"La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático. Para impulsar una ciudadanía participativa, el Gobierno de las Illes Balears pone en marcha el programa Baleares Opina, un canal bidireccional entre la Administración y la ciudadanía, los agentes sociales y económicos de las Islas". Con esta declaración de principios el Govern emprendió el pasado mes de diciembre una acción encaminada a analizar e impulsar la simplificación administrativa. Con el objeto de gestionar, dinamizar y promocionar este programa la Conselleria de Presidència dispuso la contratación mediante un concurso de la empresa que habría de llevarlo a cabo. Para ello se invitó al Gabinet de Perspectiva, Pide la Luna y Alea, Serveis Professionals. La primera está administrada por el ex jefe de la Policía Local de Calvià Jaime Tovar. Dirigió este cuerpo durante la etapa de Margarita Nájera al frente del Consistorio. Su relación con la ex alcaldesa socialista es muy estrecha. De hecho, en febrero de 2010, Nájera, como gerente del Consorcio de la Playa de Palma, le adjudicó la realización del "Análisis de las condiciones de seguridad de la Playa de Palma" por 46.400€. En julio de 2008 el alcalde socialista de Andratx, Francesc Femenias, le encargó un informe de diagnóstico de su policía local. Le abonó 6.060€.
Pide la Luna está administrada por Alessia Comis Ronchin, publicista y vocal del colegio que aglutina a estos profesionales en Baleares.
La tercera entidad invitada por el conseller Albert Moragues fue Alea, Serveis Professionals, entidad gestionada por la arqueóloga Margalida Castells y el informático Jesús Reyes.
Por la incomparecencia de las dos primeras, Presidència negoció con Castells la adjudicación del servicio por la cantidad de 50.740€. Pero, ¿cuál es la experiencia profesional de esta arqueóloga para llevar a cabo este trabajo? Que se sepa, la arqueóloga participó en la redacción del catálogo de bienes patrimoniales de Campos, Santanyí, Santa María y Banyalbufar y participó en el proyecto Ferrutx de Artà en 2001. El equipo que lo redactó fue el Grupo de Interpretación Ambiental y del Patrimonio de la UIB del que formaba parte, además, la actual alcaldesa socialista de Palma, Aina Calvo.
Complemento Informativo Diario de Baleares ------------------------------------------------------------------------
sábado, 5 de febrero de 2011
viernes, 4 de febrero de 2011
Una veintena de productoras audiovisuales de Baleares se dan de baja de la APAIB y constituyen una nueva asociación bajo las siglas APROBA
Una veintena de productoras audiovisuales de las Islas Baleares han constituido una asociación tras darse de baja de la Asociación de Productores Audiovisuales de las Islas Baleares (APAIB). La nueva entidad nace bajo las siglas APROBA, Asociación de Productores de Baleares, y es fruto del desacuerdo de algunos asociados con el modo de hacer de la Junta de Gobierno de APAIB.
El origen de esta disensión tiene fecha: el 14 de diciembre la Asamblea Ordinaria aprobó por mayoría la celebración de elecciones extraordinarias el 10 de enero. Con esta convocatoria a las urnas se evidenciaba un voto de censura contra la Junta dirigida por Jaume Bordoy; un sector de los asociados se mostraron críticos con la política llevada a cabo por éste y por las muestras palpables de un marcado marchamo ideológico entre los miembros de la Junta a la hora de dirigir la asociación.
El objeto de las elecciones extraordinarias era el de que Bordoy diera paso a un nuevo equipo, por lo que una tercera vía hubiese mantenido la unión entre los asociados. Bordoy pasa a un segundo plano pero impulsa la candidatura de Jaime Rodríguez, productor de Tresques y de su asociada Menorca Nítida. La lista oficialista gana las elecciones pero crea el cisma. A partir de ahora habrá dos asociaciones de productores y el trasvase de socios continuará fluyendo en los próximos días.
Baleares cuenta con un total de 80 productoras audiovisuales de las que 48 pertenecen a la APAIB y una veintena entran a formar parte de APROBA. APAIB se financia con la aportación mensual de sus miembros, cuota que es de 70€. A estos ingresos se suman los que obtiene por la organización de cursos de formación con fondos del SOIB.
