Las inmobiliarias dejaron de ofertar el edificio de Son Rossinyol dos meses antes de que Caib Patrimoni anunciara su interés por un inmueble

Las tres grandes agencias inmobiliarias que controlan casi en exclusiva las operaciones en los polígonos industriales de Palma retiraron de sus carteras el edificio ubicado en el número 10 de la calle Gremi de Corredors en el Polígono de Son Rossinyol dos meses antes de que la empresa pública Caib Patrimonio, el 18 de mayo de 2009, anunciara en un pequeño recuadro publicado en dos periódicos locales su interés por el arrendamiento, o arrendamiento con opción de compra, de un inmueble para uso administrativo, ubicado en Palma y de superficie aproximada a los 14.000 m2. Según ha podido saber este digital de fuentes solventes, tanto CB Richard Ellis como Gesmorent y una tercera agencia retiraron la oferta del mencionado inmueble mucho tiempo antes de que el anuncio de Caib Patrimoni se imprimiera. De esta manera, los agentes inmobiliarios dejaron constancia de que el promotor del edificio, Inversiones Can Font, ya tenía un cliente.
Y los hechos les dan la razón: Caib Patrimoni publicita su interés por alquilar un inmueble de 14.000 m2 un solo día (poco tiempo para una iniciativa de esta magnitud) y en dos periódicos a pesar de ser una operación de millones de euros de dinero público para la que se requiere publicidad, concurrencia, transparencia, mérito y capacidad. Caib Patrimoni, a criterio de los conocedores de la operación, tiñó ésta de "secretismo" y "oscurantismo" con tal resultado que en septiembre de 2009, tres meses después de la resolución del concurso, se desconocía la identidad del adjudicatario final y su oferta.
El conseller de Economia, Carles Manera, dijo en sede parlamentaria que la tramitación fue "correcta, transparente y adecuada a Derecho". El pasado 8 de junio el conseller entregó al fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, el expediente de arrendamiento del edificio del polígono de Son Rossinyol que Caib Patrimonio ha alquilado por 1,2 millones de euros anuales durante 30 años para ubicar la sede de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat. El Partido Popular había cuestionado la operación.  Los indicios de una negociación previa al anuncio del concurso comienzan a ser evidentes.