El Ajuntament de Palma requiere la colaboración de una empresa privada para 'regularizar', comprobar e inspeccionar todos los tributos

El Ajuntament de Palma tiene pendiente de adjudicar a una empresa privada el servicio de asistencia técnica y "colaboración" con sus servicios tributarios para regularizar, comprobar e inspeccionar todos los tributos municipales. En román paladino, este enunciado viene a significar que Cort le otorga a una empresa externa el cobro a los ciudadanos de las obligaciones fiscales no satisfechas.
La empresa que ha obtenido una mayor puntuación y que, por tanto, tiene todas las bazas para quedarse con el contrato es Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), entidad catalana dirigida por Ramón Solé Vilanova. La sede de CGI está ubicada en la localidad barcelonesa de Alella, de cuya agrupación socialista es secretario de comunicación el citado empresario.
Según informaciones de la prensa canaria, CGI es objeto de investigación judicial en aquel archipiélago por los presuntos delitos de corrupción, vulneración de la Ley de Protección de Datos y usurpación de funciones públicas, entre otros.  En dichos medios se asegura que la dirección de la empresa, incluido su propietario, Ramón Solé Vilanova,  fue detenida en noviembre de 2009.
En ese momento, el empresario catalán estaba siendo contratado por el alcalde 'popular' del Ayuntamiento de Marratxí, José Ramón Bauzá, para prestar el servicio de "colaboración en la actualización de las bases de datos de transcendencia tributaria" municipal. El importe de la adjudicación para CGI consistió en el "19% sobre la deuda tributaria efectivamente cobrada".
En la localidad valenciana de Mislata CGI presentó una oferta por la que ingresaba el 98% del recargo de apremio en los casos que se hubiesen cobrado; el 34% de los intereses de demora en los mismos supuestos que el caso anterior; 1,40€ por cada expediente de baja de cada deudor tramitado por la empresa y aprobada por la Alcaldía, y 3,90€ por cada expediente de crédito incobrable de cada deudor tramitado por la empresa y aprobado por la Alcaldía. Y por lo que se refiere a la 'función inspectora', por cada acta de inspección que conlleve la obtención de ingresos a favor de las arcas municipales facturaría el 20% de los ingresos recaudados de todo tipo.