El origen de esta disensión tiene fecha: el 14 de diciembre la Asamblea Ordinaria aprobó por mayoría la celebración de elecciones extraordinarias el 10 de enero. Con esta convocatoria a las urnas se evidenciaba un voto de censura contra la Junta dirigida por Jaume Bordoy; un sector de los asociados se mostraron críticos con la política llevada a cabo por éste y por las muestras palpables de un marcado marchamo ideológico entre los miembros de la Junta a la hora de dirigir la asociación.
El objeto de las elecciones extraordinarias era el de que Bordoy diera paso a un nuevo equipo, por lo que una tercera vía hubiese mantenido la unión entre los asociados. Bordoy pasa a un segundo plano pero impulsa la candidatura de Jaime Rodríguez, productor de Tresques y de su asociada Menorca Nítida. La lista oficialista gana las elecciones pero crea el cisma. A partir de ahora habrá dos asociaciones de productores y el trasvase de socios continuará fluyendo en los próximos días.
Baleares cuenta con un total de 80 productoras audiovisuales de las que 48 pertenecen a la APAIB y una veintena entran a formar parte de APROBA. APAIB se financia con la aportación mensual de sus miembros, cuota que es de 70€. A estos ingresos se suman los que obtiene por la organización de cursos de formación con fondos del SOIB.
jueves, 3 de febrero de 2011
Miguel Coca se perfila como el abogado que se personará en nombre del Consell en el caso Can Domenge para presentar escrito de acusación
El abogado Miquel Coca ha sido seleccionado en primer lugar por el Consell de Mallorca para llevar a cabo su representación jurídica en el procedimiento judicial que se instruye en relación a la venta del inmueble Can Domenge. El pasado 17 de enero, el conseller de Presidencia, Cosme Bonet, resolvió adjudicar a Bufete Coca y Asociados la contratación de este servicio por ser la oferta económica más ventajosa. Coca ofreció sus servicios por idéntica cantidad a la que se fijó en el concurso negociado y sin publicidad: 59.000€ impuestos incluidos. Las otras dos invitaciones a concursar fueron enviadas al Bufete Font y Asociados, dirigido por el decano del Colegio de Abogados, Joan Font Servera, y a Consultora y Estudio Legal, un bufete de Barcelona que lidera Juan Manuel Perulles Moreno.
El 28 de diciembre, plazo límite para presentar las ofertas, sólo Coca lo había hecho. Al parecer, el decano de Baleares desestimó la invitación al igual que hizo el profesor Perulles.
El motivo aducido por la institución insular para la contratación de un servicio jurídico externo fue la no disposición de medios materiales y personales propios que pudiesen llevar a cabo este trabajo.
El pasado 3 de noviembre la titular del juzgado de Instrucción nº 12 ordenó la continuación por procedimiento abreviado de las diligencias previas 450/2007 en relación a la querella interpuesta por Josel S.L y Anova S.A debido a la venta de la finca de Can Domenge por parte del Consell al precio de 30 millones de euros cuando su valor de mercado en el momento de la operación era más del doble.
También dió traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, entre las que se encuentra el propio gobierno de Mallorca, para la formulación de escrito de acusación o la solicitud del sobreseimiento de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que acusará de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y otros delitos a la expresidenta del Consell y de Unión Mallorquina, Maria Antonia Munar, y a los consellers de su gobierno: Miguel Nadal, Miguel Angel Flaquer y Bartomeu Vicens.
Miguel Coca elaboró por encargo del Consell un informe jurídico sobre las posibles consecuencias del incumplimiento del contrato de venta del solar de Can Domenge a las empresas Sacresa y Ferratur, por no atender a los plazos de ejecución de la obra que se fijaron en el concurso. Debido al informe de Coca la presidenta, Francina Armengol, decretó el 13 de enero de 2009 rescindir la adjudicación del contrato de venta. Coca recomendó resolverlo y ejecutar los 800.000€ de aval.
