El Ayuntamiento contrató una letrada para paliar perjuicios económicos del Caso Andratx y ya ha perdido más de 80.000€

El 27 de julio de 2007 el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Andratx, presidido por el socialista Francesc Femenias, aprobó por unanimidad la designación de la abogada Isabel Fluxa para llevar la acusación particular en las diligencias previas que el juzgado de Instrucción nº 12 había abierto, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto escándalo de corrupción masiva. La tesis de los fiscales pretendía demostrar que el tráfico de influencias, la información privilegiada y la concesión arbitraria de licencias urbanísticas previo pago de comisiones habían cohabitado en el Consistorio de Andratx durante el periodo en el que Eugenio Hidalgo presidió la Corporación, tanto en coalición con PSOE y UM como incorporado a las filas del PP.
Los nuevos responsables municipales (PSOE-PSM-UM) salidos de las urnas quisieron hacer valer los "legítimos derechos de los vecinos de Andratx" y velar por la defensa de los intereses del municipio frente a posibles perjuicios económicos que la gestión de Hidalgo hubiera podido causar.
De la instrucción del sumario la Fiscalía no halló indicio alguno de que faltara un solo céntimo de las arcas municipales, el arqueo cuadró en todos los ejercicios. Tampoco hubo despatrimonialización de bienes municipales y, por el contrario, se adquirieron terrenos e inmuebles para la ejecución de proyectos socioculturales. ¿Dónde está entonces el perjuicio económico que busca Fluxa y que pretenden encontrar los gestores muncipales? Entonces, ¿qué sentido tiene la acusación particular del Ayuntamiento?
Casi cuatro años después de la apertura de deligencias el caso Andratx, ese supuesto mercadeo de licencias urbanísticas a imagen y semejanza del practicado en Marbella, según se dijo entonces, no sólo se ha desinflado sino que, por el momento, se limita al delito de reformar, ampliar y convertir una caseta de aperos en una casa de fin de semana.
Lo que resulta paradójico es que la letrada Isabel Fluxa, además de no haber conseguido ingresar un euro en las arcas municipales, lleva perjudicando económicamente al Ayuntamiento de Andratx en más de 80.000 euros que es la cantidad que se le ha abonado en concepto de minutas por sus honorarios. En resumidas cuentas, que la gestión profesional de Fluxa, consistente en pedir penas de prisión para Hidalgo y el resto de imputados, es de suponer que beneficia a unos vecinos de Andratx que lo único que han hecho es pagar con sus impuestos a la letrada.
A sumar a estos honorarios los que se derivan de la condena a costas que se imponga en los casos ya juzgados y los que faltan por juzgar.