Técnicos de la Caib refuerzan la sospecha de que la orden de comprar el edificio de Son Rossinyol fue emitida con antelación al concurso público

El 24 de julio del pasado año este digital revelaba que las tres inmobiliarias que copan el mercado en los polígonos industriales, entre ellas CB Richard Ellis y Gesmorent, habían retirado de sus carteras de inmuebles el edificio de Son  Rossinyol dos meses antes de que Caib Patrimoni anunciara su interés por alquilar, con opción a compra, un inmueble de 14.000 m2 aproximadamente. Los agentes inmobiliarios dejaron constancia con este gesto de que el inmueble propiedad de la sociedad Can Font ya tenía cliente. El pequeño anuncio que contrató Caib Patrimoni el 18 de mayo de 2009 en dos periódicos y para un solo día formó parte del paripé que había que montar para cubrir el expediente.
Un año antes, el 22 de abril de 2008, la jefa del Departamento de Gestión de Medi Ambient remitió un escrito a la Dirección General de Patrimoni en el que pedía un inmueble para aglutinar a toda la Conselleria. Este martes, en la comisión parlamentaria que investiga la compra, esta funcionaria ha asegurado que cuando ella habló de un inmueble se refería al de Son Rossinyol. No mucho después, el 30 de julio de ese mismo año, un técnico de la Dirección General de Patrimonio, elaboró un informe sobre el citado edificio, en ese momento aún en construcción, en el que incluyó ya un valor de mercado. Su precio: 37.405.408€.
El interés por este inmueble no es solo de Medi Ambient; el secretario general de la Conselleria de Educació, siendo su titular Bárbara Galmés, envió el 16 de abril de 2008 una carta a Maria Costa Genovart, directora general de Patrimonio, en la que le insistía, "después de las conversaciones mantenidas", en el deseo e interés de Educació de ocupar el edificio de Son Rossinyol.
Tanto interés existía por ese inmueble en construcción que, según todos los indicios, Caib Patrimonio, bajo la presidencia del conseller de Economia, Carles Manera, negoció con Sa Nostra, entidad que financiaba su construcción, y con los socios de Can Font (Jaime Bibiloni y Eduardo Soriano), la operación de alquiler con opción de compra. Luego vino el anuncio en prensa, el concurso de adjudicación, el contencioso administrativo de uno de los licitadores (Bartolomé Cursach) y la polémica por los 84 millones de euros que habrá costado a las arcas públicas el edificio de marras cuando en 2039 se formalice el contrato de compra.