sábado, 20 de marzo de 2010

Condenan al dueño de un local a pagar 6.000€ a la SGAE y le exigen 50 si quiere recurrir la sentencia

Un juzgado de Palma ha condenado a los propietarios de una sala de fiestas de Palma donde se emitía música y se conectaba una pantalla de televisión a pagar a la Sociedad General de Autores de España una cantidad próxima a los 6.000€ por ambientar su local durante tres años y medio.
Además, el juez les obliga a pagar la minuta de los detectives privados que fueron contratados por la SGAE para recopilar las pruebas que habían de conformar el cuerpo de la demanda; 250€, euro arriba euro abajo, por unas fotos y una grabación sonora.
En el supuesto de que decidan interponer un recurso se les recuerda que han de abonar 50 euros que perderían en caso de que no se admitiera a trámite o, en último término, se mantuviera firme la sentencia.
Como se recordará, la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial aprobada el pasado mes de noviembre establece que el condenado que quiera interponer un recurso ordinario o extraordinario contra sentencia firme en los ámbitos civil, social y contencioso-administrativo, habrá de abonar un depósito de 50€ que no se devolverá si el recurso no es admitido a trámite o se confirma la resolución recurrida.
La Ley Orgánica 1/2009 obliga de este modo a los particulares y sus representantes a sopesar los argumentos de los recursos ya que en caso de que éstos no fuesen admitidos o no modificaran la sentencia dictada perderían la cantidad depositada sin conseguir nada a cambio.
Mientras los ingresos de la SGAE se supone que se destinan a pagar a sus socios y a financiar la millonaria pensión de jubilación de su actual presidente, Tedy Bautista, entre otras finalidades, todos los ingresos que consiga el Ministerio de Justicia servirán para sufragar los gastos de la asistencia jurídica gratuita y la modernización e informatización integral de la Justicia.
Pero no todo lo gestionará la Administración Central. El Ministerio habrá de transferir a cada comunidad autónoma el 40% de lo ingresado en su territorio por este concepto.

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