Medi Ambient adjudicó en 2008 a Sky Helicópteros la lucha contra incendios sin ser esa su actividad

La Conselleria de Medi Ambient adjudicó en mayo de 2008 el contrato de servicios aéreos para la lucha contra incendios forestales en la CAIB durante los años 2008-2010 a la empresa Sky Helicópteros a pesar de que su objeto social no contemplaba esta actividad. Ni los servicios jurídicos de la conselleria ni su  secretario general se apercibieron de que Sky Helicópteros incumplía uno de los requisitos para contratar con la Administración, tener la actividad a la que se licita registrada y contemplada en su objeto social. En 2008 esta empresa de helicópteros sólo podía dedicarse al servicio público de aerotaxis y actividades de aviación relacionadas con la adquisición, venta y alquiler, y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, la conselleria dirigida por el 'unionista' Miguel Angel Grimalt le adjudicó el concurso por un periodo de dos años, prorrogables, por la cantidad de 4.387.445€.
En junio de 2008 el gerente y socio de la empresa, José Teno Pujol, afirmaba que hasta la fecha de la consecución del concurso de Medi Ambient habían tenido que ir a trabajar fuera de Mallorca en tareas de extinción de incendios. Teno era consciente entonces de que la actividad de su empresa no era la de prevención y lucha contra el fuego en el ámbito forestal, y a pesar de ello no tuvo inconveniente en dedicarse a ello e, incluso, a licitar con la Administración.
El Govern habría prorrogado sin más el contrato con Sky si hubiese estado convencido de que el contrato de 2008 fue correcto. Sin embargo, da la casualidad que el pasado 26 de abril, veinte días antes de que se activase la prórroga, la junta general de la sociedad acordó ampliar el objeto social a la vigilancia para la prevención de incendios forestales y protección de especies. Al parecer, Medi Ambient instó a la empresa de helicópteros a normalizar su situación antes de la firma por dos años más.
Por qué se amplíó el objeto social en vísperas del inicio de la prórroga. La interpretación más plausible es que los servicios jurídicos se hubiesen dado cuenta del error cometido hace dos años, o alguien se lo hubiera advertido, y quisieran subsanarlo en el nuevo contrato con la incorporación de una nueva nota registral de Sky Helicópteros en la que ya constase entre las actividades a realizar la de la extinción de incendios y todas aquellas relacionadas con la prevención, coordinación e investigación de estos sucesos.
Lo cierto es que Medi Ambient dio 4.387.445€ por un trabajo a una empresa que no tenía registrada la actividad para la que se la contrataba.

Alberto Cortina y Ramón Blanco abandonan el proyecto de crear una naviera en Mallorca

El proyecto de crear una naviera para la venta y alquiler de embarcaciones de recreo en Mallorca ha dejado de ser una prioridad para el segundo accionista de la constructora ACS, Alberto Cortina, y para el ex  vicepresidente de la petrolera Repsol, Ramón Blanco Balín. El objetivo de ambos empresarios era el constituir una compañía capaz de hacerse un hueco en el difícil mercado de la náutica de recreo de superlujo. Ambos cuentan con múltiples contactos y relaciones personales en el olimpo de las finanzas nacionales e internacionales que suponían iban a ser sus potenciales clientes.
Sin embargo, según algunas fuentes, el proyecto se ralentizó o congeló durante el segundo semestre del pasado año a causa de los acontecimientos acaecidos por la investigación judicial del caso Gürtel y que les ha puesto a ambos en el punto de mira de la Justicia.
La investigación que lleva a cabo el Tribunal Supremo para determinar el destino final del supuesto dinero opaco al fisco que el ex senador y ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas presuntamente desvió a paraísos fiscales intuyó una conexión de los Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer) con la trama de corrupción a políticos tejida por Francisco Correa.
El abogado Ramón Blanco, ex inspector de Hacienda, imputado en el caso Gürtel como uno de los 'blanqueadores' de la red de Correa, trabajó para Cortina y Alcocer en la ocultación en el extranjero de millones de euros, según revelaron fuentes del Supremo.
En mayo de 2009 Alberto Cortina y Ramón Blanco se constituyeron como administradores de la sociedad Marine Alena con sede en Madrid y cuyo objeto social es la compraventa de embarcaciones y su explotación comercial. Un año después, el pasado mes de abril, las acciones pasaron a manos de la sociedad Pegaso Yachts Ltd. con sede en Lauderdale, Florida, y fue nombrado administrador único Alexander James Flemming. La sede se trasladó a un chalet de la urbanización Sol de Mallorca.
En el sector de la náutica explican que operaciones de este tipo son habituales para eludir el pago de obligaciones fiscales por la tenencia de un yate de lujo. Marine Alena tiene ahora a un administrador extranjero y su titularidad está en manos de una sociedad estadounidense. Quienes disfrutan del yate pueden seguir siendo los anteriores administradores, pero ya a la sombra.
La Agencia Tributaria ha iniciado una operación contra el fraude fiscal en el sector náutico. El motivo, los centenares de yates que al tener pabellón extranjero no cumplen fiscalmente en España aunque permanecen atracados en los muelles de Baleares durante todo el año.