El 28 de diciembre, plazo límite para presentar las ofertas, sólo Coca lo había hecho. Al parecer, el decano de Baleares desestimó la invitación al igual que hizo el profesor Perulles.
El motivo aducido por la institución insular para la contratación de un servicio jurídico externo fue la no disposición de medios materiales y personales propios que pudiesen llevar a cabo este trabajo.
El pasado 3 de noviembre la titular del juzgado de Instrucción nº 12 ordenó la continuación por procedimiento abreviado de las diligencias previas 450/2007 en relación a la querella interpuesta por Josel S.L y Anova S.A debido a la venta de la finca de Can Domenge por parte del Consell al precio de 30 millones de euros cuando su valor de mercado en el momento de la operación era más del doble.
También dió traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, entre las que se encuentra el propio gobierno de Mallorca, para la formulación de escrito de acusación o la solicitud del sobreseimiento de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que acusará de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y otros delitos a la expresidenta del Consell y de Unión Mallorquina, Maria Antonia Munar, y a los consellers de su gobierno: Miguel Nadal, Miguel Angel Flaquer y Bartomeu Vicens.
Miguel Coca elaboró por encargo del Consell un informe jurídico sobre las posibles consecuencias del incumplimiento del contrato de venta del solar de Can Domenge a las empresas Sacresa y Ferratur, por no atender a los plazos de ejecución de la obra que se fijaron en el concurso. Debido al informe de Coca la presidenta, Francina Armengol, decretó el 13 de enero de 2009 rescindir la adjudicación del contrato de venta. Coca recomendó resolverlo y ejecutar los 800.000€ de aval.
martes, 1 de febrero de 2011
La concesionaria de Son Espases incumple su oferta de una lavandería externa al centro y da el servicio con maquinaria llevada de Son Dureta
En la oferta con la que se adjudicó la concesión del hospital de Son Espases a la Unión Temporal de Empresas formada por las constructoras Dragados, FCC, Melchor Mascaró y Llabrés Feliu se afirma que la UTE disponen, en un lugar sin concretar, de una parcela de 11.000 m2 (110m x 100 metros) y sobre ésta, un local de 7.500 m2. Sin embargo, la concesionaria ha recurrido a un espacio en el área de servicios de Son Espases para habilitar la lavandería con el ahorro que ello supone para su cuenta de resultados. Además, la empresa que tiene la explotación de la instalación sanitaria durante los próximos 30 años se ha ahorrado la inversión para dotar a la nueva lavandería externa de la maquinaria necesaria. De hecho, está operando con las lavadoras y secadoras que existían en el antiguo hospital de Son Dureta.
El local industrial que se incluyó en la oferta para la concesión de la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital de referencia de Baleares está distribuido de la siguiente forma: una nave de 1.500 m2 para la entrada y procesado de ropa sucia. Otra nave de 3.000 para el tratamiento de ropa limpia, dotada de los mayores adelantos tecnológicos del sector. Ventilación superior para eliminación de vahos. Barrera sanitaria para la separación de ropa sucia de la que ha sido lavada. El resto, otros 1.500 m2 están distribuidos como almacenes, talleres, sala de calderas y oficinas, todos ellos independientes. Con un potencial de 3.000 kilogramos de ropa por hora y de 50.000 kg por día.
Esta promesa, que se supone sopesó a la hora de elegir a la mejor oferta, no se ha cumplido. Otro ahorro que ha sumado la concesionaria es la compra de vehículos para el transporte de la ropa desde Son Espases a la planta industrial y su retorno limpia. En la oferta la UTE aseguró que el transporte de la ropa se hará por la concesionaria, empleando distintos vehículos o compartimentos para ropa limpia y sucia, de manera que nunca se encuentren en el mismo vehículo simultáneamente. En la actualidad este servicio se presta a escasos cincuenta metros del hospital en el área de servicios.
