La Fiscalía Anticorrupción da por concluido el "caso Andratx" tras aceptar el ex alcalde Eugenio Hidalgo un delito de cohecho pasivo

El "caso Andratx", la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas extendida, según la Fiscalía Anticorrupción, en ese municipio durante los años investigados y que coinciden con la época en la que Eugenio Hidalgo tuvo las riendas del urbanismo, se da por cerrado tras aceptar el ex alcalde de Andratx un delito de cohecho que le imputa, sin demasiada fortuna, el fiscal Joan Carrau.
Con la aceptación de los últimos cargos presentados por el ministerio público, éste consigue lo que no había podido demostrar durante los cinco años que lleva investigando las denuncias que en su día presentó Unió Mallorquina de Andratx con la inestimable colaboración del entonces conseller insular de Ordenación del Territorio y actualmente en prisión, Bartomeu Vicens. Y para conseguir asociar el "mayor caso de corrupción de Baleares", como se presentó en sus orígenes, al delito de cohecho se ha visto obligado a reducir los cargos y las penas con el objeto de que fueran aceptados por los imputados (Hidalgo, Jaime Gibert y Manuel Zapata), eludiendo así la ruleta de la Justicia.
Los dos años de prisión pedidos por Carrau y aceptados por el ex alcalde se conmutan por una cantidad dineraria y no se acumularán a la condena de cuatro años que en la actualidad cumple por la ampliación y reforma de una caseta de aperos.
El fiscal anticorrupción presentó en octubre de 2009 un escrito de acusación en el que aseguraba que la dádiva o cohecho pasivo que el constructor Manuel Zapata entregó a Hidalgo ascendía 31.023€. Y pedía una multa del triple del valor de la dádiva. Un año después retira la multa y rebaja todos los conceptos que recogió en su acusación inicial: de los 2 años de multa por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios a los 12 meses y la retirada de los 120 millones de euros de comiso; de los 20 meses de prisión por prevaricación se pasa a una multa de 12 meses a 10€ diarios; de 5 años de prisión a uno por recibir una supuesta dádiva y elude el pago del beneficio de la venta de las acciones objeto del cohecho que ascendió a 369.424 mas 60.000€; y de los dos años por infidelidad en la custodia de documentos se pasa a uno.
Con esta oferta pública no extraña que los imputados hayan aceptado reconocer los delitos y dar por concluido el "caso Andratx". Tal y como reconoció el abogado de Hidalgo a la salida de la vista, prácticamente la totalidad de las piezas están archivadas por su inconsistencia.