El conseller de Sanidad vuelve a cuestionar con sus actos la decisión de Carbonero de anular por incompatibilidad una contrata a Pricewaterhouse

El conseller de Sanitat, Vicenç Thomàs, vuelve a cuestionar los motivos que llevaron a su compañero de gobierno y conseller de Obras Públicas, Jaume Carbonero, a anular la adjudicación provisional a la empresa Pricewaterhouse de contrato para la realización de la auditoría de las obras ejecutadas en Eivissa por el gobierno de Jaume Matas. Carbonero basó su decisión -recurrida por vía Contencioso-Administrativo- en una supuesta incompatibilidad por la presencia en Pricewaterhouse de Francesc Tutzó, director general de Comercio en el gobierno de Matas. Tutzó trabaja en un departamento ajeno al Jurídico-Financiero.
A pesar de ello, el conseller de Obras Públicas vetó la adjudicación a la empresa con mejor puntuación técnica y se la dió a la UTE Gerens Hill Internacional y Ramón y Cajal Abogados, segunda clasificada. Casualmente, el pasado mes de julio Gerens Hill  entregó a Carbonero el informe de auditoría en el que se concluía que el Govern de Matas no era competente para realizar las obras públicas de Eivissa y que se había malgastado dinero público. Para pagar este informe el conseller destinó 699.480€; cantidad que fue elevada hasta los 900.000€ por el presidente del PP de Eivissa, Miguel Jerez, quien acusó a Carbonero de mentir.
Thomàs, a diferencia de su compañero, no encontró incompatibilidades a la hora de adjudicar a Pricewaterhouse un contrato de 129.920€ consistente en el servicio de asesoría económica y financiera para el proyecto de construcción del nuevo hospital de Can Misses. Y sigue sin encontrarlas -a pesar de que Tutzó continúa trabajando en la citada empresa- ya que a finales de junio (formalizado oficialmente el pasado 4 de octubre) le concedió la oficina técnica de asesoría jurídica para el mencionado proyecto por 194.880€. Pero no acaban aquí las adjudicaciones a Pricewaterhouse. En febrero del pasado año el Servei de Salut le concedió esta misma oficina técnica, pero referida al Hospital de Son Espases, por 600.000€. Tampoco en esta ocasión se observaron incompatibilidades. Por todo ello, la decisión que adoptó Carbonero, en base a informes internos, se antoja arbitraria.