El recaudador de la CAIB refugia parte de sus beneficios en la sicav de las grandes fortunas

El recaudador de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de la gran mayoria de las administraciones locales insulares, Gabriel Alzamora Torres, invierte una parte de los beneficios de su cobranza en la sociedad de inversión de capitales variables Cartera Bellver, gestionada por la entidad March Gestión de Fondos. Como ya es sabido, las Sicav son entidades acogidas a la legislación prevista para las instituciones de inversión colectiva, que gozan de importantes ventajas fiscales: el 1% del impuesto de sociedades, frente al 35% del resto de entidades. Pero la gran ventaja de tener fondos en una sicav es su mera existencia, ya que los accionistas no deben pagar a Hacienda por la plusvalía de cada operación en bolsa, como si ocurre con el resto de inversores bursátiles. La razón es que no son ellos en particular los que realizan la operación, sino la sicav. El accionista de una sicav sólo tributa por el beneficio cuando vende sus títulos; hecho que a veces no ocurre porque se trasmiten en herencia.
Desde 1985 todos los presidentes del Govern -fue nombrado por Gabriel Cañellas con Alejandro Forcades como conseller de Economia i Hisenda-, incluido el propio Francesc Antich, han mantenido el monopolio de la recaudación de tributos en manos de Alzamora, llegando a darle como recompensa por la gestión de la recaudación en periodo ejecutivo la participación de la mitad de los recargos de apremio que hubiese obtenido. El implacable 'sheriff de Nottingham' mallorquín, que dispone de la capacidad para subastar bienes embargados por impago de obligaciones fiscales, tiene parte de sus ingresos provenientes de los impuestos de los ciudadanos protegidos de la voracidad del fisco en uno de los refugios de las grandes fortunas mallorquinas.
Para estas inversiones Alzamora utiliza la sociedad Rondaies, entidad que participa en el accionariado de Cartera Bellver Sicav desde 2005. Junto a él, Francisco Miralles Fornés, el actual dueño de la Policlínica Miramar y de la cadena THB; Antonio Fontanet Obrador, dueño del grupo alimentario Fontanet; los hermanos Rotger Rebassa, de Distribuidora Rotger, y el banquero Carlos March Delgado y entidades vinculadas a su familia, entre otros partícipes.
La sociedad Rondaies hizo público el último balance de cuentas en 2006, desde entonces no ha vuelto a facilitar un dato sobre sus beneficios. En aquel año obtuvo un resultado de 960.315€. Con estos ingresos Gabriel Alzamora se puede considerar una de las grandes fortunas de la isla, fruto de los impuestos de todos los ciudadanos.    

Los socialistas que son fichados como asesores del Govern sirven "para un roto y un descosido"

En diciembre de 2007, cinco meses después de que se constituyera el Govern del Pacte de Progrés, con el socialista Francesc Antich a la cabeza, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, nombró asesor al socialista formenterenc Victor Tur Ferrer con el epígrafe de personal eventual y la etiqueta de cargo de confianza. Porque, si un político necesita que alguien le asesore sobre las decisiones a adoptar, que éste sea de la máxima confianza.
El pasado 31 de mayo, Victor Tur fue cesado oficialmente de sus funciones -asesor-, pero a su vez removido a otra conselleria, la de Innovación, Interior y Justicia. La ex presidenta del Consell de Eivissa y Formentera y actual responsable de ese departamento sin competencias, Pilar Costa, lo ha llamado a su vera también como asesor técnico.
De 1983 a 1987 un Victor Tur Ferrer fue alcalde de Formentera. Y en 2000 ese Victor Tur Ferrer ocupó el puesto nº 5 de la lista del PSIB-PSOE al Congreso de los Diputados. Debió acumular muchos méritos dentro del partido ya que se situó dos puestos por delante de la entonces todopoderosa alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera.
Un Victor Tur Ferrer es administrador mancomunado de la empresa Distribuidora de Productes de la Terra, entidad que se dedica a la explotación de bares y cafeterías, así como a la de establecimientos hosteleros en la isla de Formentera.
El candidato Victor Tur Ferrer no obtuvo acta de diputado en el Congreso y hasta el 2007 poco o nada se supo de él. De su sueldo mensual como "asesor" se financia el partido que le contrata ya que todos los cargos políticos y de confianza están obligados a aportar un porcentaje a las arcas de la formación. De ahí se entiende que los partidos cuando están en el poder decoren los órganos que les toca a suerte gestionar con multitud de cargos de confianza con sueldos que nunca son inferiores a los 3.000€.
El caso de Victor Tur Ferrer es paradigmático: un político que tanto sirve para un roto como para un descosido con tal de que "asesore" echando mano de su bagaje profesional, intelectual o político