jueves, 16 de septiembre de 2010

El Govern adjudicó el estudio de las actividades y empleos emergentes en Baleares a una empresa catalana administrada por un militante del PSUC

El pasado 30 de agosto la consellera de Treball i Turisme y portavoz del Ejecutivo de Francesc Antich, Joana Barceló, adjudicó tras una negociación sin publicidad a una empresa catalana con sede social en Sabadell el estudio de las actividades y empleos emergentes en las Islas Baleares. Este trabajo, que podría haber realizado cualquiera de las muchas consultorías existentes en las islas y con un mayor conocimiento sobre la realidad laboral insular, tiene un coste de 46.020€. Casualmente, la empresa adjudicataria -Innovación y Consultoría en Políticas Públicas- está administrada por un destacado militante del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) con el que concurrió en sus listas a las elecciones autonómicas de 1984. Se trata de Eduard Jiménez-Hernández quien, aparte de administrar la citada empresa, es además miembro de Consultores de Desarrollo, Conocimiento y Sostenibilidad.
Pero este no es un caso aislado: en los últimos meses son muchas las empresas catalanas que se están beneficiando de contratos con el Pacte de Progrés que gobierna en las islas. Otro caso es el de la empresa Sayós & Carreras domiciliada en Sant Cugat del Vallés y a la que la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia adjudicó tras una negociación sin publicidad el "análisis de servicios de telecomunicación, elaboración de pliegos técnicos y evaluaciones económicas para la telefonía móvil del Govern". Este análisis le cuesta a las arcas públicas 45.285€. El trabajo debe estar concluido a finales de diciembre.
La Conselleria de Presidència también es aficionada a negociar si publicidad contratos con empresas catalanas. El pasado 25 de agosto dio a la firma Opinometre, con sede en la Avda. Josep Tarradellas de Barcelona, el asesoramiento técnico para el "diseño y apoyo en la implantación de un instrumento de seguimiento y de información relativa a las entidades jurídicas que conforman el sector público instrumental de la CAIB". Este trabajo ha sido encargado a los administradores de Opinometre: Josep Ribó Santacreu y Benet Maini Pou por la cantidad de 64.900€.

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