Los ingresos por el alquiler del edificio de Son Rossinyol a Medi Ambient se los reparten el constructor Jaime Bibiloni y el 'rey del cemento'

El contrato de alquiler con opción de compra suscrito por la Conselleria d'Economia i Hisenda, a través de la empresa pública Caib Patrimoni, y la sociedad Inversions Can Font para ubicar en el número 10 de la calle Gremi de Corredors del polígono de son Rossinyol unas dependencias administrativas (primero destinadas a Educació y más tarde a Medi Ambient) generará durante los próximos 20 años unos ingresos multimillonarios a una empresa constructora, Jaime Bibiloni S.A., y al que se puede considerar el 'rey del cemento' en la isla: Eduardo Soriano Torres, presidente de Ciments de Balears.
Según ha podido constatar este digital, la sociedad Inversions Can Font está administrada y es propiedad al 50% por la citada constructora y por la inmobiliaria Famemlak. El administrador único de esta entidad es el mencionado Eduardo Soriano. Este empresario, a través de Famemlak, tiene importantes participaciones en Ciments de Balears y Logiscement.
Estos datos en si no tendrían mayor relevancia -salvo la paradoja de que el alquiler de la nueva sede de Medi Ambient beneficie económicamente a uno de los mayores constructores de la isla y al 'rey del cemento'- sino fuera por el hecho de que, tal y como recoge Bartolomé Cursach en su contencioso contra el Govern, la licitación del alquiler fue "secreta y oscurantista" y a fecha de hoy se desconoce públicamente en qué condiciones se firmó el contrato con Inversions Can Font, de qué cantidades se está hablando anualmente, por cuántos años se ha suscrito y por qué se desestimaron las restantes ofertas presentadas. 
Tampoco tendrían importancia si no se supiera ya que las agencias inmobiliarias que copan el mercado de los polígonos industriales y de servicios retiraron de sus carteras el inmueble de Inversions Can Font dos meses antes de que Caib Patrimoni publicitara -un solo día y en sólo dos periódicos- su interés por alquilar un inmueble con 14.000 m2, 150 plazas de aparcamiento y a entregar el 1 de enero de 2010.
El Partido Popular insinuó que la operación estaba diseñada desde el principio. Luego calló. El hecho de que Jaime Bibiloni comparta intereses con constructoras de la talla de Llull Sastre o Ferrá Tur puede explicar ese silencio.