El Gobierno dispuso la militarización de los controladores antes de aprobar el decreto de "Alarma" pero no impidió el colapso aéreo

El Gobierno de José Luis Rodríguez sabía antes del Consejo de Ministros del viernes que las medidas que se iban a aprobar para permitir la entrada de capital privado en el nuevo ente Aena Aeropuertos y las que concernían al límite computable de horas de trabajo de los controladores aéreos iban a provocar el rechazo de este cuerpo de funcionarios, tal y como así ocurrió. Y a pesar de ello, el Gobierno Rodríguez aprobó dichas medidas al inicio del puente de la Constitución e Inmaculada siendo consciente del grave perjuicio que se iba a causar a los usuarios.
Sin embargo, el ministro de Fomento, José Blanco, aceptó el desafio responsabilizando a los propios controladores de la repentina 'indisposición' para ocupar sus puestos de trabajo y azuzando a la opinión pública con un único mensaje en el que se insistió en dos items: casta privilegiada y sueldos millonarios.
Blanco era consciente de que las decisiones que se iban a tomar en el Consejo de Ministros conducirían al caos en los aeropuertos, y a la frustración a miles de ciudadanos que iniciaban las vacaciones del puente.
Y la evidencia no puede ser más palmaria: en la reunión del viernes en La Moncloa se aprobaron dos modificaciones legislativas en las que se introdujo, no por casualidad, al organismo Ministerio de Defensa.
Hasta esa fecha, el Real Decreto 1001/2010 de 5 de agosto relativo al control aéreo no hacía mención alguna al departamento de Carme Chacón. El viernes se informó de la introdución de dos modificaciones adicionales. El texto aprobado dice así: "En la finalidad de garantizar el tráfico se han incluido dos modificaciones adicionales sobre atención en caso de enfermedad (del controlador) y garantía del servicio bajo la dirección si fuera necesario del Ministerio de Defensa". Dicho y hecho. A las 24 horas se decretó la militarización de los controladores y su supeditación a dicho ministerio.
Pero hay otra más. La nueva redacción aprobada por el Consejo del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 9/2010 de 14 de abril: "La entidad pública Aena deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el art. 4.4 a) de la Ley 21/2003 de 7 de julio de seguridad aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa, quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control".
Al parecer, el presidente Rodríguez decidió no viajar a Argentina a la cumbre Iberoamericana porque sabía de las repercusiones de las nuevas medidas a los controladores. Y en el fondo lo que se trasluce es que Fomento quiere vender el 45% de Aena para poder tapar los 200.000 millones de euros de deuda que tiene, y que suponen una sangría constante de intereses bancarios. Pero para vender ese porcentaje primero ha de 'limpiar' la casa de todo aquello que daña su imagen: los ingresos y privilegios de los controladores. Y en eso está Pepe Blanco. El primer logro ya está conseguido: que toda la sociedad desprecie a los controladores y hacerles responsables de sus penalidades. El segundo, está por llegar.