El local industrial que se incluyó en la oferta para la concesión de la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital de referencia de Baleares está distribuido de la siguiente forma: una nave de 1.500 m2 para la entrada y procesado de ropa sucia. Otra nave de 3.000 para el tratamiento de ropa limpia, dotada de los mayores adelantos tecnológicos del sector. Ventilación superior para eliminación de vahos. Barrera sanitaria para la separación de ropa sucia de la que ha sido lavada. El resto, otros 1.500 m2 están distribuidos como almacenes, talleres, sala de calderas y oficinas, todos ellos independientes. Con un potencial de 3.000 kilogramos de ropa por hora y de 50.000 kg por día.
Esta promesa, que se supone sopesó a la hora de elegir a la mejor oferta, no se ha cumplido. Otro ahorro que ha sumado la concesionaria es la compra de vehículos para el transporte de la ropa desde Son Espases a la planta industrial y su retorno limpia. En la oferta la UTE aseguró que el transporte de la ropa se hará por la concesionaria, empleando distintos vehículos o compartimentos para ropa limpia y sucia, de manera que nunca se encuentren en el mismo vehículo simultáneamente. En la actualidad este servicio se presta a escasos cincuenta metros del hospital en el área de servicios.
El Govern mantiene su política de ayudas y subvenciones con dinero público a sindicatos y asociaciones empresariales en similar proporción
La política del Govern de ayuda a organizaciones sindicales y patronales empresariales se mantiene en niveles millonarios a pesar de la crisis y de la reducción de salarios a los funcionarios. En el último trimestre del pasado año se destinaron 2.503.351€ para que los agentes sociales puedan llevar a cabo las funciones que el ordenamiento constitucional les tiene encomendados. Otra cosa es que les afecte la crisis en la misma medida que a otros sectores sociales. Mientras que la ayuda a la cooperación internacional ha decaído sustancialmente en los últimos dos años y la obra pública ha visto como se recortaban los fondos que la financian en cerca de un 25 por 100, las estructuras sindicales y patronales se mantienen bien nutridas a base de fondos públicos.
En el periodo antes citado, las seis organizaciones sindicales más representativas recibieron 1.390.605€, siendo la UGT la que obtuvo mayores ingresos de la Administración autonómica con 684.123€. En frente, la patronal, que recibió 1.112.746€ y se repartieron entre la CAEB, con 783.495€, y Pime, con 329.251€.
Por lo que respecta a los sindicatos de clase, tras la UGT se situó en aportaciones públicas CCOO con 465.887€, y en tercer lugar la USO, con 125.005€. El Ste-i alcanzó los 85.880€. A estos ingresos hay que sumar los que obtienen a través de los cursos de Formación, del Tamib y la Fundación Tripartita.
Cada vez son mas las voces que se alzan en contra de la financiación pública directa de los sindicatos y asociaciones empresariales. Desde posicionamientos llamados de derecha se considera que estas entidades han de subsistir con fondos propios. Y desde los que se consideran de izquierda se asegura que la financiación pública es esencial para su supervivencia. Lo cierto es que los fondos que reciben no se justifican a tenor de la escasa representación que tienen en el mundo laboral.
En el periodo antes citado, las seis organizaciones sindicales más representativas recibieron 1.390.605€, siendo la UGT la que obtuvo mayores ingresos de la Administración autonómica con 684.123€. En frente, la patronal, que recibió 1.112.746€ y se repartieron entre la CAEB, con 783.495€, y Pime, con 329.251€.
Por lo que respecta a los sindicatos de clase, tras la UGT se situó en aportaciones públicas CCOO con 465.887€, y en tercer lugar la USO, con 125.005€. El Ste-i alcanzó los 85.880€. A estos ingresos hay que sumar los que obtienen a través de los cursos de Formación, del Tamib y la Fundación Tripartita.
Cada vez son mas las voces que se alzan en contra de la financiación pública directa de los sindicatos y asociaciones empresariales. Desde posicionamientos llamados de derecha se considera que estas entidades han de subsistir con fondos propios. Y desde los que se consideran de izquierda se asegura que la financiación pública es esencial para su supervivencia. Lo cierto es que los fondos que reciben no se justifican a tenor de la escasa representación que tienen en el mundo laboral.
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