La constructora Bartolomé Ramón realizó una ampliación de capital de 755.000€ un año antes de presentar concurso de acreedores voluntario

La decisión de los responsables de la constructora Pavimentaciones Bartolomé Ramón de presentar concurso de acreedores voluntario el pasado mes de junio tuvo un antecedente sintomático un año antes cuando el 3 de junio de 2009 los administradores Francisca y Pedro Juan Bestard Ramón, con el visto bueno de su padre y apoderado, Gabriel Bestar Moyá, aprobaron una ampliación de capital de 755.000€ en la sociedad, alzando el resultante a los 906.000€.
Expertos consultados por este digital interpretan este hecho como el inicio de un proceso dirigido, precisamente, a la suspensión de pagos y maquinado para protegerse ante una eventual presentación de quiebra. Un capital social de 151.000€ no hubiera impedido que cualquier acreedor instase la quiebra. En ese escenario, la que en su día fue una de las más importantes, por volumen de negocio y facturación, empresas constructoras de obra pública de la isla se hubiera convertido en presa fácil para depredadores judiciales y financieros.
Con el concurso de acreedores, las posibilidades de conservarla son mucho mayores. Y en esa texitura se entiende una ampliación de capital que, según los citados expertos, se ha debido realizar con la conversión de la deuda de la sociedad con sus socios en capital social, tal y como permite la Ley. De esta forma, al incorporar al capital social la deuda con los administradores éstos renuncian a ella y se 'maquilla' las finanzas de la empresa tanto interna como externamente.
El pasado día 14 de octubre la juez de Lo Mercantil nombró al abogado y profesor asociado de Derecho Procesal de la UIB, Iñigo Casasayas Talens, administrador concursal de Bartolomé Ramón. Este abogado forma parte del bufete Lafuente. Su fundador, el ya fallecido José María Lafuente López, era secretario del consejo de administración del Real Mallorca cuando Gabriel Bestard Moyá era uno de sus miembros. Lafuente falleció el pasado 31 de julio, catorce meses después de que se planificase la operación de salvamento de Bartolomé Ramón.  
Una de las causas de la situación actual de Bartolomé Ramón S.A es la merma en los proyectos públicos por parte de todas las administraciones y la repercusión en la cartera de pedidos de las constructoras. Lo que los profesionales del sector no llegan a entender es cómo una empresa que había alcanzado el zenit de la obra pública, no sólo por las adjudicaciones de las administraciones municipales, insulares y autonómicas sino por las contratas de Gesa y Emaya, ha pasado a una situación de quiebra aparente.