tratan temática "de interés" en las Illes Balears. Es decir, que los técnicos o políticos de la Dirección General de Comunicación deberán determinar bajo su prisma qué programas son de interés y cuales no. Por supuesto, los que tengan como lengua vehicular el catalán obtendrán mayor puntuación que los que se editen en castellano.

La Sindicatura de Cuentas auditará a partir de septiembre el contrato de alquiler con opción de compra de la sede de Medi Ambient y la EBAP

La Sindicatura de Cuentas ha informado al Parlament que a partir del mes de septiembre, y durante cuatro meses, auditará todo el procedimiento de alquiler con opción de compra del inmueble que acoge en la actualidad la sede de la Conselleria de Medi Ambient y la de la Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP). El acuerdo adoptado por el pleno de la Cámara autonómica, con el único voto en contra de UM, consistió en la creación de una comisión de investigación y en la solicitud a la Sindicatura de Cuentas de una auditoría sobre el sistema adoptado por la Conselleria d'Economia i Hisenda, a través de CAIB Patrimoni, para alquilar un edificio en el que reunir todas las dependencias de Medi Ambient.
El Govern podría haber adquirido en propiedad el inmueble a primeros de este año por la cantidad de 31.262.181€. Sin embargo, optó por la modalidad de alquiler durante 30 años con opción a compra que tendrá un coste para las arcas públicas de 84.367.444€, 53 millones más.
El coste del edificio construido por Inversions Can Font, empresa vinculada al constructor Jaime Bibiloni, no supera los 26 millones de euros y las cargas hipotecarias que tiene suscrita con Sa Nostra son infinitamente inferiores a los beneficios que obtendrá del Govern por el alquiler.
Se puede deducir que el 1.325.978€ que CAIB Patrimoni ha pagado este año de alquiler cubre con creces las deudas financieras de Inversions Can Font para 2010. Esta cantidad se incrementa exponencialmente durante los 30 años que dura el contrato de alquiler y alcanza los 4.135.266€ que deberá pagar el Govern en 2039. A este dinero habrá que sumar los 10 millones de euros si la Conselleria d'Economia i Hisenda decide ejecutar la opción de compra.